Aunque la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico es un hecho irrefutable, es muy probable que no se puedan aprobar pronto medidas para hacer los cambios en el Código Civil que reflejen esa realidad jurídica porque no hay los votos en ninguno de las dos delegaciones mayoritarias, según fuentes de NotiCel.

No es la primera vez que eso ocurre en la Isla. A pesar de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció el derecho de una mujer a terminar su embarazo en el 1973 y que el aborto se practica legalmente en Puerto Rico, no fue sino hasta el 2014 que se hicieron algunas enmiendas al Código Penal para despenalizar el aborto consentido. Aunque los tribunales llevan desde el 1978 divorciando a personas por la causal de consentimiento mutuo luego del caso Figueroa vs ELA, los cambios a la ley se hicieron años después

Según fuentes, hay legisladores de los dos partidos mayoritarios que se oponen a medidas radicadas en Cámara y Senado que legalizarían el matrimonio igualitario. Entre los legisladores que se mencionan que están opuestos se incluye a los senadores populares Ángel Rodríguez Otero, Ramón Ruiz, Luis Daniel Rivera y Pedro Rodríguez. También se mencionan a los representantes Nardem Jaime Espinoza de PDP. De la Minoría se mencionan a los senadores Carmelo Ríos, Thomas Rivera Schatz, Margarita Nolasco, Migdalia Padilla, Ángel Chayanne Martínez y los representantes María Milagros Carbonear, Carlos 'Johnny' Méndez y Waldemar Quiles.

Para implantar la medida, el gobernador Alejandro García Padilla emitió una orden ejecutiva para que las agencias acogieran el nuevo estado de derecho luego de que el Supremo federal legalizara el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ya Puerto Rico reconoce matrimonios entre parejas gays de otros estados y se han emitido ya varias licencias para que dichas parejas puedan casarse.

Ninguno de los legisladores mencionados devolvió llamadas de este diario. Rodríguez Otero no quiso explicar su postura porque se disponía tomar un avión y pidió hasta el lunes para justificar la misma.

El debate sobre el matrimonio igualitario ha generado debate sobretodo dentro del PNP, donde un sector desea acoger la nuevas tendencia y otro no.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, opinó luego de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y que se debió de haber dejado la decisión sobre legalizar dichas uniones a los estados.

Pierluisi, no obstante, destacó que 'como ferviente defensor de nuestras leyes, habremos de aceptarla y respetarla'.

El Tribunal Supremo local desestimó una demanda de un grupo de legisladores PNP que alegaba que la decisión del Supremo federal no aplicaba a la isla por ser un territorio. El representante Luis 'Tato' León dijo que se unió a la demanda porque entendía que la decisión había dejado huecos en la ley que debían pasar por el crisol legislativo. El grupo optó por desistir de su demanda en el Tribunal de Primera Instancia la semana pasada.

Como secuela al matrimonio igualitario, la Secretaria del Departamento de la Familia impugnó una orden administrativa para facultar la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo pero Martínez impugnó la misma tras alegar que se están usurpando los poderes a la Legislatura.

'Esta orden administrativa viola la separación de poderes que establece nuestra Constitución y la Secretaria de la Familia pretende legislar y aprobar leyes sin tener el poder para hacerlo', dijo en rueda de prensa en su oficina en el Capitolio la semana pasada.

El senador del PNP argumentó que la adopción en la isla ya se encuentra suscrita en las leyes 8-1995 y 9-1995, según enmendadas, el Código Civil de Puerto Rico de 1930, así como las leyes 186-2009 y 247 del 2011, por lo que solamente se puede alterar mediante legislación.

'En nuestra jurisdicción las leyes, sólo se derogan por otras leyes posteriores', dijo Martínez.

El Tribunal Supremo recientemente denegó el pedido de una mujer para que su compañera adoptara a su hija sin ella romper el vínculo con su hija como madre biológica, porque la ley no proveía para eso. En Puerto Rico no existe lo que se conoce como el 'second parent adoption'.

El Tribunal Supremo declaró que la Asamblea Legislativa es 'el ente que formula por decreto constitucional la política pública de Puerto Rico', sostuvo.