Miembros del Comite Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) anunciaron el domingo la radicación una querella contra un sacerdote católico y otra contra el gobierno, así como una campaña de acción de la comunidad lesbica, gay, bisexual, transexual y transgenero (LGBTT) llamada 'Gay Money'.

'La primera querella fue enviada al Vaticano e involucra al sacerdote católico Carlos Pérez. Ya es hora de que las organizaciones de derechos humanos en este país comiencen a ejercer acciones afirmativas para denunciar la constante violación a los derechos de las comunidades LGBTT y la persecución de la que son objeto gracias a acciones no autorizadas de personas como este sacerdote', expresó la portavoz del grupo Amarilis Pagán, en un comunicado de prensa.

Indicó que en la carta enviada a Roma, el CABE hizo un recuento de las intervenciones públicas y de las acciones políticas del sacerdote y en las cuales 'constantemente impulsa el discrimen y la persecución en contra de las personas LGBTT'.

'Pareciera ser que a algunos miembros que representan su iglesia, y en específico el Sr. Carlos Pérez Toro, no les interesa cumplir con lo establecido en el Catecismo y las opiniones de sus superiores continuando esta discriminación y persecución sin tregua de las comunidades LGBTT en la isla de Puerto Rico. Usted [el Papa] ha criticado la obsesión de la iglesia con las personas LGBTT, este señor está totalmente obsesionado. También su Santidad se ha manifestado en contra del cabildeo y de las presiones políticas y es eso exactamente lo que hacen Pérez Toro y sus aliados', lee parte del texto de la carta en la que además se citan acuerdos y directrices al interior de la Iglesia Católica que expresamente reconocen la dignidad de las personas LGBTT.

Por otro lado, Osvaldo Burgos Pérez, también portavoz de CABE, indicó que la segunda querella fue presentada por CABE ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal en contra el gobierno de Puerto Rico. 'Estamos solicitando una investigación sobre el estado de los derechos de las comunidades LGBTT en la Isla y sobre el uso de fondos federales provenientes de leyes tales como la Ley Federal de Crímenes de Odio', expresó.

'Nos parece un contrasentido que mientras Puerto Rico recibe fondos federales con políticas públicas inclusivas y de protección a todas las personas por igual (incluyendo a las personas de las comunidades LGBT), el gobierno local adopte medidas altamente discriminatorias o tolere que las personas dentro de estas comunidades sean tratadas como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría', lee parte de la querella.

En la misma, los miembros de CABE hacen un recuento sobre el proceso de aprobación de la Ley 22 del 2013 (originalmente el Proyecto del Senado 238) y de lo acontecido en noviembre pasado con la eliminación de la prohibición de discrimen por orientación sexual e identidad de género del Código Penal de la isla. También hicieron alusión al pacto de no aprobación de nuevos proyectos LGBTT en la Cámara que fue puesto al descubierto esta semana.

'Todavía estamos esperando que el gobernador Alejandro García Padilla y el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, contesten las cartas que les enviamos al respecto', añadió Burgos Pérez.

Como tercera acción anunciada, los integrantes de CABE anunciaron el lanzamiento de su campaña de 'Gay Money'. 'Esta es una campaña que busca visibilizar a las comunidades LGBTT y cómo están integradas en todos los espacios sociales y económicos de la isla. Nosotras y nosotros trabajamos, invertimos dinero en la economía, pagamos contribuciones y aun así se habla de las comunidades LGBTT como personas de segunda categoría', expresó Pagán Jiménez.

La campaña es sencilla, explicaron. 'Estamos invitando a toda persona LGBTT o aliada a adquirir un simple sello de goma que diga ‘Gay Money' y a marcar sus billetes, cheques y todo documento que implique transferencias de dinero con el mismo. Queremos ver qué harán todos los negocios que junto a sectores fundamentalistas cabildean para que las leyes le permitan discriminar personas LGBTT, cuando a sus negocios y espacios de reunión comience a llegar dinero marcado como Gay Money', detallaron.

'En cuanto a los políticos que han vendido la Constitución a cambio de dinero y votos fundamentalistas, es importante que sepan que las personas LGBTT están en sus entornos y que ya la invisibilidad no seguirá siendo cómplice del discrimen que ellos fomentan a pesar de que a veces hasta tienen equipos de campaña o asesores LGBTT', dijeron.

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