Por ser un tema altamente sensible, el Departamento de Justicia todavía no tiene claro cómo contestará la demanda radicada por la abogada Ada Conde y su pareja Ivonne Álvarez, a la que se unieron la organización pro-derechos de la comunidad LGBTT, Puerto Rico para Tod@s, y otras cuatro parejas que solicitan se valide el matrimonio del mismo sexo en Puerto Rico.

Luego de haber solicitado una prórroga, la agencia debe someter su contestación a la demanda en el Tribunal Federal para finales de agosto.

El secretario de Justicia, César Miranda, dijo que la agencia todavía analiza cómo va a refutar los elementos estrictamente sustantivos de la demanda por ser un tema altamente sensible pero que sí tiene argumentos para solicitar su desestimación a base de ciertos defectos procesales de la misma que incluyen que no se ha cumplido con ciertas normas antes de radicar.

'Es un caso importante y de mucha sensibilidad; no es fácil la definición porque comprende el sentir de mucha gente en Puerto Rico y obviamente al parecer es un sentir diverso y… quisiéramos ver cómo se puede armonizar algunas de esas tendencias en la sociedad. Los valores de la sociedad cuentan mucho', sostuvo.

Miranda no prevé que pueda haber algún tipo de transacción en la demanda porque el Codigo Civil de Puerto Rico define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Además, el gobierno no reconoce los matrimonios del mismo sexo de otras jurisdicciones. El matrimonio Conde-Álvarez demandó al gobierno en el Tribunal Federal en marzo para obtener el reconocimiento de su matrimonio ocurrido en Massachusetts en el 2004, ya que dicha unión no es reconocida por la ley de país.

De otra parte, aunque el gobierno se mantiene firme en que un acuerdo del 2012 entre el Departamento de Hacienda y Doral Bank por un reintegro de $230 millones que reclama judicialmente el banco es nulo, Miranda aseguró que le conviene a ambas partes transar la demanda.

Miranda no dijo los motivos por los cuales transar sería conveniente ni quiso elaborar en los detalles de la negociación porque existe un acuerdo de confidencialidad pero NotiCel supo que el banco no quiere exponerse a que salga información sobre su situación financiera en un juicio público.

De no llegar a un acuerdo para mañana, 18 de agosto, ambas partes tendrían que ir a juicio.

'Nuestra posición es la misma. Que el acuerdo del 2012 es un acuerdo nulo, que el departamento no viene obligado al pago de $230 millones que se le solicita; que hay un acuerdo posterior del 2013 sobre el cual si estamos dispuestos a negociar', dijo Miranda.

El acuerdo contributivo del 2013 es uno en donde Hacienda se comprometió pagar unos $56 millones a Doral.

'En ningún momento el Departamento de Hacienda ha querido actuar contra un banco en Puerto Rico; lo que no se puede hacer es prescindir libremente y de manera inmeritoria de los fondos del País', dijo.