Apaciguados los fervores de quienes se opusieron, o defendieron, la aprobación de los proyectos 238 y 488, resta el trecho final de la legislación, ejercitar la Ley. A tres meses de la implementación de lo que hoy son las leyes 22 y 23, respectivamente, poco a poco se aceita el engranaje en las agencias para hacer cumplirlas.

En las últimas semanas, la directiva del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) se ha reunido para desarrollar un protocolo 'para facilitar el manejo' de la Ley 22 a los patronos, según lo informó la licenciada Miriam Costa, encargada del proceso.

No obstante, la abogada fue enfática al señalar que para que la Ley entre en vigor no tiene que estar listo el protocolo.

'La Ley entró en vigor desde que se firmó el 29 de mayo, tanto así que ya estamos investigando cuatro querellas de discrimen por orientación sexual e identidad de género. No hay que esperar el protocolo para que los trabajadores vengan aquí y radiquen sus querellas', señaló Costa.

La licenciada explicó que cualquier persona que sea 'víctima de discrimen en sus términos y condiciones de empleo, ya sea por limitarlos, dividirlos, clasificarlos o privarla de algún derecho en el área de trabajo por su orientación sexual o identidad de género' puede reportar al patrono de la empresa, pública o privada, en el DTRH.

En relación a la áreas que se quedaron fuera tras la revisión del proyecto 238, el senador Ramón Luis Nieves Pérez, quien presentara el mismo, dijo que 'se atenderán eventualmente con legislación y se aprobarán'.

Dentro las áreas con prioridad, Nieves Pérez mencionó que figura el que se incluya en la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico la prohibición del discrimen por orientación sexual o identidad de género al momento de alquilar o vender una vivienda.

'Aquí en Puerto Rico hay una situación absurda donde si tu casa no está sujeta a las reglamentaciones federales por la hipoteca, tú puedes discriminar contra una persona al momento de venderla o alquilarla. Eso es algo que vamos a atender'.

En el caso de la Ley 23, sólo pudimos acceder a lo que parece ser la primera radicación de un caso de violencia doméstica bajo la Ley 54 entre una pareja del mismo sexo. Los hechos ocurrieron en el 18 de julio en Humacao cuando una enfermera de de 30 años de edad llamada Nilsa Ruiz Flores agredió a su pareja de 22 años. La jueza Jeanine Meaux determinó causa para arresto contra Ruiz Flores por agresión física bajo la Ley 54 enmendada y ordenó una orden de protección a favor de la joven agredida.

NotiCel trató de obtener una cifra precisa de los casos que hasta el momento se han reportado, sin embargo, varios empleados del Departamento de Justicia nos indicaron que el registro que se lleva se está haciendo a mano en los 13 centros judiciales de la isla, por lo que aún es muy temprano para obtener la data. Éstos sí manifestaron que en las salas especializadas en violencia doméstica en Bayamón, Utuado y Arecibo se trata por igual a las víctimas sin importar su género u orientación sexual. Al momento de la redacción de este artículo no hubo nadie disponible en el Departamento para hacer una declaración oficial.

Por su parte, la asesora legal en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Denisse Maldonado, aseguró que luego de la aprobación de la Ley 23 'no hemos visto un incremento en estos casos'.

'Además, nosotros tratábamos esos casos mucho antes de que se aprobara eso (P de C 488) porque recibimos fondos federales y nos dejamos llevar por el 'Violence Against Women Act'.

Aún así Maldonado reconoció el alcance que tiene la Ley 54 sobre un caso por agresión agravada y/o una órden de acecho, disposiciones que se utilizaban antes para atender la violencia doméstica entre parejas del mismo sexo. Además, apuntó a que la información se ha comenzado a incluir en su material educativo.