Parece que a pesar de las enmiendas hechas en la Cámara de Representantes a los proyectos 238 y 488, la comunidad religiosa en Puerto Rico sigue inconforme con los mismos, por lo que continúan manifestando su oposición. Esta vez, directamente al Gobernador y aún cuando las enmiendas tienen el efecto de evitar que, en el caso del 238, sus disposiciones apliquen a entidades religiosas.

Según peticiones llegadas a Fortaleza, y a las que NotiCel ha tenido acceso, la oposición se basa en la interpretación de que tal como están radicados los proyectos, derogaría estatutos y disposiciones del Código Civil y Criminal en cuanto al matrimonio, y sobre el poder de los padres de regular la educación de sus hijos.

En torno al proyecto 238, los argumentos para oponerse a la enmienda de la Carta de Derechos del Joven giran en torno al derecho que se le garantizaría a jóvenes de 13 años en adelante a no ser discriminados por su orientación sexual.

Entre las consecuencias que alegan las peticiones sobre esta enmienda, resaltan el hecho de que los progenitores pudieran ser procesados legalmente por buscar ayuda psicológica para los y las jóvenes que presenten 'dudas' en cuanto a su orientación.

Asimismo, alegan que las escuelas se arriesgarían a ser demandadas si niegan el uso de los baños de las féminas a varones transexuales, y viceversa, además de demandas a los maestros que promulguen la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio.

El peculiar argumento sobre la disposición de los baños se basa en un caso radicado en Maine contra una escuela intermedia de Orono, por denegar que un niño de 6to grado utilizara el baño de las niñas.

Sobre el discrimen en el empleo, se alega que instituciones privadas, como los colegios laicos, se enfrentarían a multas si se nieguen a contratar maestros 'que practiquen públicamente la homosexualidad o que, siendo varones, se vistan de mujer'. Este argumento en particular no aclara cómo se manifiesta públicamente la homosexualidad.

De igual modo, el sector religioso también teme por las demandas a ciudadanos que se nieguen a otorgar servicios por motivo de orientación sexual. Tomaron de ejemplo a un fotógrafo cristiano en Nuevo México que fue multado por negarse a prestar sus servicios para un matrimonio entre dos mujeres. La misma preocupación surge para los dueños que se nieguen a arrendar o vender vivienda por la orientación sexual del arrendatario o comprador.

En cuanto a convertir la 'orientación sexual' en un equivalente a la raza y al sexo, interpretan que esto podría servir para retar posteriormente la definición del matrimonio ante los tribunales, bajo el alegato de que el estado ya tiene una 'política pública afirmativa' contra el discrimen, por 'orientación sexual', como sucedió en un caso en el estado de Massachusetts.

De otra parte, el proyecto 488 tampoco se salva de las críticas. Según se interpreta por este sector, la ley 54 se creó para trabajar sobre situaciones de violencia en los círculos familiares y las relaciones domésticas. La medida propuesta tipificaría como 'agresión sexual conyugal' la relación sexual no consentida entre personas del mismo sexo.

No obstante, entienden los y las peticionarios que el Estado no puede ofrecer un trato de relación 'conyugal' a las parejas del mismo sexo pues aún no está legislado el matrimonio homosexual.

Además, temen que este lenguaje en la medida ocasionaría que en un futuro se ordene el 'matrimonio' entre personas del mismo sexo por vía judicial. También entienden que la violencia dentro de las relaciones homosexuales y adúlteras ya está atendida por el Código Penal.

Por ultimo, la petición enviada con carácter de urgencia a Alejandro García Padilla, solicita que de inmediato se radiquen varias legislaciones. Entre estas, llevar a referéndum 'cualquier asunto que pueda en forma alguna, directa o indirectamente afectar el matrimonio entre parejas heterosexuales', así como elevar a rango constitucional el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, y limitar a los partidos políticos presentar en sus plataformas 'asuntos que envuelvan conceptos morales tradicionales en Puerto Rico sin que estos sean ratificados previamente por consulta de referéndum'.