Una nueva mirada, más inclusiva, al Código Civil, la revisión de la legislación relativa a la familia, y la posibilidad de que los hijos e hijas de parejas LGBTT demanden por sí mismos para reclamar en contra de leyes discriminatorias son algunas de las alternativas que, según expertos, abre en Puerto Rico la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que declaró inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en ingles).

Esto no significa que la decisión cambie drásticamente –por ahora- la realidad legal que enfrenta la comunidad LGBTT en Puerto Rico, pero es la expresión del máximo foro que aplica a la Isla y, por ende, se espera algún tipo de respuesta en avance de los reclamos de equidad que hace esta comunidad a los líderes políticos y foros judiciales de nuestro país.

Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Colegio de Abogados, sostuvo que, sin duda, la decisión manda un mensaje contundente a Puerto Rico, sobre todo en lo que respecta a la protección y otorgamiento de derechos de manera igualitaria.

'Hay que volver a mirar nuestro ordenamiento y ver si podemos adelantar los derechos de la comunidad LGBTT en los derechos de familia, que incluyan adopción, custodias, herencias o lo que sea necesario. No es que esta decisión deja sin efecto la legislación de Puerto Rico, decir eso no es correcto, pero sin duda debilita argumentos de personas que entienden que no debe revisarse la legislación para dar equidad, no más derechos que los demás, sino igualdad y derechos reconocidos', expresó.

La licenciada admite que para comenzar a contemplar otras acciones en el país es necesario ir creando espacios de debate en la sociedad, por lo que el Colegio de Abogados estará presentando próximamente foros abiertos al público y con paneles de abogados expertos en el tema para que los ciudadanos puedan aclarar dudas, orientarse y, sobre todo, comprender los procesos que se están llevando a cabo, no solo en Puerto Rico, sino a nivel federal.

Asimismo, Rivera espera que el gobernador Alejandro García Padilla, aparte de expresar su apoyo por las luchas de la comunidad LGBTT, ponga más acción en esta área. 'Que entre él y la legislatura comiencen a impulsar una mirada nuevamente al Código Civil, que promueva apertura e inclusión', sostuvo.

Por su parte, el licenciado Rafael Mayoral, presidente de la Fundación Artículo II, opina que en Puerto Rico esta decisión debe ser tomada como un llamado de alerta en lo que se refiere a la toma de decisiones que respeten la Carta de Derechos constitucionales de los ciudadanos puertorriqueños, sobre todo en lo que respecta a la adopción de menores por parejas del mismo sexo.

'Hay un párrafo de esa decisión que hace referencia al daño palpable que decenas de miles de niños que han sido adoptados y criados por parejas del mismo sexo al día de hoy sufren porque (…) no se les reconoce la dignidad y la plena protección de derechos que a una pareja heterosexual sí se le concede. A mi juicio, el alcance de esas expresiones en Puerto Rico es que si había alguna duda de la legitimación activa que pudiera tenerse en el caso, por ejemplo de la hija de la compañera Carmen Vélez, de llevar una causa de acción personal para impugnar la constitucionalidad del estatuto de adopción en Puerto Rico, la negación del Second Parent Adoption Rule, yo creo que ahora sí la tiene, de que esa niña va a acudir al Federal a impugnar. Pero son demasiados casos en Puerto Rico y ya es hora de que aquí se prepare un escenario de justicia por nosotros y para nosotros mismos', explicó.

Señaló, además, que es momento de que se sienten las bases dentro de la legislatura para 'bregar con unas realidades' que tenían que atenderse desde hace mucho tiempo, pero que justo ahora parece ser el momento preciso.

'He escuchado a legisladores que están con la comunidad LGBTT en el avance de sus derechos, que no hay el ambiente, y cuando dicen ambiente a lo que realmente se refieren es a los votos. Estoy de acuerdo con eso, pero este es un proceso de educación y esta decisión les da una lección de derecho constitucional. Es un 'wake up call'. Ajústense a lo que es el estado de derecho, o en su momento aténganse a que este tribunal resuelva lo que ustedes no se atreven a resolver por ahora. Creo que la legislatura debe comenzar a pensar menos en los votos de reelección y comenzar a pensar como constitucionalistas al momento de defender la Carta de Derechos', finalizó.