Actualmente en Puerto Rico existen 33,000 adultos mayores institucionalizados, de los que 25,000 pagan su propio servicio en el hogar.

La Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado (FICPRO) y la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración se opusieron a una medida que ordena que, para que un adulto mayor o persona con incapacidad pueda ingresar a un asilo o centro de cuido, deba cumplir con un examen oral, más una revisión bucal anual, certificado por un cirujano dentista.

Según los comentarios vertidos en una vista pública ante la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, esta medida penaliza de manera punitiva a los centros de cuido al requerirse un servicio de salud que es discrecional del paciente.

De acuerdo con Centers for Disease Control and Prevention, uno de cada cinco personas de 65 años o más tiene una o más caries o dentaduras desatendidas. Plantean también que dos de cada tres personas de 65 años o más tienen enfermedades de las encías.

El Proyecto del Senado 1356 enmendaría la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada y fue radicado el pasado 12 de octubre por la senadora penepé Wanda Soto Tolentino.

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El proyecto propone que, como parte de la renovación de licencia de toda institución o establecimiento, se haga mandatario que se incluya en el expediente de toda persona que ingrese una prueba de salud oral a no más de 60 días de su ingreso.

Como también recibirían una multa de parte del Departamento de la Familia (DF) si incumplen con el texto de la propuesta ley. La multa sería de $500, la suspensión de su licencia o ambas a discreción del DF.

La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) expresó que la medida dispone que la renovación de la licencia de un hogar y sus servicios esté condicionada a que todos sus residentes cuenten con una certificación de salud oral en un periodo de 60 días. La organización planteó que les resulta irracionable ya que las citas médicas pueden tardar entre tres a cuatro meses.

De igual manera, mencionaron que lo propuesto tiene un impacto económico en el paciente así como en las arcas del gobierno.

Actualmente en Puerto Rico existen 33,000 adultos mayores institucionalizados, de los que 25,000 pagan su propio servicio en el hogar, lo que resultaría en más costos para el paciente. Por ejemplo, el adulto mayor que deba ser transportado por ambulancia para su evaluación oral de manera privada, tendría que pagar adicional un costo de $200 por viaje.

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La FICPRO añadió que los costos de certificación oral también deben tener un estándar de pago, ya que por experiencia previa, el cobro del servicio está actualmente bajo la discreción del cirujano dentista. Esto a pesar de que el Colegio de Cirujano Dentista mencionó que existen tablas estandarizadas.

Recomendaron que la medida se enfoque en una de acceso, donde "el dentista esté disponible y lleve a cabo sus servicios mediante visitas a hogares y establecimientos a través de la contratación con los aseguradores para que los servicios provistos a los adultos mayores en los hogares puedan ser facturados al plan, y así estos puedan llevar a cabo la labor directamente al adulto mayor en los hogares...", reza la ponencia.

La senadora Soto Tolentino no estuvo de acuerdo con los comentarios vertidos ya que indicó que la medida solo procura el bienestar de los adultos mayores. Aun así, mencionó que acogerá las recomendaciones vertidas en la vista pública.

Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico

Miguel Alvarado, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas avaló la medida en su totalidad, a pesar de que recomendó que se pueda considerar la realización de clínicas gratuitas para ciertos sectores o áreas, como comunidades marginadas, o ante situaciones de extrema necesidad y llevar a cabo las evaluaciones orales.

Esto impactaría específicamente al 6% de la población en Puerto Rico que no cuenta con plan médico. Por lo que, también sugirieron que se pueda contar con los dentistas que realizar servicios comunitarios y las universidades que tienen programa para medicina oral.

El Colegio de Cirujanos Dentistas mencionó que tienen 810 dentistas hábiles para hacer el examen oral en los hogares de adultos mayores y hay actualmente 14 dentistas con equipo especializado para trabajos más complejos.

El colegio tiene registrado 1,600 dentistas, de los cuáles 1,295 están en práctica oral activa.

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El colegio en el 2023 había realizado unas visitas a hogares en Puerto Rico y descubrieron que: los cuidadores o enfermeros no tienen cursos en salud oral, que no habían expedientes de servicio dental, que habían 26 lesiones de cáncer oral y un caso que ameritaba ingresarse a sala de operaciones.

El Departamento de la Familia (DF)

El Departamento de la Familia (DF), que subvenciona actualmente a 6,100 adultos mayores, estuvo de acuerdo con la medida, sin embargo, mencionó que esta pieza legislativa obliga a realizar un examen oral al adulto mayor para poder ingresar a un hogar, por lo que sugiere que se enmiende para que sea evaluado en un periodo de 60 días después de su ingreso, el mismo término que la medida otorga para que se certifique en el expediente médico.

La razón que dieron es porque hay circunstancias en la que el adulto mayor debe ser ubicado de forma inmediata ante los riesgos a su seguridad y bienestar, lo que podría dilatar el proceso de identificar al médico dentista para llevar a cabo el examen oral.

También añadieron que, en la gran cantidad de casos, los establecimientos tendrán que coordinar la vista a un dentista cuando sus condiciones físicas o de salud se imposibilite su traslado a una oficina médica.

De acuerdo con el DF, se subvenciona alrededor de 64% del costo de los establecimientos y los adultos mayores, con impedimentos y sus familiares el 36%.

La secretaria del DF, Ciení Rodríguez Troche, comentó que aquellos adultos mayores subvencionados por el DF, los operadores pueden solicitar al DF que sufraguen los gastos del examen oral cuando el adulto mayor no cuente con cubierta médica o los ingresos económicos, pero, ese gasto debe ser incluido en el presupuesto para el año fiscal 2024-2025.

Administración de Seguros de Salud

La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Roxanna Rosario Serrano también estuvo de acuerdo con la radicación de la medida para que se proteja la salud de los "más vulnerables".

Aún más que profesionales de la salud oral, según transcurrió en la vista pública, han comprobado que la incidencia de cáncer oral, al igual que otras condiciones severas es mayor en personas de 60 años o más y que muchas enfermedades sistemáticas, tales como diabetes, alta presión, enfermedades cardiovasculares, artritis, infecciones renales, entre otras, se pueden agravar por condiciones orales.

Aproximadamente, el 46% del total de la población de Puerto Rico (1.6 millones de beneficiarios) recibe su cubierta de salud a través del Plan de Salud del Gobierno (PSG).

En síntesis, un 4.6 de cada 10 puertorriqueños reciben servicios de un proveedor de salud a través del PSG.

Según mencionó ASES, Puerto Rico se coloca como el estado con mayor porcentaje de población con cubierta de salud financiada con fondos federales/públicos en todo Estados Unidos.

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Al momento, ASES trabaja una asignación federal que constituye un 76% del Federal Medicaid Assistance Percentage ascendiente a $3.3 billones que se suma un pareo estatal representativo de un 24%, el cual asciende a $742 millones aproximadamente.

Las recomendaciones que sometió ASES persiguen que se amplíe el lenguaje en cuanto al servicio brindado con relación al lugar de los servicios para que los proveedores dentistas tengan la flexibilidad de dar acceso a servicio y recibir su reembolso.

También explicaron que se debe aclarar en la medida que en el beneficio dental se incluya la evaluación oral brindada en una localidad que no sea una oficina médica, ya que omitir esto puede contravenir el pago al proveedor.

Así como recomiendan que se ausculte la disponibilidad de dentistas en Puerto Rico que tengan los equipos necesarios para hacer el procedimiento en la facilidad donde esté la persona encamada de manera que el adulto mayor encamado pueda recibir el servicio.

Otras enmiendas que sugieren es que el requisito de evaluación oral para ingresar a un centro, recaiga en la responsabilidad de la familia, cuando el adulto mayor tenga ese respaldo.

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