Hubo casos en que no se cumplieron los trabajos, al igual que se mostró posible conflicto de interés en designación dentro del Comité de Evaluación.

Desde contratos a compañías privadas que no cumplieron con las tareas por las cuales se les otorgó el dinero, y conflictos de interés en nombramientos a puestos del Comité Evaluador del Recinto de Ciencias Médicas, ocurrieron bajo la administración del pasado presidente Jorge Haddock Acevedo.

La pasada administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presidida por Haddock Acevedo, otorgó un contrato de $1 millón, del cual desembolsaron $390,000 a la compañía privada Alternative Marketing Consulting Services sin que emitiera el plan de retribución y clasificación para el personal no docente, tarea para la cual se les contrató.

‘’Yo lo firmo porque soy la persona responsable de ese presupuesto y que, por ende, los gastos estaban autorizados por el presidente de la UPR que en ese momento era Haddock, así que lo que yo hacía era asegurar que los fondos estuvieran en la cuenta’’, explicó la licenciada Magdalisse Ramos Costas, quien en ese momento dirigía de manera interina el puesto de Directora de la Oficina de Transformación Institucional (OTI).

La representante María de Lourdes Ramos Rivera, quien es una de las autoras de la Resolución de la Cámara 686, que investiga los gastos extracurriculares de la UPR, reclamó que el contrato se otorgó de manera ilícita debido a que la Administración de Servicios Generales (ASG) exige que todo gasto tiene que pasar por la aprobación de la agencia y, a su vez, que cualquier gasto no exceda de $600,000.

‘’Aquí se le han dado millones de dólares a esta oficina que lleva funcionando desde el 2018 y que no han estado cumpliendo con la ley de la ASG. Se pagaron más de $390,000 y es importante que sepan que la OTI no puede gastar $600,000 sin la firma de alguien ya que constituye una acción ilegal y que esto no tuvo la visoria de la ASG’’, indicó la representante.

‘’Es importante que usted sepa que desconocer de la ley no le exime del cumplimiento de ésta y aquí lo preocupante es que se pagaron $390,000 fuera de los límites legales de la ley y que la UPR obviamente tenía que cumplir con eso. Se hizo algo ilegal. Si ese plan no llegó, no es entendible que ese documento se haya firmado’’, abundó Ramos Rivera.

La licenciada defendió que no les aplicaba la ley de la ASG porque tampoco no se les hizo una alerta a nivel de Administración Central de que se estaban otorgando contratos que violaban la ley de la agencia.

‘’Entonces aquí lo grave es que se le desembolsó ese dinero sin que cumplieran para lo que se les contrató y usted firmó y autorizó para que se efectuara un pago ilegal. Es difícil entender cómo una persona firma un documento que autoriza el desembolso de un dinero de la Universidad porque simplemente le dijeron que firmara tal documento porque es parte del contrato. Esto es increíble’’, manifestó la autora de la pieza.

Designaciones conflictivas

En su ponencia, la presidenta interina de la UPR, la doctora Mayra Olavarría Cruz, aclaró que ella nunca dio el permiso para que se creara el OTI. De hecho, dejó saber que no estaba de acuerdo con la misma, pero aún así se conformó sin el permiso de presidencia.

La presidenta interina declaró que el 7 de octubre de 2021, la licenciada Ramos Costa dirigió una misiva a la Oficina de Recursos Humanos de la Administración Central requiriendo que se designara a la licenciada Soniemi Rodríguez Dávila, entonces directora de la Oficina de Asuntos Legales de la Administración Central, como Gerente de Proyecto del Comité de Evaluación, con un incentivo adicional a su salario por la cantidad de $2,000 mensuales.

Ante esto, el representante Denis Márquez Lebrón, quien también es autor de la pieza que da paso a esta investigación, levantó el conflicto de interés.

“Es un claro, patente, conflicto de intereses de la Junta de Gobierno permitir que la directora de Asuntos Legales de la UPR tuviese el puesto. Es un patente y claro conflicto”, sostuvo el legislador pipiolo. “Me parece que es altamente cuestionable y preocupante”, insistió.

Por otro lado, el director de finanzas de la administración central de la UPR, Tejera Rocafort detalló y brindó información sobre gastos incurridos en dos actividades organizadas por la OTI durante los años 2021-2022 para realizar una evaluación de la operación del Recinto de Ciencias Médicas.

Tejera Rocafor dijo que con el visto bueno del Comité de Reestructuración se identificaron posibles colaboradores para formar un grupo de expertos que evaluarán la operación del Recinto de Ciencias Médicas y que para ese fin iban a efectuar dos reuniones. El primer encuentro se llevaría a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2021 a un costo estimado de $26,000, tomando en consideración la estadía, alimentos y transportación. Mientras, la segunda reunión presencial se condujo del 1 al 8 de febrero de 2022 por la OTI a un costo aproximado de $38,000.

“Hasta el día de hoy, no se ha emitido ningún pago de esas facturas que nos hicieron llegar cada suplidor. Todo se encuentra detenido y está en un proceso de investigación’’, dijo el Director de Finanzas de la Administración Central de la UPR.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, el representante Domingo Torres García, dijo que continuarán investigando para proteger la universidad pública y evitar su desmantelamiento.

"Estos gastos, merecen una investigación profunda como la que estamos llevando a cabo, ya que como es de conocimiento general la Universidad de Puerto Rico ha estado enfrentando recortes sin precedentes. No se puede estar ejecutando políticas de austeridad contra la universidad y por otro lado gastando en hoteles para reuniones cuando la universidad tiene las instalaciones", expresó en declaraciones escritas.

"El actual presidente de la Junta de Gobierno ha manifestado que estará ordenando una auditoría, por esa razón, mantendremos esta investigación abierta para poder identificar si alguien falló a su deber y si se le debe imponer responsabilidad para cubrir las facturas que están pendientes de pago", agregó Torres García.