Pastor involucrado en esquema de barrilito describe cómo repartían donativos de legisladores
Bajo juramento, el pastor Heriberto Andújar devela un trámite improvisado y desordenado para donativos sobre canalización de quebrada y otros trabajos.
Desde 2022, cuando primero se supo de su involucración con los donativos legislativos controvertibles canalizados a través del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) en la Autoridad de Tierras (AT), el pastor Heriberto Andújar Otero ha guardado silencio público sobre cómo manejó los $6.6 millones en fondos públicos que recibió una entidad sin fines de lucro que preside.
Pero el miércoles quedó sometida ante el Tribunal de Primera Instancia una deposición que se le tomó entre enero y febrero de 2024 en la que el jubilado de la Puerto Rico Telephone Company ofreció, bajo juramento, la versión más detallada hasta ahora sobre la forma improvisada y desordenada en que los legisladores reparten aproximadamente $30 millones anuales del FMM.
Las deposiciones ocurrieron en el marco de la demanda de cobro de dinero que la AT sometió al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. (CCSF) para intentar recuperar los $1.5 millones que esa entidad recibió para la canalización de la quebrada Margarita, en Guaynabo. El trabajo no se hizo y en la deposición el pastor dijo que el dinero lo tenían en la cuenta de banco. Pero los estados de esa cuenta la reflejan casi vacía, por lo que la AT está pidiendo al tribunal que lo refiera al Departamento de Justicia para investigación por perjurio.
El pastor todavía no es parte de la investigación criminal que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) mantiene sobre el FMM, y que incluye a la exdirectora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, la exdirectora de finanzas, Astrid Rivera Febres, el ingeniero Miguel Santiago Irizarry, el exrepresentante Antonio Luis “Tony” Soto Torres y su exasesor José Miguel Huertas Torres.
Su deposición, sin embargo, apunta a posibles delitos más allá de solo mentir sobre que el dinero de la quebrada todavía estaba en el banco.
El FMM se nutre del Impuesto sobre las Ventas y Uso. Está bajo la custodia de la AT y los legisladores de distrito disponen cómo se usa con comunicaciones que envían directo a esa dependencia, sin publicarlas y sin que las asignaciones pasen por un proceso de votación público en los distintos cuerpos legislativos.
Según explicó Andújar Otero, en el caso del CCSF, nunca pidió a la AT que le dieran asignaciones, sino que era la misma agencia la que los contactaba, les decía que iban a recibir un dinero, les decían para qué era el dinero y los dejaban para que buscaran ellos mismos los contratistas o le decían específicamente a quién podían contratar para cumplir el deseo del legislador. Luego de hacer la subcontratación, el pastor recibía del contratista una factura con fotos del trabajo realizado, o los artículos comprados y, sin cotejar que eso fuera real, el CCSF le hacía un informe a la AT con el que la agencia emitía un cheque.
Es decir, que el CCSF actuó como un mero conducto para desembolsar fondos públicos en obras que nadie verificaba, ya sea con los contratistas que ellos conseguían sin hacer subastas ni otros procesos de evaluación, o con contratistas que la misma AT le sugería, como si ya todo estuviera cuadrado y solo faltara alguien que fuera el frente de la transacción. A cambio de esto, la CCSF retenía un porciento del donativo legislativo por concepto de gastos administrativos.
El caso de la quebrada cayó dentro de la categoría de trabajos que ya parecían estar cuadrados en la AT y solo restaba identificar un conducto.
A preguntas de la abogada externa de la AT, Bárbara Cruz Muñiz, el pastor dijo que, como en otras ocasiones, Santiago Irizarry lo convocó en 2020 a la sede de la AT para decirle que los habían escogido para el donativo sobre la quebrada que había sido asignado por el novoprogresista Soto Torres. En la misma reunión estaba el ingeniero Carlos Mendoza Angulo, a quien Santiago Irizarry le recomendó que contratara, en vista de que el CCSF no tenía personal que pudiera encargarse de una canalización. De hecho, fue tras María que la entidad se involucró más en construcción, pero era reparando averías en hogares y con contratistas que adquirían caso a caso, sin ningún proceso de adjudicación.
“Ya había tenido contactos con el gobierno, en Bayamón lo conocían”, dijo el pastor sobre Mendoza Angulo. El contrato entre el centro y el ingeniero no lo redactó el pastor, sino que lo preparó Mendoza Angulo y el pastor lo firmó. En otro momento de la deposición, Andújar Otero admite que el ingeniero había hecho inspecciones en algunas de las casas que el CCSF había trabajado.
Eran dos trabajos relacionados con la quebrada. Uno era un sifón que había que preparar en la calle Ébano para atender descargas sanitarias y otro era la canalización en sí. Esta es la quebrada que inunda toda el área de San Patricio cuando hay lluvias fuertes y que, particularmente, convierte en inaccesible y en zona de desastre el centro comercial que allí ubica.
Andújar Otero no dio seguimiento a las obras y solo se dejó llevar por los informes que le sometía el ingeniero para hacerle pagos, pero sabe que este se reunió con la gerencia del centro comercial. El presidente de Empresas Caparra, dueña de San Patricio Plaza, ingeniero Adolfo González Santini, confirmó a NotiCel que la reunión ocurrió para explicarle los problemas que tenían con la quebrada. “Llevamos décadas tratando de que el gobierno resuelva, o contribuya a minimizar, el problema de las inundaciones de la quebrada”, dijo.
González Santini dijo que no conocía a Mendoza Angulo ni al pastor. “Nos indigna lo que está pasando porque llevamos mucho tiempo tratando de que esto se trabaje de la forma que sea”, acotó al añadir que se habían acercado a la alcaldía de Guaynabo y a Soto Torres, como representante de distrito del área, para que atendieran el problema. “Lo que yo recuerdo fue, obviamente, él (Soto Torres) conoce o conocía de ese problema y nos avisó en un momento dado que había una asignación de fondos y de ahí surge esa reunión”, añadió al admitir que, cuando Soto Torres renunció a la legislatura en febrero de 2021, trabajó con Empresas Caparra por un tiempo como consultor para fondos federales. La canalización de la quebrada es uno de los trabajos que el municipio de Guaynabo tiene aprobados para realizar con fondos federales de mitigación.
En la deposición, Andújar Otero dijo que se le llegaron a pagar $361,000 a Mendoza Angulo por someter los documentos para el permiso de los trabajos, pero que luego cambió la administración municipal (el exalcalde Ángel Pérez Otero fue arrestado por las autoridades federales) y el trabajo quedó ahí. “De ahí pa’cá no han hecho más na’”, comentó.
El pastor no pudo responder por la cantidad y admitió que procesó el pago con la AT tomando una tabla de trabajos que le preparó el ingeniero y poniéndole el logo del CCSF para presentarla como una certificación de su organización. La cantidad incluía otras subcontrataciones que el ingeniero había realizado.
“Mire, licenciada, fueron tantos donativos, fueron tantos trabajos que se hicieron. Específicamente cada uno de ellos no había un formato, no había un método. En ese tiempo yo después de ahí fui operado de cáncer de la próstata, estuve en unos tratamientos y específicamente cómo yo le pueda decir lo hice así o lo hice así, no me recuerdo”, argumentó cuando se le presentaron otros casos, no solo el de la quebrada, en los que el centro desembolsó fondos sin verificar si los trabajos se habían hecho.
Al final de la deposición, admitió que conocía a Huertas Torres, el exasesor legislativo, porque asistía a su iglesia, Defensores de la Fe Cristiana de Naranjito, y que fue este el que primero lo introdujo al mundo de los donativos legislativos. Andújar Otero confirmó que interactuó con Huertas Torres en la legislatura y también en la AT con relación a los donativos. El exasesor le explicó “la forma de trabajarlo”. Meses después de la deposición, en verano del año pasado, el CCSF designó a Huertas Torres su tesorero y este radicó una solicitud de quiebra en nombre de la entidad, que fue retirada casi de inmediato. Con esto, Huertas Torres asumió roles por parte del legislador que asignó el donativo, por parte de la AT y por parte de la entidad que lo recibió.
A la pregunta de por qué la AT no le daba el dinero directo a Mendoza Angulo, en vez de dárselos a CCSF para que entonces ellos se lo dieran al ingeniero, el pastor contestó “no conozco eso”.
Para leer la deposición de Andújar Otero, pulse los enlaces.
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