Oficina de la Contralora emitió informe sobre demandas pendientes de adjudicación en contra de la legislatura.

El senador Thomas Rivera Schatz y el representante Carlos Méndez Núñez están imputados de discrimen político en cuatro demandas civiles pendientes a nivel federal que están paralizadas temporeramente por la quiebra del gobierno y en las que se reclaman daños por $165 millones.

La Oficina de la Contralora resaltó los datos en un informe que publicó el lunes y en el que consignó también que el Senado no entregó información sobre las demandas que se le solicitó en noviembre pasado, bajo el mando del actual presidente, José Luis Dalmau.

Según las demandas, Rivera Schatz y Méndez Núñez cometieron los actos de supuesto discrimen contra 108 empleados cuando asumieron la respectiva presidencia de los cuerpos legislativos en 2017. Ambos buscan volver a ser los presidentes de sus cuerpos legislativos si el Partido Nuevo Progresista (PNP) acumular la mayoría de los escaños en las elecciones de noviembre próximo.

Las reclamaciones son una contra la Cámara de Representantes (17-cv-02385), una contra la Superintendencia del Capitolio (17-cv-01770) y dos contra la Oficina de Servicios Legislativos (18-cv-01007 y 18-cv-01081). Una quinta reclamación está consolidada con una de las dos de Asuntos Legislativos.

Los presidentes legislativos son los responsables de la Superintendencia y de Servicios Legislativos.

“Este caso es un ejemplo del patrón extenso de discrimen político que ocurrió en la Legislatura de Puerto Rico en las postrimerías de la elección general de noviembre de 2016. Durante los primeros meses, después de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) obtuvo el control de la legislatura por los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2016”, plantea una de las demandas.

“Todos los demandantes fueron despedidos solamente por sus lealtades con el (Partido Popular Democrático), sin consideración a su competencia o desempeño laboral, los cuales los demandados ni siquiera se molestaron en evaluar. De hecho, todos los demandantes cumplen y exceden los estándares establecidos en sus respectivas posiciones”, indica otra de las reclamaciones.

A pesar del tiempo que llevan radicadas, las demandas todavía están en etapas previas a un juicio y tan solo en una de ellas, la de la Cámara, un juez ha hecho determinaciones preliminares. Allí, el juez Raúl Arias Marxuach decidió que había suficientes controversias de hecho como para acceder al pedido de Méndez Núñez de desestimar el pleito, pero también que tenía dudas sobre si cada uno de los 11 demandantes en ese caso cumplía con los criterios para establecer su reclamación.

“La adjudicación de estas demandas a favor de los empleados resultaría oneroso y adverso para las entidades de la Rama Legislativa”, dice el informe de la contraloría, que no incluye recomendación de acción por la falta de respuesta del Senado a su requerimiento de información. Al secretario de Justicia, recomendó que oriente “a los funcionarios principales de las entidades de la Rama Legislativa sobre los efectos adversos que tienen para el Gobierno las acciones que se toman contra los funcionarios y empleados por motivos político-partidistas, de hostigamiento sexual y de acoso laboral”.

Además de Rivera Schatz y Méndez Núñez como presidentes legislativos, los demandados incluyen el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, como exjefe de la oficina de Rivera Schatz; el exdirector de Servicios Legislativos, Roger Iglesias Sepúlveda; el exsuperintendente del Capitolio, Wilfredo Ramos; y el exadministrador de la Cámara, Moisés Cortés Rosado.

El informe abarca siete entidades adscritas a la legislatura, incluyendo la propia Oficina de la Contralora. De esta se consigna que ha tenido querellas laborales, pero no demandas. Sin demandas ni querellas al momento del informe estaban la Oficina del Procurador del Ciudadano, la Comisión de Derechos Civiles, la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario y la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor.

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