Senador Albert Torres: ‘Soy el electo y el que tengo las bolas’
Denuncias detallan alegaciones contra el senador del PPD por Guayama, las que el FEI presentará en alzada después de ‘poncharse’ en la primera oportunidad.
El expediente que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) sometió al tribunal municipal de San Juan contra el senador del Partido Popular Democrático (PPD) por Guayama, Albert Torres Berríos, consistió en cuatro denuncias apoyadas con ocho declaraciones juradas de los empleados y allegados que habrían sido las víctimas directas de los actos de soborno, intimidación y de expresiones vulgares y soeces de parte del funcionario.
El martes la jueza Alfrida M. Tomey Imbert determinó no causa para arresto en los cuatro cargos imputados, pero la FEI Zulma Fúster Troche adelantó que acudirán en alzada para que un juez distinto haga la evaluación de la prueba que fue presentada por expediente, o lo mismo que solo por declaraciones juradas y no por testimonio en vivo.
Tomey Imbert fue designada jueza municipal en las últimas rondas de la Administración Fortuño tras la derrota electoral de este en 2012 y mediante votación en la que la delegación del PPD votó toda en contra. Su experiencia laboral previa fue en gobierno, incluyendo la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) bajo su exdirector en la Administración Rosselló, Xavier Romeu, y en el Municipio de San Juan bajo el exalcalde Jorge Santini.
Desde 2018 tiene pendiente una solicitud de ascenso a jueza superior o jueza de apelaciones. La Comisión de Evaluación Judicial la encontró “muy bien calificada” para jueza superior, pero solo “calificada” para apelaciones y no recomendó ese ascenso porque “necesita mejorar su desempeño judicial”. Los detalles de la evaluación se mantienen confidenciales.
En esta etapa, el FEI no proveyó acceso al contenido de las declaraciones juradas, pero las denuncias describen los delitos según la fiscal entiende que fueron cometidos y la lista de testigos. En esta etapa del proceso criminal, el tribunal solo debe convencerse de que se pudo haber cometido un delito y que el imputado pudo ser el que los cometió.
Para el cargo de soborno, se indica que, acabado de llegar a la Asamblea Legislativa, entre febrero y agosto de 2021, solicitó $200 y otros beneficios a John Torres Cintrón para que su esposa, Alba González Rivera, siguiera trabajando como agrónomo en la Comisión de Agricultura que el funcionario presidía. González Rivera es empleada del Departamento de Agricultura, pero estaba en el Senado mediante el mecanismo de destaque. Torres Cintrón, su esposa y el secretario de Agricultura, Ramón M. González Beiró, sometieron declaraciones juradas a la OPFEI.
Para el cargo de impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos, se alega que en agosto de 2021 el senador intervino con Joel Osorio Chiclana, empleado de su oficina, para que no testificara en la pesquisa de Recursos Humanos que el Senado llevaba a cabo en su contra. El testigo “se sintió intimidado y tuvo que ser relocalizado a otra oficina como medida cautelar”, pero la denuncia no especifica si compareció o no compareció a la pesquisa administrativa. El delito también se puede cometer al solo “intentar” la incomparecencia de un testigo Osorio Chiclana prestó declaración jurada a la OPFEI.
El tercer cargo imputado es también sobre incomparecencia de testigo, pero con relación a la empleada González Rivera, quien se había querellado de acoso laboral ante Recursos Humanos del Senado. La conducta delictiva habría sido que “mediante gritos, insultos y palabras soeces y ofensivas (Torres Berríos) le manifestó que ‘lo tenía jarto, que en su oficina mandaba él y que no tenía que ir a la Oficina de Recursos Humanos, que dejara la changuería y que el que se quisiera ir, que se fuera’ y ‘que el que era electo y tenía las bolas era él’, esto acompañado de otras palabras soeces”.
El cuarto cargo es bajo el Código Anticorrupción por tomar represalia contra la querellante González Rivera. Por esta querellarse en su contra, el senador realizó “actos indecorosos y denigrantes ante varios empleados de su oficina tales como sujetarse los genitales y proferir palabras obscenas y soeces, así como realizar comentarios hostiles y humillantes sobre su desempeño profesional en presencia de sus compañeros de trabajo”. Sabiendo Torres Berríos que González Rivera se había querellado en su contra, “solicitó al Secretario de Agricultura que dejara sin efecto su destaque al Senado teniendo ello el efecto de que dejara de recibir una paga o beneficio como diferencial y, a su vez, destruyendo la medida protectiva a favor de la Sra. González Rivera que había implementado (Recursos Humanos)”, añade.
La jefa de Recursos Humanos del Senado, Martha E. Vera Ramírez, es también una de las testigos de la OPFEI.
Los cargos que tramitó Fúster Troche, quien es esposa del expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Leonides Díaz Urbina, no son la primera vez que Torres Berríos, legislador novato, enfrentó procesamiento por conducta similar. Ya el año pasado la Comisión de Ética del Senado había evaluado alegaciones similares con resultado fragmentado. En el primer paso de ese proceso, un panel de ciudadanos encontró causa para someterlo a investigación, pero luego, en el pleno de la comisión, la mayoría de los votos fue solo para una reprimenda pública y voto de censura. Cuando el informe fue al pleno del cuerpo, fue derrotado, por lo que Torres Berríos quedó sin castigo alguno. Solo ha sido removido de la presidencia de sus comisiones en lo que terminan los trámites de procesamiento.
Como tampoco ha tenido consecuencias, hasta ahora, por el lado criminal.
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