Los argumentos se presentaron en una vista hoy tras lo cual el juez Anthony Cuevas Ramos se reservó decisión sobre publicación de los salarios de los empleados legislativos.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos se reservó hoy, viernes, el fallo en la demanda que busca conseguir la publicación de los salarios de los empleados del Senado de Puerto Rico, pero le adelantó a los representantes legales de ese cuerpo legislativo que no tienen peso sus argumentos sobre que la que solicita la publicación de los salarios es una candidata política y sobre que la publicación del salario de los empleados de alguna forma pone en riesgo la seguridad de estos.

En una solicitud de desestimación, el Senado había planteado a través del bufete Aldarondo & López Bras PSC que la información de los salarios es parte del expediente de personal de cada empleado y, por ende, debe ser confidencial.

“El derecho a la intimidad y a proteger la confidencialidad de esa información personal debe prevalecer sobre el derecho a obtener información pública, especialmente cuando la peticionaria no ha esbozado cuál es el interés que busca proteger al obtener la información solicitada”, sostuvieron al proponer también que había otra información financiera publicada que podía servir para fiscalizar el uso de fondos por parte del Senado sin divulgar los salarios de sus 550 empleados.

“Nótese que la peticionaria no es miembro de la prensa, ni surge de ninguna alegación que represente los intereses de terceros para los cuales sea importante la obtención de la información solicitada”, subrayaron sobre la solicitud de Eva Prados, candidata al precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Da igual”, le ripostó el juez Cuevas Ramos a la representante del Senado, licenciada Sheila Torres Delgado, cuando le trajo en la vista el argumento de que la información la estaba pidiendo una candidata política. El juez también señaló que salarios como los de los jueces, policías y maestros están fijados en ley y se conocen. “¿Cuál es la diferencia?… ¿por qué yo tengo que mantener ese salario (de los empleados legislativos) fuera del ojo público?”, cuestionó.

La representante del Senado contestó que en algunos de esos ejemplos lo que está fijado en ley son escalas de compensación y no el salario específico y, al cuestionar los motivos de la solicitud de Prados, expuso que el salario de los empleados se fija según la discreción de cada legislador y “esa discreción es la discreción que es, (la demandante) no está en posición de sustituir su criterio versus el criterio del legislador”.

“Vamos a descartar la persona que lo solicita y las razones por las que lo solicita… (preguntar para qué quiere la información) más allá de impertinente parecería una falta de respeto porque, para qué pide la información pública, pues simple y sencillamente es un ciudadano del país y tiene derecho a saber qué se hace con el dinero de sus contribuciones”, dijo Cuevas Ramos al establecer que lo importante son los argumentos de si la información solicitada era o no era pública, algo que el Senado sostiene con un reglamento que el mismo cuerpo aprobó indicando que los expedientes de personal eran confidenciales.

El representante de Prados, licenciado Luis José Torres Ascencio, fue más allá y le apuntó a Torres Delgado que hay leyes, que ella no había citado, que tienen más autoridad legal que un reglamento del Senado y que también dicen que un expediente de personal es confidencial. Pero añadió que eso es irrelevante a la discusión sobre los salarios porque no se pide acceso a los expedientes sino solo a los salarios, que no son información declarada confidencial, y porque el derecho constitucional de acceso a la información y el interés ciudadano de saber cómo se gastan los fondos públicos es mayor a los motivos que había levantado el Senado para mantener la información confidencial.

Anotó que en 2016 el Tribunal de Apelaciones se enfrentó con una solicitud contra el municipio de Ponce igual a la que en este caso se hace el Senado para divulgar “datos básicos de su nómina—entiéndase, los nombres de cada empleado o funcionario municipal, junto a su compensación o sueldo real, puesto o cargo que ocupa, departamento o dependencia del municipio al cual está adscrito el puesto, así como el cargo o función que realmente desempeña y la dependencia en la cual lo hace”. El municipio tenía vigente una disposición similar a la que incluye el reglamento senatorial sobre la confidencialidad de los expedientes de personal pero el Apelativo concluyó que sería “absurdo” validar que todo lo que está en un expediente de personal es confidencial, que los empleados públicos no tienen expectativa de confidencialidad sobre el salario que se les paga con fondos públicos y que “validar la ocultación de la información aquí solicitada sería contrario a la política pública firmemente establecida de promover la transparencia en el gobierno para evitar la arbitrariedad y atacar la corrupción”.

La controversia ante Cuevas Ramos comenzó formalmente el 29 de septiembre cuando Prados demandó al Senado para obtener la divulgación de la información.

Pero la discusión sobre el acceso de la ciudadanía a la información de los salarios de los empleados legislativos también está enmarcada en la orden administrativa que el presidente cameral Carlos Méndez Núñez firmó el 15 de septiembre para prohibir la entrega de los salarios del personal de la Cámara de Representantes y también está contextualizada por los arrestos recientes de los exrepresentantes novoprogresistas Nelson del Valle y María Milagros Charbonier Laureano, que tienen el elemento común de que se les acusa por recibir pagos ilegales de sus empleados legislativos a cambio de la permanencia en sus cargos.

Para ver la moción de desestimación del Senado, pulse aquí.

Para ver la contestación de Prados a la moción de desestimación, pulse aquí.

Para ver la decisión del Apelativo en el caso del municipio de Ponce, pulse aquí.