El representante también enfrenta un cargo por borrar mensajes de su celular después de saber que era investigado.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nelson del Valle Colón (Distrito 9), la directora de su comisión legislativa, y a la vez tesorera del Comité Amigos Nelson del Valle, y la directora ejecutiva de su oficina legislativa fueron arrestados hoy por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por cargos de corrupción pública en un esquema de sobornos similar al que enfrenta desde el lunes la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano.

“Avaricia”, dijo escuetamente el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, cuando se le preguntó por qué se registraban estos casos de legisladores pidiéndole pagos a sus empleados.

De hecho, igual que Charbonier Laureano, el pliego acusatorio emitido ayer contra Del Valle Colón y sus dos empleadas incluye un cargo de obstrucción a la justicia contra el representante porque borró de su teléfono las comunicaciones de WhatsApp, que había tenido con sus empleadas después de enterarse de que las mismas habían sido entrevistadas por agentes federales.

Distinto a la acusación contra Charbonier Laureano, en esta ocasión se indica que las dos empleadas mintieron a los agentes federales durante sus entrevistas, sin embargo, el pliego no incluye cargos contra éstas por mentirle a los agentes.

Una cuarta persona, designada como “Persona A”, participó en el esquema pero no fue acusada. El pliego la describe como el director de la oficina de distrito de Del Valle de enero de 2017 a abril de 2019. Para enfatizar el valor que tiene la cooperación con las autoridades federales, Muldrow dijo que “sin duda, es mucho mejor ser una ‘Persona A’ que uno de los acusados en el caso”.

Otra similitud llamativa con la acusación de Charbonier Laureano es que allí están acusados la representante, su esposo y su hijo, y en el de Del Valle están acusadas la directora de su oficina, Mildred Estrada Rojas, y su hija, Nickolle Santos Estrada, quien es directora de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio y también la tesorera de su comité de campaña.

Del Valle Colón “explotó su posición oficial como legislador para obtener sobornos… fraudulentamente infló los salarios (de las dos acusadas y de la Persona A) por ninguna razón legítima y conforme a arreglos corruptos con cada uno de ellos”, describe la acusación con ocho cargos. Muldrow indicó en rueda de prensa que el representante se lucró en más de $100,000 durante el tiempo que duró el esquema, misma cantidad que se mencionó en el caso de Charbonier Laureano.

El dinero se entregaba en efectivo a la mano o a través de terceros conectados con el representante (como ocurrió con el esposo y el hijo de Charbonier Laureano en la acusación del lunes) y también en incrementos de $500 a través de la aplicación ATH Móvil, como también en el otro caso. El martes pasado, el programa Jay y sus Rayos X presentó algunas de las transferencias por ATH Móvil a Del Valle Colón.

Los conspiradores usaron pagos en efectivo para “ocultar el propósito ilegal y corrupto de los salarios inflados y los sobornos encubiertos” y también “negando falsamente su participación en el esquema en entrevistas con oficiales de ley y orden”. Esto se refiere a que el 12 de julio, un día después del allanamiento en la residencia de Charbonier Laureano, agentes federales entrevistaron a Santos Estrada y a Estrada Rojas y ambas le negaron su participación en el esquema. Sobre la simultaneidad que tenían los depósitos de salario que ellas recibían y los pagos que hacían a Del Valle Colón, la primera dijo que eran un error del banco y la segunda les dijo que eran una “coincidencia”.

Cuando los agentes allanaron la residencia de Del Valle Colón el 27 de julio y se llevaron su teléfono celular, encontraron que había borrado las comunicaciones de WhatsApp que había tenido con Santos Estrada hasta el 15 de julio y con Estrada Rojas hasta el 14 de julio, fechas justo siguientes a la entrevista de éstas con los agentes federales. Por esto, el representante enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia.

Estrada Rojas trabaja con Del Valle Colón desde su primer término, en enero de 2005, y, cuando Del Valle perdió las primarias y luego las elecciones a la alcaldía de Toa Alta, la mujer se mantuvo trabajando en la oficina legislativa con el sucesor del representante, Ángel Edgardo “Gary” Rodríguez Miranda. Hasta el 2016 ganaba $1,000 quincenales netos, pero desde el regreso de Del Valle Colón a la Legislatura, aumentó para cantidades entre $2,200 a $3,500 quincenales netos. Su hija, Santos Estrada comenzó a trabajar con el representante en febrero de 2017 con pago quincenal neto de $2,000.

Para Santos Estrada, el pliego dice que los pagos que sacaba de su cheque como comisión a Del Valle Colón fueron $465. La mujer recibía un pago quincenal neto de $2,000. Las autoridades detallaron seis de esos pagos. Para su madre, Estrada Rojas, se detallaron seis pagos también. La mujer tenía paga quincenal neta de entre $2,200 a $3,500 y daba comisiones al representante de entre $1,000 y $1,285. En una de las instancias, el 26 de septiembre de 2017, la semana después del paso del huracán María por Puerto Rico, las empleadas recibieron su salario por depósito directo y ese mismo día depositaron dinero en la cuenta de Del Valle Colón.

Para la Persona A, los pagos al representante fueron de entre $855 a $1,855, de un salario quincenal neto que primero fue de $1,500, luego $2,650 y luego recortado a $850. Las autoridades le detallaron siete pagos de comisión. La acusación incluye intercambios de WhatsApp con la Persona A quien, después de rendir la planilla en abril de 2018, se quejó con el representante sobre la carga contributiva que le representaba el salario inflado que cobraba como director de la oficina de distrito. Por lo menos uno de los pagos que la Persona A hizo al representante eran para pagar directamente un préstamo que el representante tenía con un tal “Miguel”.

Los acusados enfrentan entre 10 y 20 años de cárcel, de ser encontrados culpables. Ambos casos de corrupción esta semana están a cargo del mismo equipo de fiscales de la división de Integridad Pública en Washington D.C.

Ante las teorías que surgieron esta semana sobre si las autoridades federales pueden tener jurisdicción en estos casos ya que supuestamente el presupuesto de la Asamblea Legislativa está segregado y no recibe fondos federales, Muldrow argumentó que “no tenemos que mostrar que el dinero que se estaba pagando como salario es dinero de fondos federales, no tenemos que mostrar esa conexión… en todos los años (que cubre la acusación) el gobierno de Puerto Rico recibió más de $10,000 en fondos federales”. “Nosotros no tenemos que demostrar que esos son los fondos que se usaron para pagar el salario. El gobierno de Puerto Rico, la Cámara de Representantes como parte del gobierno de Puerto Rico, recibe ese dinero”, añadió.

Muldrow dijo no tener comentarios ante la pregunta de qué revelan estos casos sobre los controles administrativos internos en la Cámara de Representantes.

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