El Departamento de Justicia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que determine si procede la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz por la contratación irregular de empleados de su oficina. Recomendaron, en cambio, un FEI para directora ejecutiva de su entonces oficina, Soniel Torres Suárez.

La evidencia recopilada, como parte de la segunda pesquisa de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, reflejó que al momento del informe no se disponía con prueba directa para recomendar la designación de un FEI contra Rodríguez Ruiz por estos segundos hechos. No obstante, sí surge abundante y robusta evidencia para entender que la directora ejecutiva de su oficina, quien mantenía el control de los asuntos de dicha oficina y que en alguna ocasión sostuvo una relación sentimental con el exrepresentante, Soniel Torres Suárez, incurrió en serias conductas constitutivas de varios delitos en violación al Código Penal de 2012.

De la investigación preliminar se desprende que Torres Suárez pudo haber incurrido en violación al Artículo 182 (apropiación ilegal), Artículo 202 (fraude), Artículo 258 (certificaciones falsas), Artículo 281 (impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos) y Artículo 286 (preparación de escritos falsos).

No obstante, Justicia entiende que habiendo ya un FEI asignado en relación a otra investigación contra Rodríguez Ruiz referida en enero pasado y en vista de que los funcionarios implicados en esta investigación son parte de la pesquisa que está llevando a cabo la OPFEI y con el fin de no afectar dicha pesquisa, lee el informe, 'recomendamos que refiera el presente informe a la OPFEI para que dicha oficina, en el ejercicio de su discreción, determine si procede la designación de otro FEI en contra de todos o algunos de los funcionarios aquí investigados', expresó la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, en comunicado de prensa.

La pesquisa referida en enero pasado fue porque Rodríguez Ruiz pudo haber incurrido en la comisión de delito por violación al Artículo 3.1 de la Ley de Violencia Domestica por maltrato físico por agredir a Torres Suárez, con quien sostenía una relación sentimental. Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre pasado en Santa Isabel.

El informe referido hoy al OPFEI detalla contrataciones en la oficina del exrepresentante con la intención de apropiarse ilegalmente de fondos públicos y la realización de actos que pudieron privar a la Cámara de Representantes de fondos públicos. Dichas contrataciones permitieron cobros por trabajos no realizados.

La entonces directora ejecutiva de Rodríguez Ruiz estaba autorizada por el para firmar cualquier documento que fuera necesario para el funcionamiento de la oficina y relacionado con el trámite de contratos.

'Torres Suárez, a pesar de no ser una funcionaria de la cual tenga jurisdicción original el FEI, por las circunstancias particulares de esta investigación, la Ley en su Artículo 4 (2) nos obliga a enviar el expediente completo a la OFEI. Debido a que el FEI tiene una investigación en curso con los mismos testigos y las mismas partes de esta investigación, era nuestra responsabilidad enviarlo y cumplir con la ley. Del FEI entender que no procede procesar a Torres Suárez, será procesada por el Departamento de Justicia sin duda alguna', abundó Vázquez.

En cuanto a la participación de Rodríguez Ruiz, a la luz de la totalidad de las circunstancias, al momento de este informe, no existe evidencia directa de que este formara parte del acuerdo entre Torres Suárez y la persona contratada que no rindió servicios. Sin embargo, sí surge de manera sólida en la prueba documental y testimonial de que Torres Suárez, hoy referida y quien dirigía la oficina del entonces Representante y tenía control de la misma, comentó sobre el conocimiento de Rodríguez Ruiz. Estas manifestaciones podrían constituir prueba de referencia en un tribunal, salvo que se logre obtener una prueba independiente que corrobore las manifestaciones de los testigos entrevistados y que forman parte del referido.

Del informe se destaca que Torres Suárez trató de impedir y disuadir mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto a testigos para que no comparecieran a ofrecer testimonio relacionado a la investigación del Departamento de Justicia.