Dijo que no hay la expectativa de tener toda la evidencia ni la misma calidad de ella para probar un caso 20 años después de haberlo procesado

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, afirmó hoy que el proyecto legislativo que propone revisar todas las convicciones de juicios sin veredicto unánime tendrá como escollo principal la recuperación de la evidencia utilizada en todos esos casos.

El PS 1590 es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien elaboró la medida junto a un grupo de abogados. La Cámara de Representantes aprobó su propia versión de la medida, el PC 2476 presentado por María Milagros Charbonier, pero la versión que tendría primacía sería la del Senado.

Cuando presentó la medida, Rivera Schatz informó que hay entre un cuatro y cinco por ciento de personas cumpliendo condenas de casos de juicio por jurado y que su propuesta respondía a la necesidad de que exista una sola regla para todos los ciudadanos.

“No tenemos la expectativa de tener la evidencia, ni toda la evidencia ni la misma calidad de ella para probar un caso 20 años después de haberlo procesado”, dijo hoy Longo Quiñones en entrevista radial (WKAQ).

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“Los documentos en el gobierno de Puerto Rico se mantienen archivados por 10 años. El contrabando, las armas de fuego se decomisan, se mandan a destruir después de que un caso adviene final y firme porque se presume que la finalidad de esa sentencia se va a hacer valer. En los casos en que no se pueda conseguir esa evidencia, el acusado se va a quedar sin procesar. Eso es el equivalente a un indulto”, manifestó la funcionaria en abierta oposición a la medida legislativa.

“La evidencia se decomisa porque llega el momento en que se tienen cuartos llenos de armas de fuego y eso se manda a destruir. Lo mismo con las drogas, se destruye. Lo mismo con los documentos. El Departamento de Justicia perdió expedientes en María y los tribunales perdieron documentos por María”, agregó.

El proyecto de ley que propone revisar todas las convicciones de juicios sin veredicto unánime obligaría a las víctimas y sus allegados a someterse nuevamente al mismo proceso doloroso que pensaron haber dejado en el pasado y tiraría a la basura el trabajo de fiscales, de acuerdo con un grupo de manifestantes que protestó el martes frente al Capitolio.

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Además, según Longo Quiñones, el dictamen de Ramos v. Louisiana en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, caso matriz del que se desprende este proyecto de la autoría de la representante, específicamente hace referencia a la aplicabilidad de la norma pautada a aquellos casos exclusivos que se encuentren pendientes de revisión y, por tanto, no sean finales y firmes.

El martes, ante preguntas de Charbonier, Longo Quiñones advirtió que la retroactividad abriría la puerta a afectar todos los procesamientos, incluso los de no culpabilidad a partir de un veredicto por mayoría.

“Nosotros le explicamos a los legisladores ayer que el Tribunal Supremo no reconoce el derecho a retroactividad cuando hay una sentencia final y firme porque reconoce que nuestro sistema de justicia le da valor a esa sentencia final. Y que realmente no hay ninguna necesidad de que se legisle. Para el sistema de justicia de Puerto Rico es un impacto terrible. No hay justificación que amerite esa medida”, aseguró.

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