A pesar de que algunas organizaciones aseguran que el proyecto de ley es una puerta para el discrimen en Puerto Rico.

Este próximo jueves, el Alto Cuerpo se dispone aprobar el proyecto de ley que busca que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico.

Esto a pesar de que organizaciones que representan a la comunidad LGBTT+, así como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, insistieran en que la medida legislativa solo le abría la puerta al discrimen.

"El jueves, vamos aprobarlo", contestó el autor de la medida y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz a NotiCel.

En la vista que se celebró a finales de febrero, el Senado recibió insumo por parte del sector médico, eclesiástico y legal con opiniones encontradas.

El Proyecto del Senado 1, en síntesis, busca establecer la "Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico" enmendando el artículo cinco de la Ley 25 del 1983. Lo que implica esta enmienda es que se reconozca la libertad religiosa como un derecho en cualquier aspecto en Puerto Rico.

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Por tanto, la ley cobijaría a todo ciudadano, incluyendo empleados y funcionarios por el estado y estudiantes, padres, tutores o encargados en el sistema público de enseñanza, así como pacientes en cualquier institución médico-hospitalaria y para adultos mayores, público o privado.

La medida también incluye que se vele por la libertad y derechos de aquellos individuos en los procesos de vacunación por medio de creencias religiosas.

Se evitaría, además, que las iglesias u organizaciones con base de fe sean discriminadas por motivo religioso en servicios gubernamentales, concesión de permisos, acceso a fondos, materiales, propuestas y otros programas que estén disponibles a otras entidades no religiosas.

A los estudiantes del Departamento de Educación (DE) no se le podrá discriminar por motivos de brindar un punto de vista o expresión religiosa. Así también el estudiante puede expresar sus creencias religiosas en trabajos escolares, obras de arte y literarias, entre otras tareas.

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Rivera Schatz también adelantó que el proyecto estará bajando con algunas enmiendas recomendadas por varios sectores, pero que la esencia del proyecto está intacta.

"Hemos cogido todas las enmiendas que nos han sugerido. Departamento de Justicia, Educación, personas que se comunicaron. Ese proyecto no le quita derechos a nadie. Hay 23 estados que tienen eso", puntualizó.

Reacciona la Federación LGBTT+

El presidente de la Federación LGBTT+, Pedro Julio Serrano, reaccionó a este diario digital indignado por la decisión del presidente del Alto Cuerpo.

"Parece mentira que el Senado considere aprobar una medida tan discriminatoria, cruel e inhumana. Esta medida abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para que se puedan negar a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Esto es inaudito", dijo.

"Como si fuera poco, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien bajo la excusa de la libertad religiosa. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales", añadió.

Serrano agregó que dentro de las enmiendas incluidas, se eliminó la categoría de identidad de género dentro del marco del discrimen sobre libertad religiosa.

"De hecho, esta versión que irá a votación tiene el agravante que eliminaron a la identidad de género como una categoría protegida de discrimen, abriendo la puerta a que atenten contra los derechos de las personas trans. Esto es una afrenta directa a la dignidad de nuestros hermanos y hermanas trans", insistió.

"A los senadores y senadoras del PNP se les olvida que tienen personas LGBTQ+ que son miembros de su partido, que les dieron sus votos, que trabajaron para que ellos salieran electos. No sé con qué cara mirarán a sus familiares, correligionarios y amigos que son de la comunidad LGBTQ+", concluyó.

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