El proyecto de ley también establecería como delito si una persona no comparece al tribunal para autenticar algún video que puede funcionar como evidencia.

El Senado le dio paso a una medida legislativa que busca enmendar el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como delito la negativa a cooperar en una investigación criminal o a comparecer ante un tribunal para autenticar video, foto y audio con contenido delictivo publicado en redes sociales.

La medida surge a raíz de los casos publicados recientemente donde ciudadanos grabaron y publicaron una comisión de delito. Entre los casos está el video viral de una mujer que agrede a batazos a otra en la avenida Barbosa.

Ya la presidenta de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, la fiscal Milagros Saldaña, había explicado que en el caso del video viral de la semana pasada, no se puede radicar cargos sin que existan testigos que puedan evidenciar los hechos ante un tribunal.

También había mencionado que, a pesar de que existe un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, el proceso judicial determina que la víctima debe testificar y por lo menos presentar testimonios de quienes presenciaron el incidente frente a un establecimiento de comida rápida en Hato Rey.

Según Saldaña, para que la prueba sea admisible en un tribunal, se tiene que demostrar que no ocurrieron alteraciones, adiciones, eliminaciones del vídeo y, para ello, se requiere un testigo con conocimiento de los hechos.

Sin embargo, en este caso, la persona que grabó el incidente fue quien que le dio el bate a la agresora para que le hiciera daño a la víctima. Esto significa que no contaría como testigo bajo el Ministerio Público.

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"Este proyecto busca proteger la integridad de las víctimas, quienes deben ser escuchadas y apoyadas en su búsqueda de justicia. Además, hace un llamado a la responsabilidad ciudadana, ya que la colaboración de la comunidad en la identificación y validación de evidencia digital es fundamental para que las autoridades puedan procesar a los responsables de estos crímenes. No podemos permitir que la impunidad prevalezca, especialmente cuando las víctimas son personas inocentes y vulnerables”, expresó el autor de la medida, Thomas Rivera Schatz, en un comunicado oficial.

El Proyecto del Senado 465 busca añadir un nuevo inciso al Artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico, incorporando como delito menos grave "la negativa a cooperar con un funcionario del orden público, fiscal o procurador de menores, en un a investigación criminal donde se le requiera la autenticación de un video que haya sido grabado y publicado en las redes sociales, cuyo contenido revele la comisión de delito; o la negativa a comparecer como testigo de autenticación de un video que haya sido grabado y publicado en las redes sociales, cuyo contenido revele la comisión de delito".

Según la exposición de motivos del proyecto, la proliferación de estos videos sin la debida colaboración de quienes los graban y publican dificulta la labor de investigación y procesamiento de los delincuentes.

También destaca que "resulta altamente preocupante, la publicación de videos con contenido delictivo de carácter violento, que son diseminados en las redes sociales de manera indiscriminada. De esta forma, el contenido delictivo y violento de dichos videos puede ser observado por menores de edad, personas emocionalmente afectadas, familiares y conocidos de las víctimas, sin considerar las consecuencias de dicha publicación en las personas que los observan. Se han registrado videos en los que se observan testigos alrededor de la comisión del delito, personas que incitan verbalmente a la comisión del delito y personas cooperadoras y/o coautoras del delito que están siendo grabados".

"Desafortunadamente, en gran parte de las ocasiones los autores de actos delictivos que fueron grabados por terceras personas no pueden ser procesados por los delitos cometidos por falta de interés de la víctima, falta de testigos con conocimiento de los hechos o por la falta de autenticación del contenido de un video. Esta situación genera una percepción pública de impunidad y a su vez promueve tomar la justicia en sus manos y como resultado un incremento en los actos delictivos", reza la medida.

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El Proyecto del Senado 465 también hace hincapié que "ante la falta de testigos, el contenido de los videos grabados por personas que presencian la comisión del delito se convierte en una valiosa pieza de evidencia con la cual las autoridades pueden investigar y procesar a los autores de delitos. No obstante, el interés principal de las personas que graban las actividades delictivas es publicarlas en las redes sociales para obtener “likes” y crear un contenido con potencial de convertirse en viral. Sin embargo, no están disponibles a las autoridades para autenticar las imágenes de un video que puede contribuir a investigar y procesar a los autores de delitos, contribuyendo a la impunidad".

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el senador Eliezer Molina, la senadora Roxanna Soto Aguilú y la senadora Joanne Rodríguez Veve, consignaron su voto en contra del proyecto de ley.

La senadora popular Marially González Huertas se abstuvo.

La votación cerró con 21 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

El Senado recesó hasta el próximo jueves.