La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley sin la celebración de vistas públicas y pasará a la consideración del Senado.

Sin la celebración de vistas públicas, la Cámara de Representantes aprobó una media legislativa para aprobar la "Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI (21)", con la intención de crear una estructura del Archivo General, así como establecer una nueva política pública en la identificación, manejo, protección y conservación de los documentos públicos en Puerto Rico.

Con la aprobación de esta pieza legislativa, se deroga la Ley 5 del 1955, mejor conocida como "Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico" .

El Proyecto de la Cámara 17, que es de la autoría del líder cameral, Carlos "Johnny" Méndez, llega en el momento de una disputa entre el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, quien quiere por medio de legislación, colocar el ICP bajo el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) porque entiende que está siendo mal administrado.

Luego de que Rivera Schatz sometiera al exdirector ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, sobre 27 solicitudes relacionadas al presupuesto asignado, contratos y desglose de fondos, entre otros, el exfuncionario renunció.

La gobernadora Jenniffer González Colón, el pasado viernes, designó a Melissa Santana para la dirección ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y, a su vez, al mando de la Corporación de las Artes Musicales.

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El P de la C 17 recibió objeciones de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD), que solicitaron que el proyecto se devolviera a comisión para la celebración de vistas públicas.

La exposición de motivos expresa que lo que se busca es "cerciorarse que se utilicen los mejores mecanismos en esta encomienda y facilitar la preservación y diseminación de esta información y futuras generaciones"

"Este proyecto cambia por completo la política pública de la administración, de la digitalización y de los procesos de manejo de los documentos públicos y la creación además de funciones, incluyendo una figura importante que es la archivera del Archivo General. Que si bien es cierto está bajo la tutela del director ICP, es una figura con muchos poderes y sobretodo mucho peritaje... No he visto en este proyecto de ley, ninguna opinión de ella. Este proyecto de ley es igual que otros que se han aprobado aquí en el cuatrienio pasado, la inmensa mayoría sin la celebración de vistas públicas, que han ido a la consideración de la Cámara y que en el informe se utiliza el informe del Senado. Estamos cambiando décadas de la política pública del manejo de los documentos públicos y de cómo se maneja en el Archivo General", dijo Márquez Lebrón.

"Insisto que aunque hay una ponencia en el Senado sin la oportunidad de uno entrar a un proceso de discusión de vistas públicas, hacer preguntas y tener la posición de la más que sabe de esto, la archivera, que está allí, a pasos de este lugar en Puerta de Tierra, que es la experta en este país en este tema y no sabemos su posición. Obviamente está también el ICP y deberían venir ambos a dar una explicación. Creo que no es una buena idea, cambiar toda una política pública dependiendo exclusivamente de lo que ha hecho el Senado", agregó.

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Mientras, el representante Ramón Torres Cruz, del PPD, añadió que "la definición de documento es tan amplia que inclusive un documento que se genere a mano sobre una opinión que tenga como legislador, se cataloga como documento público y es materia que es salvable y documentación que el público tiene acceso a él. Así que, no estamos hablando de cualquier cosa. No le veo mucho futuro a esta legislación puesto de ser aprobada, cruce el pasillo y pase al Senado y allá habiendo una política pública de retirar el ICP, dificulto que le quieran seguir dando responsabilidades al ICP", indicó.

Por su parte, la representante Swanny Vargas Laureano, expresó que lo correcto era devolverla a comisión la medida, sin embargo, fue denegada la petición.

¿Qué establece el proyecto?

El P de la C 17 que se mantendrá bajo la administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) está dirigido a conservar los documentos históricos "que por su valor histórico, legal, administrativo o informativo, debía preservarse por un tiempo más prolongado y eliminar aquellos que carecían de valor permanente y también habían perdido ya toda utilidad administrativa", dicta el informe positivo de la medida.

"La referida legislación declaró la política pública sobre la administración de los documentos públicos de aplicación de las Ramas Ejecutivas (incluyendo los municipios y corporaciones públicas), Judicial y Legislativa, además de la Oficina del Contralor de Puerto Rico", añade.

La pieza legislativa también propone que se coordine con el Puerto Rico Innovations Technology Service (PRITS), para llevar a cabo un procedimiento adecuado para la captura, digitalización, migración de los documentos "con las mejores prácticas para la conservación a largo plazo".

También confiere al Archivero General el poder para fiscalizar la labor de los jefes de agencia, dependencias, alcaldes, directores y otros directivos del Gobierno autorizados a mantener documentos históricos en sus áreas para salvaguardar la conservación y acceso al patrimonio.

Además, también le otorga la facultad de "intervenir mediante confiscación de documentos públicos en peligro de perderse ante un manejo inadecuado, cierres o consolidaciones de dependencias, traspasos sin autorización, entre otras medidas que pongan en riesgo la conservación y acceso a patrimonio histórico documental", dicta el informe.

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Se crearía bajo esta medida el Programa de Gestión de Documentos del Gobierno, en particular la Rama Ejecutiva, que sería administrado por un director designado por el director ejecutivo del ICP, entre otras disposiciones contenidas.

La medida obtuvo un informe positivo por parte de la Comisión de Gobierno que preside el representante Víctor Parés Otero.

La votación cerró 33 a favor y 16 en contra. Ahora, pasará a la consideración del Senado

La Cámara recesó hasta el próximo jueves.

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