De ser aprobada la legislación, para el próximo 1 de julio, un renglón aumentaría de un siete hasta un 10% que actualmente paga el Gobierno.

El Capítulo de Jubiladas y Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico, avaló el proyecto de ley que crearía la "Ley para Proteger al Poder Adquisitivos de las Pensiones de los Empleados Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios", con el fin de que se destine un por ciento de los ingresos del Impuesto de Venta y Uso (IVU) para nutrir las arcas de los maestros jubilados.

Este financiamiento se otorgaría sin afectar los porcentajes que están asignados al Fondo de Administración Municipal (0.50%), IVU Municipal (1%), la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias y la Industria Cinematográfica ($3.2 millones) y al pago de la deuda de COFINA.

De ser aprobada esta legislación, para el 1 de julio del 2025, se aumenten las pensiones en un renglón que iría de un siete hasta un 10% que actualmente paga el Gobierno de Puerto Rico a sus pensionados. El valor máximo de la anualidad que se tomará en cuenta para este aumento será de $3,000.

Efectivo el 1ro de julio de 2026 y, a su vez, cada primero de julio subsiguiente, se establecerá un aumento de las pensiones equivalente al COLA (Ajuste por costo de vida, por sus siglas en inglés) que determine el Administrador del Seguro Social de Estados Unidos y que entre en vigor en enero del año natural correspondiente.

El costo de esta propuesta sería en el primer año entre $194 millones, según la Oficina Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) hasta $200 millones.

El Proyecto de la Cámara 45, que fue presentado por los representantes Lourdes Ramos y Denis Márquez Lebrón, busca impedir el recorte del monto de la anualidad que reciben, así como su poder adquisitivo por efecto al aumento del costo de vida.

"El Informe sobre los Sistemas de Retiro de Puerto Rico de septiembre de 2019, comisionado por la Junta de Supervisión Fiscal creada por la Ley PROMESA, reconoce que la falta de ajuste por costo de vida puede verse como otra reducción de beneficios de pensión. El efecto sobre las pensiones del aumento en el costo de vida es significativo", reza el proyecto de ley.

Según la exposición de motivos, un estudio comparativo de los aumentos a las pensiones para garantizar su poder adquisitivo entre el Seguro Social Federal y del Sistema de Retiro de los Maestros (SRM), de la judicatura (SRJ) y de empleados del gobierno de Puerto Rico (SRE) refleja una reducción significativa de las pensiones reales de los jubilados del gobierno de Puerto Rico.

"Entre los años 2007 y 2023, la reducción del poder adquisitivo en el caso del SRM y el SER asciende a 39.80% y para el SRJ a un 24.8%. Esto implica que un maestro o empleado público que se retiró con una pensión de $1,000 mensuales en el año 2007, al presente recibe una pensión con un poder adquisitivo real de $602. Evidentemente, es muy poco probable que se pueda disfrutar de un retiro digno si no se toman medidas para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones", menciona el P de la C 45.

La medida legislativa también dicta que con el aumento en el costo de vida, "reduce el poder adquisitivo de las pensiones".

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"Debido a la naturaleza regresiva del IVU, el aumento en el costo de vida tiene el efecto de reducir el poder adquisitivo de las pensiones y, simultáneamente, genera aumentos en los recaudos de este impuesto al consumo; cuyo monto, en su inmensa mayoría, pasa al Fondo General del Gobierno del ELA. Esto resulta ser contradictorio con la política pública para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, ya que, en buena medida, el Gobierno incrementa sus recaudos por concepto del IVU a expensas de la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones", menciona la medida.

Pedro Pastrana Ortiz, portavoz del Capítulo, expresó en la audiencia pública, que alrededor de 60% de los jubilados están por debajo del nivel pobreza federal.

"La inmensa mayoría de los ciento sesenta y cinco mil (165,000) empleados públicos jubilados y pensionados también sufrimos el deterioro de nuestras precarias condiciones de vida producto del discrimen social, bajos ingresos y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones; por efecto del aumento generalizado en el precio de los servicios y productos de consumo", indicó.

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"Según la información provista por el Plan Fiscal Certificado del año 2022 y el Informe sobre los Sistemas de Retiro de Puerto Rico de 2019, comisionado por la Junta de Control Fiscal, indican que alrededor del 60% de las jubiladas y jubilados del gobierno estarían por debajo del nivel de pobreza federal. Como podemos observar estamos evidenciando la vulnerabilidad del adulto mayor por sus bajos ingresos y como tienen que ajustarlos para cubrir sus necesidades básicas, esto los hace cada día más vulnerables... Estos datos reflejan la precariedad de la mayoría de los pensionados del gobierno, aunque no toma en cuenta la gran cantidad de personas dependientes de los jubilados, tampoco toma en cuenta que el costo de la vida en Puerto Rico es un 13% más alto que en Estados Unidos y que el precio de los productos en los supermercados es un 21% mayor", agregó.

Pastrana Ortiz hizo hincapié en que, con el tema de los aranceles, la situación financiera para los jubilados será peor.

"Si a estos costos de vida se les añaden los aranceles impuestos como parte de la guerra económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caeríamos en indigencia mucho antes de lo esperado. Se perdió una batalla en el cuatrienio pasado, cuando el gobernador saliente, Pedro Pierluisi, vetó el Proyecto 3038 de aquel entonces. Hacemos una advertencia a los cuerpos legislativos de la Cámara y el Senado, así como a la gobernadora Jennifer González Colón", sostuvo.

También insistió que hay una evidente creciente de ingresos netos del IVU al Fondo General, luego de efectuarse los pagos a COFINA que reflejan:

- 2020 = $1,635 millones

- 2021 = $2,498 millones

- 2022 = $2,686 millones

- 2023 = $2,774 millones

- 2024 = $3,626 millones

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