Algunos miembros de la Cámara de Representantes lamentaron la extensión de vida de la carbonera en la AES en Guayama, más aún cuando existe evidencia científica de que las comunidades aledañas sufren daños a su salud.

A pesar de las grandes controversias en el sector ambiental para extender la vida de la planta de carbón AES en Guayama, la Cámara de Representantes aprobó la medida que extiende la vida de la cogeneradora hasta el 2032.

En el inicio, la gobernadora Jenniffer González Colón, había propuesto una extensión de vida hasta el 2030 y el Zar de Energía había sometido la recomendación para que fuera hasta el 2035.

Esto a pesar de que por ley, la AES tenía cambiar a otra fuente de energía en la planta carbonera de Guayama. Se había estipulado desde el 2019, que para diciembre de 2027, la AES tenía que dejar de utilizar carbón para producir energía.

En el 2019 fue cuando se estableció la Ley 17- 2019, mejor conocida como la "Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico", que establece la transición obligatoria a fuentes de energía en la isla.

La AES es una compañía de servicio eléctrico con capacidad para generar 510 megavatios de energía, lo que representa aproximadamente hasta el 20% de la energía que se consume en la isla.

El Proyecto del Senado 267 establece que la AES debería dar servicio hasta el 1ro de enero de 2032 y tener autorización por parte del Negociado de Energía de aplazar por periodos adicionales de cinco años si la generación a base de carbón no ha podido ser reemplazada por fuentes de generación más limpias y a costos razonables.

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"Tiene como fin (el proyecto de ley) varios elementos muy importantes. Que quede claro que el pueblo de Puerto Rico que nos escucha sepa que esta Cámara mantiene su política pública vigente para que Puerto Rico tenga energía renovable... Tenemos un sistema energético con problemas graves de generación... Este proyecto tiene la importancia de ser aprobado a tiempo por la situación que hoy vivimos de energía", expresó en el debate el representante Víctor Parés.

"Esta medida de mover la fecha del uso de carbón de combustible va a dar estabilidad al sistema, pero a su vez, va a evitar que hospitales, negocios, residencias, municipios, tengan problemas de generación", agregó.

Mientras, el representante Angel Fourquet expresó que "es un poco lamentable, tengo que confesar que me decepciona un poco que en este proyecto que estamos hablando, es el reconocimiento del fracaso de la política pública de la pasada administración y su continuación ahora. Este proyecto en su intención, redacción y discusión, demostró claramente un desfase total de esta nueva administración en términos de cuál va a ser la política de energía. Lo que aquí si hacemos sin vuelta atrás y en cierta manera disfrazan de solución, un retroceso en la política de energía renovable", sostuvo Fourquet.

Por eso, el representante popular hizo constar su voto en contra.

La representante del PIP Adriana Gutiérrez también lamentó el aval de la medida.

"El problema ha sido, es y seguirá siendo la ineficiencia de las pasadas y presentes administraciones en lograr cumplir con las leyes y las medidas que ustedes mismos han aprobado aquí. Así que, es un problema de ineficiencia, un problema de falta de voluntad, probablemente de ambas. Ahora, la solución de la misma administración que ha sido ineficiente es extender la quema de carbón en Puerto Rico con todo lo que eso significa e implica al país", indicó Gutiérrez.

Lisie Burgos, portavoz del Proyecto Dignidad (PD) en la Cámara, explicó que la energía renovable aún no estaba completamente desarrollada en Puerto Rico y que los costos de inversión para adquirir ese tipo de energía, no daba actualmente seguridad alimentaria a las familias.

Sin embargo, le votó en contra al proyecto porque "no estaría resolviendo la crisis de energía eléctrica".

El portavoz del PIP, Denis Márquez Lebrón, describió el día de hoy como un "mal día" después de que en el 2019 se había llegado a un consenso social bajo ley, para eliminar la quema de carbón en Puerto Rico.

"Esto es otorgar cinco años más a la quema de carbón, contaminando las comunidades en la zona, en contra del consenso social, en contra de las leyes, en contra de la política pública. Es un lustro cinco años exponer a comunidades a la pena de muerte, porque discutíamos más temprano la necesidad de proteger a los pacientes de cáncer en este país, los de Guayama, los de Santa Isabel, los de Salinas, que reciben esto diariamente...", apuntó el portavoz del PIP.

El presidente de la AES en Puerto Rico, Jesús Bolinaga, había admitido ante la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes que no se ha hecho inversión alguna para cambiar a otra fuente de energía en la planta carbonera y que tampoco cuentan con los recursos para extender el tiempo de vida de la planta de AES en Guayama

Bolinaga tampoco supo precisar cuánto costaría la transición de carbón a otra fuente de energía renovable. Para él, cualquier cambio de ley, se necesitaría hacer un estudio de factibilidad primero.

En otras palabras, no se sabe aún cuánto dinero se necesitaría para que la planta de carbón continúe operando por más tiempo y mucho menos para viabilizar otra fuente de energía.

Aún más cuando se debe llevar a cabo un dragado en la Bahía Las Mareas donde está el puerto de embarque donde entran y salen las cenizas, entre otros ajustes en equipos críticos en la planta, para que su tiempo de vida exceda después del año 2027.

Actualmente, el costo variable de producción en la AES es de ocho centavos y la energía que se vende está en un promedio de doce centavos. Siendo uno de los precios más baratos en el mercado.

Los representantes por el PIP, Adriana Gutiérrez y Denis Márquez Lebrón, habían cursado una carta al presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara, Víctor Parés, para que convocara una nueva vista pública urgente tras recibir información que desde el 2014 existe un plan para fortalecer el sistema eléctrico en la isla sin la necesidad de mantener operando la planta de AES.

La misiva que fue enviada el 13 de febrero explica que han recibido insumo de ingenieros eléctricos, expertos en potencia eléctricos y profesores de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, en el que les explicaron que el pasado 13 de junio, el Negociado de Energía le ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA y a Genera que realizara un "plan agresivo de mejoras al sistema eléctrico".

Otra información recopilada por parte de los representantes explica que "LUMA y Genera han recibido el visto bueno del Negociado de Energía para hacer inversiones y ejecutar dicho plan que permite el cierre inmediato de AES".

La carta también explica que durante el año fiscal 2022-2023 AES generó en promedio mensual de 231.6 millones de kWh quemando carbón, lo que representa el 15.4% de la generación total del país solo en ese año.

La votación cerró con 30 a favor y 16 en contra.

Esta medida legislativa ahora pasará a la consideración del Senado.

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