Por eso, el designado secretario del Departamento de Salud, el doctor Víctor Ramos Otero, dijo a miembros del Senado que se dispone a emitir una orden que extendería la vigencia del certificado hasta tres años.

Agencias gubernamentales coinciden que es meritorio enmendar la Ley 300, mejor conocida como la “Ley de Verificación de Credenciales y Profesionales de Salud” para mitigar las dilataciones y la larga lista de espera a la hora de emitir la certificación que evidencia que la persona que se le está empleando no es un exconvicto de delitos sexuales y abuso contra menores o ha tenido casos de delitos graves en el pasado.

Esta investigación se llevó a cabo por la Comisión de Vivienda y Bienestar Social que preside la senadora Jamie Barlucea, bajo la Resolución del Senado 24 de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según alegó y afirmó el secretario designado del Departamento de Salud en la vista pública, el doctor Víctor Ramos Otero, el denominado “background check” a través de huellas dactilares demora en promedio unos 15 días desde la toma de la huella por la alta demanda a la solicitud, sin contar la lista de espera que fluctúa entre un mes y tres meses para lograr sacar una cita, provocando que muchos solicitantes pierdan su oportunidad de empleo.

En la vista pública se coincidió que para hacer un “backgroud check”, el proceso que se lleva a cabo raya en lo burocrático, ya que la solicitud tiene que pasar por el cedazo del Departamento de Salud, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Esto se ve bastante complicado y que naturalmente yo solicitar un certificación de la Ley 300 va a tomar tiempo no porque de ordinario tomaría tiempo, sino porque nosotros hemos establecido un procedimiento con tanto escalón que requiere que una persona se siente a esperar a que le den la cita para la huella y una vez que se haga la huella, esperar que eso pase todo el trámite burocrático para que se emita”, sostuvo el senador penepé Angel Toledo.

A pesar de que los senadores coinciden de que la Ley 300 es vital para la seguridad de los más vulnerables, lo cierto es que el proceso demora la contratación de servicios y por ende, retrasa la función del empleado que en su gran mayoría es atender a menores de edad, adultos mayores o personas con impedimentos.

En la vista pública, no se logró precisar cuántas personas están en lista de espera actualmente y tampoco cuántas llamadas recibe Salud al día para gestionar la certificación bajo la Ley 300.

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El Departamento de Salud también está de manos atadas ya que tampoco cuenta con un centro de atención al cliente físicamente para brindar asistencia y orientación a los solicitantes. La atención al cliente se realiza a través de medios digitales, llamadas telefónicas o por medio de correo electrónico.

Ramos Otero mencionó que han estado discutiendo alternativas para mitigar la demora de hacer las citas y como parte de agilizar el proceso, en las próximas semanas, se abrirán dos oficinas satélites en los pueblos de Fajardo y Ponce para bajar el tiempo de espera de los solicitantes.

Actualmente quien tenga que hacer el proceso de emisión de certificación tiene que viajar hasta San Juan.

“Estaremos identificando lugares para agilizar el proceso. No es aceptable que no se pueda admitir a un empleado (a un trabajo) porque está atascado en un proceso burocrático del Gobierno”, apuntó el secretario designado de Salud.

“El Programa de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Puerto Rico (PRBCP) recibe un alto volumen de llamadas diariamente, lo que supera su capacidad de atención debido a la insuficiencia de personal. Actualmente, dispone de solo dos oficiales administrativas, lo que repercute negativamente en los tiempos de espera y, por ende, en la calidad del servicio ofrecido. El PRBCP se encuentra en la fase de contratación de dos empelados adicionales, sin embargo, la falta de fondos adecuados limita la posibilidad de incorporar más personal”, expresó Ramos Otero en la vista pública.

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Hasta la fecha, los costos por servicio también han sido ente de controversia entre los ciudadanos. Para obtener una certificación bajo la Ley 300, la persona debe pagar $70.00 de los cuales se destina un monto de $23.95 al Departamento de Salud, que es la agencia encargada de desarrollar y regular el sistema. El resto del dinero es enviado al Departamento de Justicia.

La queja principal es que son los solicitantes en su gran mayoría desempleados los que incurren en el gasto para poder empezar en un trabajo nuevo, una situación que muchos califican como contraproducente.

El secretario de Salud anunció, además, que estará extendiendo la vigencia de la certificación a tres años, para que el peso de los $70.00 no sea un impacto anual, en lo que la Asamblea Legislativa enmienda la ley.

Ramos Otero expresó ante la Comisión de Vivienda y Bienestar Social que el Departamento de Salud también tiene la responsabilidad total de llevar a cabo y organizar el proceso de credencialización y certificación de los solicitantes, así para cubrir la nómina de solo 17 empleados que están encargados de gestionar las solicitudes.

El gasto de estos 17 empleados se eleva a un monto superior de $600,000 anuales.

Otro alto costo en el que incurre Salud es con la línea para la transmisión de huellas, que asciende a un monto de $6,375.60 anuales.

“Aquí no hay ganancia para el Departamento de Salud, aquí se usa todo para pagar a los empleados…”, dijo Ramos Otero.

Por su parte ASSMCA, por conducto de Rosa Figueroa Morales, administradora interina, expresó que constantemente reciben señalamientos de este tema entre los que destaca: el alto costo del certificado, tardanza en la solicitud que puede demorar entre uno a tres meses de espera de la fecha de la solicitud a pesar de tomar las huellas dactilares y que también se reportan demoras de hasta un mes o más para la emisión de la certificación.

ASSMCA le solicita la certificación de la Ley 300 a todos los empleados que tienen contacto con pacientes. El que se dilate la emisión de este certificado afecta los servicios de salud mental en ASSMCA.

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La senadora Barlucea, adelantó a NotiCel que el próximo 11 de marzo se convocó a comparecer a vista pública al Departamento de Justicia para que exponga su punto de vista, así como organizaciones sin fines de lucro que atienden a la población más vulnerable.

"Va a estar citado el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y hemos recibido petición de muchas organizaciones que brindan servicios a la niñez, igualmente adultos mayores para participar... Vamos a redactar un informe y automáticamente vamos a verificar la legislación para hacer esas enmiendas, terminar de escuchar todas las recomendaciones y sugerencias de Justicia que prácticamente es el pilar de todo este componente y quien asigna la responsabilidad mediante ley a Salud de comenzar el trámite, pero quien culmina y autoriza es Justicia. Así que, vamos a estar redactando el informe y presentando unas enmiendas a la ley", puntualizó la presidenta de la Comisión.

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