Luego de que el líder senatorial diera hasta el próximo viernes para que los nominados entreguen la documentación requerida.

Algunos de los miembros del Alto Cuerpo se han inclinado en avalar el ultimátum que emitió el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a los nominados que fueron anunciados antes del pasado 12 de enero por la gobernadora.

El aviso del líder senatorial radica en que muchos de ellos no han entregado toda la documentación que por requisito deben someter como parte del proceso ordinario a su confirmación.

Sin embargo, para otros miembros del Senado, este regaño de Rivera Schatz evidencia una falta de comunicación o coordinación entre el Capitolio y La Fortaleza.

Rivera Schatz dio hasta el próximo viernes 28 de febrero para que los nominados completen sus documentos y aseguró que "quien no cumpla será descartado su nombramiento en el Senado el próximo día de sesión. ¡Hay 7,500 resumes en bóveda!”, escribió el líder senatorial en sus redes sociales ayer jueves.

El nombramiento de la secretaria del Departamento de Estado, la licenciada Verónica Ferraiouli, es la única excepción, pues el líder senatorial ya le había dado la deferencia a la Cámara de Representantes para que comenzara su evaluación primero.

Muchos de los nominados han aludido su tardía de documentos a la falta de su informe financiero. Por ejemplo, Janet Parra como secretaria de Justicia y Arturo Garffer como secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) ya habían comunicado que era el único documento que les faltaba entregar.

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“La delegación del Partido Nuevo Progresista, nosotros estamos en la mejor posición de poder evaluar concienzudamente las designaciones que hace la gobernadora, pero también nosotros tenemos que cumplir con un deber de fiducia y de responsabilidad, y en la medida que los documentos no se entreguen, pues también nos imposibilita a nosotros dar unos calendarios. Nosotros, de hecho, hemos hecho vista hasta sábados, porque nosotros estamos interesados en mover los nombramientos… Los documentos tienen que estar completos, y si no están, eso es lo que paraliza. Así que realmente, no solamente es una decisión sabia del presidente, es la postura oficial completa de nuestra delegación de 19 miembros”, expresó a NotiCel la senadora Raxanna Soto Aguilú.

Mientras, la senadora penepé Jamie Barlucea dijo que "el Senado tiene una obligación constitucional de evaluar y confirmar o no, a los nominados a ocupar cargos de liderato en la Rama Ejecutiva. El cumplimiento de esa obligación, requiere que las personas nominadas cumplan con la entrega de los documentos requeridos por ley. La solicitud del presidente del Senado es lo que nuestro ordenamiento jurídico exige".

La realidad es que el Senado puede confirmar y descartar cualquier nombramiento en cualquier momento, ya que no existe reglamento que estipule que los nominados tienen que cumplir con ciertos documentos antes de pasar el cedazo del Alto Cuerpo.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, a pesar de que estuvo de acuerdo con la rigurosidad de Rivera Schatz, aludió las acciones a que no hay comunicación entre la Legislatura y la gobernadora, pues los nombramientos se han atrasado.

“Sí, en parte sí. En general, el caso es que ya se ha esperado demasiado tiempo por varios nombramientos importantes, comenzando por el de la secretaria de Estado, que es la gobernadora interina, mientras la gobernadora actual está de viaje casi todo el tiempo y toma decisiones de política pública junto con su esposo, que es el secretario de la Gobernación. El tema de la secretaria de Justicia, que obviamente es una agencia sumamente importante, el tema del secretario de Seguridad Pública. O sea, las principales áreas del país en las que ya están dirigidas a atender el tema de la seguridad, todavía están al descubierto", expresó Hernández a este diario digital.

"A pesar de que se ha nombrado un comisionado de la Policía, ese comisionado le tiene que rendir cuenta al secretario de Seguridad Pública que en estos momentos está nombrado, pero no está ni tan siquiera en función, porque tiene una misión (en Kosovo). Ya al día de hoy esos nombramientos en receso debieron haber sido o confirmados o rechazados, pero tenían que haber pasado hace tiempo por el consejo y consentimiento de la evaluación de nosotros los senadores", agregó.

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Para Hernández, hay un desfase interno entre Rivera Schatz y la gobernadora.

“No son muchos documentos nada. Muchos de esas personas ya han estado trabajando en el servicio público. Más allá de un informe que le hace el contable, que es lo mismo que hacían a nosotros para poder juramentar, que es un proceso que puede tomar algunas semanas, ¿pero meses?, no creo. O sea, aquí hay empleados, por ejemplo, la secretaria de Estado, que ha estado trabajando con la gobernadora durante todo este tiempo. ¿Qué documento le puede faltar? Yo creo que mucho se ha esperado, pero esta situación también saca al descubierto la pobre comunicación que existe entre el Legislativo y el Ejecutivo porque estas situaciones diarias se discuten en reuniones. En un escenario de un gobierno que tiene todos los votos para poder aprobar lo que quiera, pues no debería estar ocurriendo esto", puntualizó.

Por otro lado, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, describió el ultimátum como una "pugna en el PNP".

"La postura del presidente del Senado lo que demuestra es que existe una pugna en el PNP y no una pugna entre Senado y Fortaleza. El Senado como cuerpo tiene hasta el 30 de junio para aprobar los nombramientos hechos en receso. Este ultimátum responde a las presiones que están ejerciendo ambas partes, Jennifer González y Thomas Rivera Schatz, ambos como líderes del PNP y no como gobernadora y presidente del Senado, respectivamente", aseguró.

Mientras, la senadora y portavoz del Proyecto Dignidad (PD), respaldó al 100% al líder senatorial.

"Me parece una actuación razonable y de eficiencia en el cumplimiento de nuestro deber ministerial como senadores", apuntó Joan Rodríguez Veve.

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