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Legislatura

Se oponen a medida que impulsa "Ley de Apoyo a Sistemas Municipales de Educación"

El Departamento de Educación fue enfático en que el dinero que se le otorgue a los municipios para tener sus propias escuelas, debe salir del Fondo General y no del que OGP asigna para los planteles escolares del estado.

Vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales.
Foto: Suministrada

El Departamento de Educación (DE) se opuso ayer a la medida que evalúa la posibilidad de que se cree la “Ley de Apoyo a Sistemas Municipales de Educación” para que los municipios puedan tener sus propios sistemas educativos.

En su defensa, el DE aseguró que no pueden compartir su presupuesto con los municipios tal como lo establece la medida legislativa, porque el dinero que le asigna la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), esta 100% comprometido con las operaciones de cada uno de los planteles escolares existentes.

En síntesis, El Proyecto del Senado 89, de la auditoria del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca que los municipios —que cuenten con los recursos y la capacidad económica— puedan crear sus propios sistemas de educación.

Sin embargo, la ficha de tranque está en que el proyecto de ley establece que se buscaría de los fondos del DE que no estén comprometidos para ese fin.

Actualmente, el sistema educativo enfrenta múltiples desafíos, desde problemas de infraestructura hasta la falta de personal.

También establece que los ayuntamientos no competirán con el DE sino que serán una ayuda complementaria atendiendo las "necesidades locales de forma rápida y eficaz".

Garantizaría según se establece en el P de la S 89, una educación accesible y de calidad, fomentando autonomía educativa municipal en el desarrollo e implementación de currículos adaptados a cada comunidad y dándole énfasis a las disciplinas de ciencias, matemáticas e idiomas.

Educación estableció en la vista pública de ayer martes ante la Comisión de Asuntos Municipales, que si se enmienda el artículo para que la aportación monetaria sea por parte del Fondo General a los municipios, sin tocar el presupuesto del DE, estarían avalando el proyecto de ley.

"Respetamos el derecho de los municipios de tener sistemas educativos paralelo al Departamento de Educación y considerando una posible enmienda a este artículo que no sean los fondos no obligados del DE, no tendríamos objeción. La inyección que nosotros hacemos a través de escuelas público alianzas viene a darle un apoyo increíble, pero aún así el municipio tiene que desembolsar bastante dinero", expresó Beverly Morro Vega, subsecretaria para Asuntos Académicos del DE.

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Actualmente el DE cuenta con 16 escuelas alianzas donde solo cuatro son administradas por el municipio de San Juan. Para agosto, abrirán cinco escuelas adicionales, una de ellas estará bajo el mando del municipio de Aguadilla.

El DE en todo momento sostuvo en la vista que entienden que los municipios están capacitados para tener escuelas bajo su cargo, siempre y cuando cuenten con el capital.

Mientras, Evelyn Lafontaine, directora en el área educativa del Municipio de San Juan, endosó el proyecto, haciendo hincapié que el asunto fiscal se debe evaluar con cuidado.

Actualmente, los gastos por estudiantes en la School of San Juan por ejemplo, pueden llegar hasta $10,000 aproximadamente y el impacto anual de la escuela está cerca de los $6,000,000.

Reciben de fondos federales $2.5 millones y de fondos ordinarios invierten $3.2 millones.

En síntesis, la aportación de fondos ordinarios siempre es mayor, según la experiencia del municipio de San Juan, administrando escuelas alianzas.

"Yo lo veo muy positivo. Yo siento que la gestión del municipio es más cercana a la comunidad, pero por otro lado veo la necesidad de que no todos los municipios van a poder si no tienen los recursos económicos", aseguró Lafontaine.

El Municipio de San Juan desde el 2003 gestiona la apertura de escuelas bajo la Ordenanza 12, que establece el Código del Sistema de Educación del Municipio de San Juan y desde el 2023, las escuelas municipales de la capital se convirtieron en escuelas alianzas.

"Ventajas del municipio es que nosotros establecemos el máximo de estudiantes por salón. La proporción es buena para desarrollar el aprendizaje. La supervisión al personal se da de una manera más cercana también...", sostuvo Lafontaine.

Los maestros, además, tienen salarios entre $3,100 a $3,300 mensuales y mantienen múltiples acreditaciones educativas, según Lafontaine.

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En cuánto al aprovechamiento académico, se explicó que desde el 2003 cuentan con pruebas estandarizadas y que los resultados han concluido en buen aprovechamiento académico.

"Las escuelas municipales fueron las número uno en todas las escuelas alianzas. Una de ellas la comparamos con una de las escuelas de nuestra isla, nuestra escuela por ejemplo en español tuvo 53.8% mientras todo Puerto Rico tuvo 37.3%...", expresó Lafontaine.

Tanto la Asociación y Federación del Alcaldes solicitaron a la Comisión de Asuntos Municipales un espacio adicional de análisis de la medida, aunque ya los alcaldes asociados enviaron ponencia endosando el proyecto de ley.

El P de la S 89 establece que los municipios cuenten con la aportación de recursos económicos del Gobierno Estatal y la aportación no excederá de una tercera parte del costo total por estudiante en la jurisdicción municipal.

El Estado además, deberá proporcionar financiamiento para la construcción, ampliación y reparación de instalaciones educativas municipales y para la adquisición de terrenos o edificios del Estado que puedan ser utilizados para fines educativos.

El proyecto de ley también obliga a los municipios a desarrollar un Código de Educación Municipal que tenga las normas de admisión, disciplina, evaluación académica y auditorías periódicas.

Por tanto, la medida de ser aprobada reconocería la autonomía de los municipios sobre sus propias escuelas.

Además, la medida establece que el Gobierno Estatal aportará al presupuesto de sistemas de educación municipal mediante la asignación de fondos que no estén comprometido con el DE y estaría incluido bajo el presupuesto general.

Para que el Estado sepa que aportación es correcta otorgar, equivaldrá al costo por estudiante del año anterior en planteles del DE, multiplicado por la matrícula de cada escuela en el sistema municipal.

El proyecto también establece que la aportación tendrá que cumplir con tres criterios:

  1. Que el municipio adopte los requisitos del proyecto de ley.
  2. Que la aportación no excederá de 1/3 parte del costo al total de estudiantes en escuelas públicas en la jurisdicción municipal.
  3. Que los gastos de nómina, beneficios marginales a empleados y contratos de servicios personales no excedan en ningún año fiscal el nivel de un 70% del presupuesto del sistema de escuelas que la aportación fue destinada.

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Se conformará además una Junta Educativa Municipal designada por el alcalde y se establecerá el número de miembros, así como se designaría un presidente de la Junta que fungirá como director ejecutivo del sistema educativo municipal.

El presidente de la Comisión, el exalcalde Josean Santiago Rivera, adelantó a NotiCel que en dos semanas estará convocando la segunda vista pública con la postura de los alcaldes federados y asociados, así como de todos los sindicatos educativos.

Periodista con más de ocho años de experiencia en los medios de comunicación de Puerto Rico, enfocada en los temas legislativos y políticos.