Legisladores arremeten contra la gobernadora y aseguran que insiste en beneficiar a sus suegros por poseer una propiedad en Lajas.

La medida legislativa que sometió la gobernadora Jenniffer González Colón a la Asamblea Legislativa que pretende legalizar que una propiedad privada esté dentro de terreno público en La Parguera, es una copia exacta del Proyecto del Senado 1621 que fue radicado hace nueve años por los senadores Antonio Fas Alzamora (PPD) y Larry Seilhamer (PNP).

El 30 de junio de 2016 que se aprobó la medida y para el 7 de julio el entonces gobernador Alejandro García Padilla había recibido una misiva de parte de catedráticos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), implorando que se mantuviera firme en defensa "del patrimonio público y común".

Por las consecuencias que traería convertir en ley la medida, García Padilla no le dio paso al proyecto y fue vetado.

Sin embargo, nueve años después cuando el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, fuera cuestionado en el Senado sobre sus ejecutorias que pretendían archivar archivar un caso que pesaba en contra de los suegros de González Colón, la gobernadora envió la misma medida que mantiene viva la controversia en Lajas.

Para algunos senadores y representantes, la gobernadora lo hizo con la intención de insistir en que se mantengan las propiedades privadas en área de dominio público aunque eso se traduzca en un acto ilegal.

"Jenniffer González envía tres proyectos al inicio de su gestión, demostrando que no viene a gobernar para la gente, sino para intereses privados. Inició su mandato arrastrando los pies en el nombramiento de jefes de agencias, sumergida en una controversia que pone en duda, una vez más, su credibilidad", expresó a NotiCel el portavoz popular de en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer.

"Mientras Puerto Rico sufre los estragos de una crisis energética sin precedentes, la gobernadora parece más interesada en legalizar un crimen ambiental en La Parguera, beneficiar económicamente a sus suegros y archivar cualquier caso relacionado", agregó.

Historia relacionada: Gobernadora envía proyecto de ley para mantener estructuras en La Parguera

El senador independiente Eliezer Molina también arremetió contra la gobernadora en sus redes sociales por medio de un live e insistió que sus acciones ya se habían avisados desde hace tiempo.

"Ustedes pueden creer que la gobernadora acaba de someter un proyecto de ley para que sus familiares puedan quedarse con La Parguera. Está borracha de poder y de nada vale que siga la gente cantando que nadie se mude cuando esa señora es la que se está robando el país. Se les dijo desde hace un montón de tiempo y mira donde nos metieron. Ahora tiene el poder absoluto para robarse La Parguera", apuntó Molina.

Por su parte, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, insistió que la gobernadora "solo gobierna para ella, no para el país".

"Si esto se convierte en ley, sus suegros van a poder disfrutar de su casa por un mínimo de 40 años. Así que, la gobernadora ha enviado un proyecto a la Legislatura para asegurar la legalidad y permanencia de sus allegados por un mínimo de 40 años adicionales. Es impropio, imprudente y demuestra ser un tentáculo de Donald Trump en Puerto Rico", indicó.

"Estas son las actitudes de una persona que tiene un claro menosprecio a la indignación de un país y está gobernando para ella, no está gobernando para el país. Si me dicen que no tiene ningún interés en las casas de La Parguera, pues entonces está gobernando en contra del medio ambiente", añadió.

La portavoz en el Senado del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, también levantó la voz y dijo que "el proyecto de ley sobre La Parguera, presentado por la gobernadora, no es otra cosa que una petición directa a la delegación del PNP en la Legislatura para que le garanticen, mediante ley, sus intereses personales. A mi juicio, dicho proceder es impropio y cuestionable".

Este proyecto de ley en sí lo que busca es enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Según la exposición de motivos, estas estructuras que datan del 1960 "están ubicadas en la zona marítimo - terrestre sobre terrenos sumergidos de dominio público, han sido objeto de innumerables conflictos legales y administrativos".

Pero, aún así las propiedades son una "pintoresca arquitectura" y se ha convertido en un atracción turística, con la falla de que no están sujetas al pago de cánones al Estado por su uso.

Por tanto, si se aprueba nuevamente este proyecto reciclado, las propiedades que son ilegales por estar en espacio de dominio público, ahora podrán quedarse sin estorbo alguno, con la diferencia que tendrían que pagar por su permanencia en el lugar "por construir enclaves de propiedad privada en zona marítimo -terrestre sobre terrenos de dominio público", dicta la medida.

Historia relacionada: Al secretario del DRNA también le ofrecieron dirigir la oficina del COR3

Si se le da paso al proyecto, facultaría al secretario del DRNA a reglamentar el uso y operación de residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero en terrenos de dominio público y en las aguas de La Parguera.

También lo facultaría para cobrar una licencia o canon anual por el uso de "la superficie en las porciones de terrenos públicos y de agua que ocupen estructuras a la fecha de la vigencia de esta ley".

Estas residencias estarán sujetas a cánones por un término de 40 años y sujeto a renovación. Los cánones que se podrán cobrar será entre un 5% y un 10% mayor a los establecidos y cobrados por el mismo DRNA a las marinas y muelles en Puerto Rico.

Para que las residencias cumplan con este proyecto de ley, deberán cumplir con el control y prevención de la contaminación. Si no cumplen, se le prohibirá el uso de la propiedad.

Además de pagarle al Estado por estar ahí, las propiedades también se tienen que mantener con "pintoresca y colorida arquitectura" para que sigan siendo un "atractivo turístico de la zona".

Se les prohíbe llevar a cabo obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura y si una de las propiedades se destruye total o parcialmente, que exceda el 50% de la totalidad de la estructura, tampoco podrá ser reconstruida.

Si se convierte en ley, los próximos 60 días el DRNA tendrá que ordenar a los propietarios afectados so pena de una sanción administrativa de hasta $500 para que presenten al DRNA las certificaciones por un ingeniero o agrimensor sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero en terrenos de dominio público.

Para que no se malinterprete la medida, la Sección 5 de la medida asegura que: "nada de lo dispuesto en esta Ley podrá interpretarse en el sentido de que el Gobierno de Puerto Rico está cediendo sus derechos sobre los terrenos de dominio público y en las aguas del litoral costero del barrio La Parguera del Municipio de Lajas, ni de ningún otro municipio".

Historia relacionada: Molina refiere a las autoridades federales “construcción ilegal” en La Parguera

Se adjuntan medidas radicadas en el año 2025 y 2016: