Mientras que al otro proyecto de ley que aumenta multas por el Negociado de Energía a las compañías que trabajan con la energía en en el país, le dieron mayor apertura.

Varios de los miembros de la Legislatura están en desacuerdo con la medida enviada por la gobernadora, Jenniffer González Colón, que busca atemperar la transformación de energía eléctrica en una renovable, dándole así más tiempo de vida a la Applied Energy Systems Puerto Rico, mejor conocida como AES, que son los encargados de producir energía mediante la quema de carbón.

El proyecto de ley, que fue enviado por González Colón pero radicado por los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), busca enmendar la Ley 17-2019 conocida como "Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico" y la Ley 82-2010, "Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico".

Con las enmiendas aplazan la eliminación del uso de carbón como fuente de generación hasta el 2030, eliminando así la fecha del 1ro de enero de 2028. Incluso, la medida destaca que la fecha podrá ser aplazada por el Negociado de Energía de Puerto Rico por periodos adicionales de cinco años "si la generación que surge de dicha fuente, medida al 2024, no ha podido ser reemplazada por fuentes de generación más limpias a costos razonables", reza el proyecto.

Además, solo se eliminaría el uso de combustible fósil para la generación de energía si la integración de energía renovable está a un "costo razonable", así como se establece una Cartera de Energía Renovable con el fin de alcanzar el 100% de energía renovable en o antes del 2050.

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El Artículo 2.13 también establece que se eliminaría las energías de combustibles fósiles en "la fecha dispuesta en dicha ley", que no es otra cosa que la eliminación de la fecha del 1ro de enero del 2028 y aplazarlo hasta que estén todas las exigencias contenidas en esta medida.

"Esto es extender la fecha de la permanencia de la AES en Puerto Rico porque aunque es una ley en general, no es otra cosa que traicionar lo que se hizo por consenso en la Asamblea Legislativa del reclamo de las familias de Guayama, de toda la zona de poner un punto final a ese crimen ambiental que es quemar carbón en Puerto Rico y que ha tenido terribles consecuencias de enfermedades en toda la zona de Peñuelas, donde depositaban las cenizas...", expresó el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón a NotiCel.

"Me parece que es una manifestación de fracaso de lo que tiene que ser una política pública de energía renovable para añadirle además los cambios de las fechas y permitir que se cambie hasta el 2030 y darle la capacidad al Negociado de Energía de extenderlo cinco años mas, me parece que es no reconocer y promover la permanencia de energía sucia en Puerto Rico...", añadió.

El senador del PIP, Adrián González, expuso el mismo punto de Márquez Lebrón de que la medida solo busca "quemar carbón indefinidamente".

"Propone que se use por ejemplo la quema de carbón indefinidamente, aunque ahí dice que no es más tarde del 2030, se añade un lenguaje que dice que esa fecha puede ser aplazada por el Negociado de Energía por periodos adicionales de cinco años... O sea que periodos adicionales de cinco años puede significar para siempre si no se cumple con que se pueda buscar una fuente de generación más limpia a un costo razonable", sostuvo.

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Otro proyecto de ley que envió González Colón, fue para enmendar la Ley de Transformación y Alivio Energético, para así aumentar las multas que puede imponer y facilitar el cobro de las mismas a operadores de energía.

A diferencia de la primera medida, esta tuvo más apertura en la Legislatura.

"Respecto de los proyectos que abordan el tema energético, veo positivos darle al Negociado de Energía de Puerto Rico mayor autoridad sobre sus regulados. Esperaría que el conferirle mayores facilidades reguladoras sirva para hacerle frente a los operadores del sistema eléctrico ante las ineficiencias incurridas", dijo a este diario digital la senadora Joanne Rodríguez Veve.

Mientras, el portavoz alterno del PIP, Adrián González dijo que las multas no son sinónimo de fiscalización pero que la delegación está dispuesta a evaluar la medida mediante la celebración de vistas públicas.

"Le ponen un precio a la ineficiencia. Vamos a subirle las multas a las compañías que están a cargo de la energía de Puerto Rico por incumplimientos que hagan. Eso no es fiscalización. La fiscalización es evitar el incumplimiento de las condiciones que le imponen en los contratos", aseguró.

De aprobarse este proyecto de ley, el Negociado podrá imponer multas administrativas de hasta un máximo de $125,000 por día, pero nunca excederían del 5% de las ventas brutas, del 15% del ingreso neto o de 10% de los activos netos de la persona o la compañía de energía sancionada.

Si la compañía persistiera en violaciones a la Ley se podría imponer una multa de un máximo de $250,000 diarios, así como podría ascender hasta $500,000 si así se determina.

Ya el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, aseguró que se encuentra listo para evaluar con detalle los dos proyectos sobre energía radicados por la gobernadora.

“Esta Cámara de Representantes, liderada por Carlos 'Johnny' Méndez, tiene un compromiso con atender de forma urgente, el tema energético. La Gobernadora anunció la radicación de dos medidas de Administración que van enfocadas a este asunto, vital para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. La Comisión de Gobierno va a evaluar, de manera ágil y con urgencia, los dos proyectos sometidos. Al momento de ser asignados a la Comisión, los vamos a trabajar rápidamente”, sostuvo Parés por medio de declaraciones escritas.

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