Pero admitió ante el Alto Cuerpo que la orden administrativa fue firmada después de tan solo dos horas de evaluación.

El secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, aseguró que ponen en tela de juicio su integridad por haber eliminado la multa de $25,000 que enfrentaban los suegros de la gobernadora, Jenniffer González Colón, por construcción ilegal y daños ambientales en La Parguera, Lajas.

Dijo además que lo que hacía era "acabar con un problema histórico" que se arrastraba desde las pasadas administraciones.

“Tuve el privilegio de ser nombrado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el 9 de enero del 2025. Entre las tareas que hice de manera inmediata, luego de juramentar, fui personal al Departamento y entre varios asuntos que trabajé ese día, decidí acabar con un problema histórico que está afectando a la reserva natural conocida como La Parguera. Hay quienes han tratado de decir o insinuar que yo firmé esta orden administrativa con la intención de favorecer a personas particulares, cuestionando los motivos detrás de firmar la orden y en un ataque directo a mi integridad, capacidad y justedad”, fueron las primeras expresiones de Quiles.

“Permítanme dejar el récord claro, esta orden lo que hace es recoger en parte el Proyecto del Senado 1621 que fue sometido a la Asamblea Legislativa en el 2016 y fue enviado para firmar entonces el gobernador, que obviamente no lo firmó. Estas imputaciones no son correctas, mis actuaciones responden única y exclusivamente a concretar un esfuerzo institucional de décadas que la agencia me fue encomendada enfrenta. Una situación crítica, una verdadera emergencia ambiental que se ha visto sumida en un limbo por falta de acciones concretas”, agregó.

El secretario insistió que nunca consultó con la gobernadora para firmar la orden administrativa e hizo hincapié de que en tan solo dos horas logró firmar la orden determinando que beneficiaría a la reserva natural de La Parguera.

Dijo además que la orden ya había sido preparada por el pasado secretario del DRNA interino, Robert Méndez y que fue redactado por el abogado Samuel Acosta.

Esta orden nunca fue consultada ni con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ni la Oficina de Ética Gubernamental.

Varias de las cosas que esta orden persigue, según Quiles, es detener las construcciones fuera de la huella de ocupación a través de la aprobación de un plan detallado y la delimitación de las áreas permitidas para el desarrollo.

"Buscamos controlar el desarrollo desordenado que afecta la integridad de los ecosistemas marinos. Prohibir nuevas construcciones. La orden establece la prohibición de nuevas estructuras en la zona y la concesión de derechos de ocupación no será de carácter permanente. Esta medida está orientada a prevenir el desarrollo no regulado que históricamente ha impactado los ecosistemas marinos del área. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha asumido un compromiso firme y decidido para cumplir con su misión de proteger la reserva natural de La Parquera de la manera más efectiva y rigurosa que cualquier administración anterior", indicó.

"Durante décadas, distintos secretarios han discutido la necesidad de poner orden en La Parquera e invertido cientos de miles de dólares en esfuerzos infructuosos que no han generado ningún beneficio para los recursos naturales de la zona. Sin embargo, bajo nuestra administración, por primera vez hemos tomado acciones decisivas para frenar las construcciones ilegales y otras actividades que amenazan la integridad ecológica del área. De hecho, esta es la primera vez que los caseteros deberán pagar por el uso de los bienes de dominio público...", sostuvo.

Para Quiles "ya era hora" de poner orden en La Parguera e insistió que lo que hizo era lo correcto y que si no lo era, ya estuviera preso.

"Ya era hora que lo hiciéramos. El período de concesión de cinco años de los caseteros junto con la delimitación de zonas de ocupación y los controles iniciales implementados nos va a permitir contar con el tiempo necesario para desarrollar un plan de manejo. Este plan, que se fundamentará en la mejor información científica disponible, será resultado de un proceso de participación ciudadana que incluirá la colaboración activa de las comunidades locales científicos y expertos en la materia", indicó.

"El plan será financiado con fondos federales provenientes de la NOA que están destinados específicamente para estos esfuerzos de conservación. Esto nos permitirá llevar a cabo acciones sostenibles y eficaces para preservar los recursos naturales de la zona. Es importante resaltar que la aldea administrativa 20-2501 es sólo una parte de un esfuerzo mucho más amplio", puntualizó.

Los miembros del Senado continúan las interrogantes ante Quiles.

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