Decidieron que lo prudente era esperara que el Partido Nuevo Progresista (PNP) radicara sus medidas para ellos así fiscalizarlos.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, adelantó el martes que aun no radicará medidas en favor al cese del contrato del operador privado LUMA Energy, pues acordó esperar que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) radique los proyectos de ley que prometieron someter bajo los mismos fines.

El PIP, que ahora ha logrado cinco escaños en la Legislatura, dos en el Senado con María de Lourdes Santiago y Adrián González y tres en la Cámara de Representantes con Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nellie Lebrón, decidió que, en el tema energético, lo correcto era fiscalizar y evaluar que los proyectos de ley de los penepés vayan acorde y en favor del pueblo.

A pesar de que no lo expresaron, esta puede ser una estrategia pensada conociendo de antemano que hay un copo en la Asamblea Legislativa de la delegación del PNP, lo que provocará que sus propias medidas sean aprobadas sin mucha piedra en el camino.

"La posición que hemos asumido o que hemos planteado como delegación es que los proyectos que se van atender en estas próximas dos semanas están supuestamente dirigidos a todo eso. En el caso de la Cámara, están pidiendo un montón de información a través de la Comisión de Gobierno", dijo Márquez Lebrón.

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"Con el planteamiento de fiscalización, nosotros vamos primero que nada a fiscalizar esa legislación y ver si se atreven a llegar hasta lo último que es la cancelación del contrato... Me han anunciado que viene un gran grupo de proyectos y la posición de nosotros es hacer eso. Pero, tenemos la capacidad de radicar inmediatamente cualquier medida...", añadió.

El PIP reconoce que una de las primeras medidas que estarán en consideración en la Asamblea Legislativa, es la creación en ley del Zar de Energía que tiene como propósito buscar herramientas para prescindir del contrato de LUMA. Una política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Santiago Negrón y Márquez Lebrón, en el pasado cuatrienio, llegaron a radicar una medida que proponía rescatar la producción energética como un servicio público y que a su vez sea con una transición a la producción de energía renovable.

La Resolución Concurrente del Senado 61 y la Resolución Concurrente de la Cámara 81, que quedaron en el tintero, buscaban crear un Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético, compuesto por 10 personas.

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Estos integrantes iban a ser nombrados dentro de un término de 15 días contados a la aprobación de esta Resolución.

Dicho comité, tendría como función principal crear un plan concreto que implementado, permita al Gobierno realizar dentro de un término de un año, una transición ordenada a un modelo público “y eficiente de generación, transmisión y distribución energética que priorice la producción mediante fuentes renovables”, reza la medida.

También tendrían 30 días a partir de la designación total de sus integrantes, para aprobar el reglamento que rija el funcionamiento interno.

Aunque la pasada Asamblea Legislativa le dio de codo a las resoluciones, el PIP asegura que luego de la radicación de sus medidas en el mes de junio, es que llegaron más proyectos de ley que buscaban un mismo fin, sacar a LUMA del mapa.

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