Se alega que las plazas fueron otorgadas a empleados simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El Negociado de Bomberos de Puerto Rico aceptó en una vista pública que en los expedientes de los bomberos que fueron ascendidos en el 2023, no aparece evidencia que respalde su ascenso de trabajo, así como los pasos por méritos que se llevaron a cabo para justificar el cambio de plazas internas.

Los pasos por méritos no es otra cosa que un incremento salarial que se brinda a un empleado después de realizarle una evaluación de sus ejecutorias.

Las expresiones se llevaron a cabo en una audiencia pública que llevó a cabo el representante Luis Narmito Ortiz Lugo como presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Esta vista pública tenía la intención de darle seguimiento a la investigación que la comisión ha realizado desde abril sobre el proceso de convocatorias, selección de nombramientos y alegaciones de irregularidades, atrasos y demoras en la entrega de documentos requeridos por la Cámara de Representantes por parte del Negociado de Bomberos.

“Las gestiones que hemos realizado no han sido exitosas en conseguir el análisis, esa hoja, ese documento, ese análisis que los llevó determinar si le iban a conceder un paso (por mérito). Eso es un aspecto de retribución. Eso no es un aspecto de la capacidad que tenía ese bombero para ejercer las funciones como sargento, como teniente (o) como capitán…”, expresó Miguel Candelario, abogado del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

El Negociado de Bomberos, que está bajo la sombrilla del DSP, realizó 104 ascensos aproximadamente en el 2023 que, según se denuncia, fueron plazas que ya tenían nombre y apellido.

“Estos ascensos que hizo el Negociado de Bomberos fueron para cubrir unas plazas de una recomendaciones del gobierno de turno. O sea, que ellos ya tenían las personas señaladas, ya esos puestos vienen recomendados de arriba, no vienen del Negociado y entendemos que es una injusticia”, dijo a NotiCel Melvin Torres Padilla, capitán de bomberos.

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“Aquí hay personas con años de experiencia, preparación académica, hay personal apto para trabajar y en el caso de esos ascensos, eso no se tomó en consideración… Lo cierto es que estos ascensos no tienen ningún tipo de justificación. Aquí no hay ningún tipo de mérito, el único mérito que existe aquí es que tú tienes que pertenecer al partido que se encuentra en el momento para tu poder clasificar para esos puestos…”, añadió.

El DSP enfrenta varias demandas en su contra por estas acciones. Unas se están evaluando a nivel estatal y otras a nivel federal.

Las demandas son por derecho a la libertad de expresión, discrimen político, persecución política, entre otros planteamientos.

“Se hicieron las impugnaciones correspondientes a las agencias pertinentes y ninguna hizo nada.Por eso, acudimos a la Comisión de Seguridad para que entablaran una investigación…”, destacó Torres Padilla.

Torres Padilla, que lleva 27 años en el Negociado de Bomberos, a preguntas de NotiCel sostuvo que luego de solicitar que se realizara una investigación al DSP por las irregularidades con relación a los ascensos, ha sido víctima de persecución.

“Ese es mi caso y el caso de mi compañero Eulando Piñero ( quien es sargento en el Negociado). Hemos sido víctimas de persecución de esta administración. He sido trasladado cada vez que levanto mi voz y he sido perseguido…”, aceptó.

“A mi se me trasladó arbitrariamente de un lugar a otro de trabajo simplemente por situaciones que están envueltas en este asunto y en mi caso, soy la persona que tuvo que presentar una demanda en el tribunal federal que se está atendiendo…”, apuntó Piñero.

Unas dos semanas después de las primeras vistas públicas a las que compareció Piñero en la Cámara, fue trasladado de la estación de Bayamón, donde estaba a cargo del programa de adiestramiento, supervisaba a 29 bomberos y coordinaba preplanificación de respuesta de emergencia, a la estación de Dorado, la que menos emergencias atiende en el distrito de Bayamón y en la que solo supervisaba unos 13 bomberos.

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Luego, le notificaron su traslado el día antes y no se le informó de su derecho a apelar la directriz. En abril, Piñero estaba supuesto a recibir ascenso al grado de teniente, pero el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos, no se lo concedió, a pesar de que cumplía con los criterios, según la demanda que está actualmente en el pleno federal.

Esto le representó quedarse en su salario de $3,340 como sargento, en vez de acceder a un salario de hasta $4,194 como teniente.

“Según el organigrama del DSP, ¿quién le provee a Yadira Rivera (la exdirectora de recursos humanos y relaciones laborales) la información?”, cuestionó la representante Mariana Nogales Mollineli, al referirse a quién es la persona encargada de emitir recomendaciones para un ascenso.

“De acuerdo a la cadena de mando sería el secretario, luego el secretario auxiliar de administración y gerencia, y luego está mi puesto que es director de recursos humanos”, respondió Charysell Ayala, la directora actual de recursos humanos del DSP.

“Pero por ejemplo: en el expediente de un empleado que ha recibido un ascenso y que se ha dado por pasos por méritos, debe haber una carta justificativa de quién es que hace esa recomendación…”, le contestó Nogales.

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“Quienes están en las posiciones de supervisión o de mayor poder, son quienes toman las decisiones y son los que dan las instrucciones a los bomberos…si las personas no tienen en sus expedientes la justificación de los ascensos, pues nada nos asegura que tengan la mejor capacidad para tomar las mejores decisiones que salven vidas…”, denunció la representante.

Todavía el DSP no ha enviado requerimientos de información que se le solicitó desde el mes de abril.

La Cámara de Representantes también entabló una demanda el pasado mes de julio contra el DSP por incumplimiento en la entrega de documentos.

Ortiz Lugo, al finalizar la vista, puntualizó que seguirá celebrando vistas públicas antes de que termine el año, para esclarecer las incongruencias en el DSP.

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