Secretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar, también atribuyó fallas en caso de Hermes Ávila Vázquez a las incongruencias por las leyes enmendadas.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, aseguró en una vista pública ayer que las fallas sistemáticas que provocaron la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez obedecen a las incongruencias existentes en las leyes que se han enmendado y que han dado paso una reglamentación correccional ineficiente.

A pesar de que Escobar Pabón también aceptó que hubo negligencias de parte de Physician Correctional, en la evaluación médica del asesino de Ivette Joan Meléndez, y que es un asunto que no está relacionado a los posibles cambios de ley, no cancelará el contrato de la empresa ya que “no existe una multiplicidad de empresas locales que pueden ofrecer (los servicios que da Physician)".

Las expresiones las ofreció en la última vista que llevó a cabo la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que preside el senador independiente, José Vargas Vidot.

A pesar de que la investigación legislativa estaba llevándose a cabo con la Comisión de lo Jurídico que preside el líder senatorial, José Luis Dalmau Santiago, este no asistió a la audiencia pública tras estar en otra actividad del Senado a la misma hora.

Solo estuvo presente en la vista pública el senador del Partido Nuevo Prgresista (PNP), Thomas Rivera Schatz.

“Encontramos ciertas incongruencias entre las propias leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa y entre algunos reglamentos del DCR. No obstante, nosotros hemos estado trabajando y revisando la reglamentación y dentro de esos ampliamos un reglamento que aprobamos en septiembre 2023 donde le damos un poco más de amplitud y fuerza a este proceso…”, expresó Escobar Pabón.

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Sin embargo, para Vargas Vidot, las expresiones fueron solo una mera excusa de la secretaria para alegadamente tapar las negligencias de la agencia que administra.

“Yo ni caso le hice porque en realidad las incongruencias las provocó ella. Los reglamentos están firmados no por el Departamento de Justicia, no están firmados por la Legislatura, están firmados por ella. Es ella la que decide sopesar más el reglamento que ella redacta…”, dijo el senador en un aparte con NotiCel.

“Me pasmé aún más que se reafirmara en que la Ley 25 no estaba en juego, cuando se hicieron las decisiones de provocar estas salidas de este mecanismos de privilegio y todos los documentos del propio DCR, como el papel que utiliza la doctora, el formulario dice salida por Ley 25…”,añadió.

Escobar Pabón había destacado que como parte de los cambios al reglamento del DCR que se están haciendo, se actualizó para eliminar la posibilidad de un desvío a convictos por problemas con prognosis de vida corta, así como el término “condiciones fisiológicas limitantes”, gracias a la aprobación del P de la C 1957.

Esta medida fue convertida en la Ley 154-2024 el pasado 8 de agosto 2024 y es de la autoría de Gretchen Hau, Héctor Ferrer, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Juan José Santiago.

“Los pases extendidos por condiciones fisiológicas ya no existen. Ya la ley lo eliminó”, aseguró la secretaria.

La intención de esta vista, según el senador Vargas Vidot, era evaluar si internamente ya se habían realizado movimientos para mejorar el proceso de excarcelación de un reo.

Según la secretaria, se han tomado medidas inmediatas y otras esperan por el informe final del Departamento de Justicia, tras involucrar posibles cargos criminales.

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El pasado 31 de mayo, la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC) emitió un informe final de investigación donde sometieron una serie de recomendaciones. Por ejemplo: que se revisara la reglamentación aplicable de los pases extendidos tanto de la Ley 25 como para aquellos que se otorguen al amparo del Artículo 16 del Plan de Reorganización del DCR.

El DCR comunicó que conformaron un Comité Evaluador de Reglamentos y Normativas Vigentes para realizar los cambios pertinentes a las reglamentaciones de la agencia.

Hasta el momento de la vista pública, solo existía un borrador conformado, por lo que el senador solicitó que se le hiciera entrega del borrador en un periodo de cinco días laborales.

En cuánto a Physician Correctional, la OISC solicitó que se considere reevaluar la continuidad del contrato, ya que UTICorp también concuerda que la entidad “fue negligente en su proceder”.

Del informe se desprende, que debe existir “mayor rigurosidad en procesos de auditorías constantes para que el DCR pueda asegurarse que Physician Correctional cumple con las leyes y reglamentos aplicables…”.

Escobar Pabón dijo que retirar en el presente el contrato del panel de médicos, podría “afectar gravemente los servicios médicos de todo el sistema correccional”.

Sin embargo, mencionó que estaría dando instrucciones para identificar potenciales suplidores con los mismos servicios para una “posible transición si no se pudiera establecer un plan de acción correctiva adecuada con la empresa”.

"No es complicado, no lo es (que exista otro proveedor que brinde los servicios) primero porque la base de los servicios de salud en Corrección está cimentado en salud correccional, no sobre Physician ...", reaccionó Vargas Vidot.

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En lo que respecta a otra recomendación de OISC para prescindir de los contratos de los médicos evaluadores, la secretaria explicó que aún no ha efectuado tal comunicación al panel de médicos porque están esperando que el Departamento de Justicia culmine el informe de los hallazgos.

“Hice una solicitud para que la doctora Deborah Arus Rosado (especialista en medicina de familia) para que fuera removida del centro médico correccional donde ella ejercía funciones a los efectos de que no interfiera, ya que fue presidenta de este comité, así como tampoco interfiera en atender a Hermes Ávila Vázquez ”, apuntó Escobar Pabón.

Sin embargo, ya UTICorp en su informe había descrito que la evaluación médica del convicto había sido “uno deficiente, incompleto y pobremente ejecutado”.

Otras de las recomendaciones que aparecen en el informe, es la reevaluación médica de los confinados que estaban disfrutando de sus pases extendidos.

De acuerdo a lo mencionado en la audiencia pública, no se han otorgado nuevos pases extendidos cónsonos a la aprobación recién de la Ley 154-2024.

“Como consecuencia de haber dejado sin efecto dichos pases extendidos, algunos de los participantes han presentado recursos judiciales en contra del DCR solicitando el restablecimiento de pases extendidos que fueron revocados”, expresó la secretaria.

No trascendió cuántas demandas hay en contra del DCR por limitar los pases, pero el Departamento de Justicia se encuentra atendiendo actualmente en los tribunales dichas demandas.

Otra recomendación sustancial del informe de la OISC, fue evaluar las actuaciones y omisiones de los ocho empleados que intervinieron en el proceso que culminó con la otorgación del pase extendido a Ávila Vázquez .

A estos empleados se les notificó la intención de destitución de sus puestos, pero solicitaron la celebración de vistas informales ante un oficial examinador, para exponer sus razones por la que entienden que no deben ser retirados de sus puestos.

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Estas vistas se estima culminarían a finales de este mes de septiembre.

Hasta ahora, los 21 participantes que habían obtenido pases extendido por condiciones de salud, el DCR revocó cuatro de los convictos, se reingresaron nueve, un participante cumplió su término, seis se mantienen activos y uno falleció.

Vargas Vidot dijo en un aparte con la prensa que el 66% (de los 21 participantes) que salieron bajo la Ley 25, salieron ilegalmente.

El senador concluyó que espera tener el informe final de las 10 vistas realizadas sobre las negligencias en el caso de Ávila Vázquez y posibles cambios a la Ley 25 para el próximo mes de octubre.

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