El líder cameral, Rafael "Tatito" Hernández había indicado que, para esta pesquisa de las Alianzas Público Privadas, contrataría a personal externo con el peritaje para realizar las auditorías.

La Cámara de Representantes había anunciado para el mes de junio, la decisión de llevar a cabo una investigación para auditar los contratos bajo la jurisdicción de las Alianzas Público Privadas (APP) y todavía se desconoce el desenlace de la investigación.

La Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) tiene bajo su poder fiscalizar el contrato de LUMA Energy, junto al Negociado de Energía.

NotiCel intentó comunicarse con el líder cameral, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, desde la semana pasada para que brinde una actualización, pero hasta el momento de la publicación no ha estado disponible. Se trata de otro ejercicio de pobre transparencia y rendición de cuentas del derrotado político, ya que este medio lleva varios meses intentando entrevistar a Hernández Montañez sobre sus planes.

Mientras, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas de Energía, Jesús Hernández Arroyo, mencionó a este diario digital que desconocía cómo iba el proceso.

Las intenciones de Hernández Montañez incluían abarcar todas las entidades bajo la AAPP, pero el principal estaría sobre el desempeño de LUMA Energy y de Aerostar. En concreto, quiere pasar juicio sobre el uso que estas entidades han dado a los fondos federales asignados.

Este diario digital también se comunicó con la AAPP para conocer si han recibido alguna solicitud como requerimiento de información, pero mencionaron que la investigación va dirigida a los operadores y que no se han comunicado al respecto.

La ejecución de esta empresa a cargo del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica, según analistas, le costó la primaria al gobernador Pedro Pierluisi y ha lanzado a varios legisladores penepés a ahora enfilar sus cañones hacia la compañía.

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El líder cameral también había mencionado el pasado 15 de agosto, que el cuerpo legislativo se autoconvocaría en una audiencia pública con el fin de investigar a fondo la situación financiera de las APP.

En un comunicado de prensa, Hernández Montañez no precisó el costo de este ejercicio. Actualmente, el presidente cameral está impedido de gastar más del 50% del presupuesto de la Cámara que entraría en vigor el 1 de julio al ser año electoral.

“Más allá del cumplimiento contractual, lo que vamos a hacer es una Auditoría Financiera-Forense que certifique que los números que brindó el contratando son los correctos, incluyendo la base de sus datos financieros”, había explicado Hernández Montañez.

El líder cameral también había indicado que, para esta investigación a las APP, contrataría a personal externo con el peritaje para realizar las auditorías que se centrarán, sin limitarse, en los asuntos financieros y operacionales en el manejo y administración de los contratos de todas las alianzas público-privadas suscritos por el Gobierno.

Por la parte del Senado, varios senadores han manifestado un disgusto similar, pues desde el pasado mes de marzo, el líder senatorial, José Luis Dalmau Santiago, ha exigido mayor transparencia en los contratos.

Precisamente para la misma fecha, el Senado aprobó una medida para enmendar la Ley 29, mejor conocida como la Ley de Alianzas Público Privadas (APP), con la intención de obligar a la entidad a divulgar públicamente los procedimientos y contratos que estén negociando para, según los proponentes del proyecto, evitar contratos fraudulentos que no sean de beneficio a los puertorriqueños.

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El Proyecto del Senado 1061 es de la autoría de Dalmau Santiago y a pesar de que se aprobó en ambos cuerpos, permanece aún en Comité de Conferencias.

El proyecto estipula que “los procesos de evaluación, selección y negociación con los proponentes, se llevará a cabo de forma transparente y mediante un proceso de divulgación sobre la información suministrada…”. Así, toda información sobre el proceso y documentos sometidos por los proponentes deberá ser pública a través del portal de la AAPP.

También obliga al Gobierno a publicar un aviso en español e inglés en algún periódico de circulación y en internet anunciando que se está llevando a cabo una evaluación, una selección o una negociación con una empresa para la posible otorgación de un contrato de alianza. Esa publicación no debe comprometer información que sea indispensable proteger, dice el proyecto.

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