Entre sus vetos, figura el proyecto que incrementaba las pensiones de los empleados públicos jubilados, con excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico, a un 10% en su primera fase.

El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley un proyecto de ley que aumenta de $200,000 a $500,000 el valor que requeriría una obra de pública o de construcción para que la otorgación del contrato tenga que tramitarse mediante subasta a nivel municipal.

Además, la medida del portavoz penepé Thomas Rivera Schatz y el popular Héctor L. Santiago diispone que si el contrato fuera adjudicado durante una declaración de emergencia decretada por el Alcalde por el Gobernador o por el Presidente de Estados Unidos, el valor del trabajo podría alcanzar $1 millón sin tener que ir a subasta.

El Proyecto del Senado 1436 fue presentado luego de que el país viviera un cuatrienio en que múltiples alcaldes han sido acusados y convictos por corrupción.

Durante este cuatrienio, seis alcaldes fueron convictos por corrupción a nivel federal: Ángel Pérez Otero, Javier García, Reynaldo Vargas, Eduardo Cintrón, José Luis Cruz, Luis Arroyo y Félix Delgado Montalvo.

Los autores de la medida indicaron en la Exposición de Motivos que estas subastas son otorgadas a través de la Junta de Subastas, cuyos integrantes son nominados por el alcalde o la alcaldesa. Defendieron la medida al plantear que una ley recientemente aumentó el valor de las propiedades que se benefician del Programa de Impulso a la Vivienda y que el costo de los materiales de construcción ha aumentado.

Además, los salarios de los obreros de la construcción asignados a trabajos de reconstrucción y recuperación son más altos.

Pierluisi, de otra parte, no dio paso al Proyecto de la Cámara 2038, que aumentaba las pensiones a la mayoría de los empleados públicos.

En una declaración de La Fortaleza, se argumentó que Pierluisi siempre se opuso al recorte en las pensiones propuesto en el Plan de Ajuste de la Deuda y que se logró.

“Ahora bien, la medida fue vetada, principalmente porque incumple directamente con la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno. Los reclamos de los pensionados podrían ser atendidos por vía de bonificaciones a ser concedidas de año en año, no así mediante un ajuste a sus pensiones”, lee la expresión oficial.

A finales de la semana pasada, organizaciones que agrupan pensionados del gobierno establecieron un campamento frente a La Fortaleza reclamando la firma de la medida.

El PC 2038 incrementaba las pensiones de los empleados públicos jubilados, con excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR), a un 10% en su primera fase, para luego otorgar incrementos anuales de acuerdo al ajuste del costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) que emite la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) cada año.

La pieza legislativa tenía un impacto fiscal de de $194 millones en el 2025 y otros $55.4 millones en el 2026 con el primer aumento fijo al COLA.

El proyecto fue rechazado a través del mecanismo del veto de bolsillo En estos escenarios, el gobernador no está forzado a explicar sus razones, contrario a escenario que aplica cuando veta medidas cuando la Legislatura está en sesión. El veto de bolsillo se hace realidad cuando el gobernante deja que pasen 30 días, sin firmar, una pieza legislativa desde que llega a La Fortaleza.

El gobernante no dio paso tampoco a la Resolución Conjunta de la Cámara 634, que aumentaba el salario de los supervisores de trabajo social del Departamento de la Familia

“El Gobernador vetó el proyecto porque su impacto fiscal no está contemplado en el presupuesto vigente y el gobierno está decidido a mejorar la compensación de los supervisores de trabajadores sociales por vía de una enmienda al plan de clasificación y retribución que les aplica”, indicó la Mansión Ejecutiva.

El gobernador también vetó el Proyecto de la Cámara 1681, que creaba un grupo especial de trabajo dentro de la Legislatura para crear “un plan específico para atender la falta de inventario de viviendas asequibles en Puerto Rico”.

El PC 1681 proponía crear un grupo asesor de nueve personas que incluiría al secretario de la Vivienda y el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. También participarían los presidentes de las comisiones que atienden estos temas en la Legislatura.

Entre otras cosas, el comité especial tendría que presentar informes evaluando “diferentes alternativas de proyectos que pudieran implementarse para ampliar el inventario de viviendas asequibles disponibles para alquiler y compraventa”. Igualmente establecer llamadas zonas de control de rentas, crear politicas para proveer exenciones de impuestos sobre bienes inmuebles previamente abandonados, entre otras iniciativas.

Se rendiría el informe final a la Legislatura en 180 días.

Otra medida vetada es el Proyecto del Senado 424, que disponía que si un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica pasa a formar parte de una compañía o empresa privada seleccionada por el Gobierno, el empleado tendrá derecho a la liquidación de todas sus licencias, sean de vacaciones o de enfermedad hasta un máximo de 60 días por licencia de vacaciones y 90 días por concepto de licencia por enfermedad. Además, con el proyecto se buscaba que si compañía seleccionada abandona el negocio o acuerdo pactado, los empleados que fueron parte de la transacción tendrían preferencia para ser reubicados en una agencia gubernamental que necesite de sus servicios.

Pierluisi también vetó una medida que fijaba en $2,250 el salario base del personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. El proyecto no identificaba la fuente de dinero para honrar el aumento.