"Es el Negociado el que tiene esa pericia técnica" dijo Fermín Fontanés, al tiempo que admitió que no se ha culminado el proceso de auditorías para conocer si el consorcio ha manejado correctamente los fondos otorgados.

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín E. Fontanés Gómez dijo que su responsabilidad en cuanto a la fiscalización a LUMA Energy se limita solo a velar los cumplimientos contractuales incluidos en el contrato y que la fiscalización energética en sí solo le corresponde al Negociado de Energía.

Incluso, también aseguró que LUMA ha cumplido con todos los términos del contrato que le fue otorgado el 22 de junio de 2020 para la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico.

“Este es un contrato que se supervisa en equipo. Aquí hay diferentes roles, para las diferentes partes. Este se compone de Negociado de Energía, las Alianzas Público y Privadas, la Oficina Central de Reconstrucción (COR3) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Puerto Rico”, dijo el director ejecutivo de la AAPP.

“El regulador independiente es quien tiene la responsabilidad de fiscalizar la compañía de energía en Puerto Rico y su desempeño. En caso en particular de este contrato, la AAPP tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del contrato. O sea que, el rol de los otros es velar el cumplimiento del contrato y esas cláusulas que se establecen que se tienen que cumplir en la administración de LUMA del sistema eléctrico. Es el Negociado el que tiene esa pericia técnica y esa facultad”, aseguró.

Fontanés Gómez también explicó que, al recaer la fiscalización de la ejecución de LUMA en el Negociado, son ellos los que deben de informarle a la AAPP de posibles irregularidades, para ellos actuar o comenzar una investigación.

Mientras eso sucede, Fontanés Gómez dijo que LUMA ha cumplido con todas las cláusulas de su contrato.

“Al día de hoy, en términos de la letra del contrato, LUMA ha cumplido con las cláusulas contractuales”, aseveró.

Sin embargo, se contradijo luego al decir que no estaba satisfecho con la ejecución del operador privado de energía, pero insistió que es el Negociado de Energía el que debe tomar cartas en el asunto primero.

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“No nos sentimos complacidos con todo el trabajo que ha hecho LUMA Energy porque definitivamente, estamos exigiendo más, estamos exigiendo más urgencia, mejor comunicación de las cosas cuando ocurren y que han ocurrido. Las cosas que han pasado recientemente son inaceptables”, indicó el director de AAPP.

“¿Usted estaría de acuerdo sobre la premisa de que hay incumplimiento por parte de LUMA Energy?”, le cuestionó el presidente de la Comisión de Energía, Jesús Hernández Arroyo.

“Sería irresponsable de mi parte decir que hubo un incumplimiento hasta que tengamos los resultados de esa investigación”, contestó Fontanés Gómez.

La investigación a la que hace referencia es específicamente la que ha iniciado el Negociado de Energía a los apagones de las últimas semanas y a la falla del transformador del sur.

“Nosotros comenzamos una investigación luego de los apagones, para precisamente tratar de identificar qué fue lo que ocurrió. Nosotros estamos trabajando en conjunto del Negociado. Una vez tengamos esa información, podremos determinar si hubo un incumplimiento en los deberes de LUMA ante esos eventos”, se limitó a contestar.

También afirmó que desde que LUMA está en Puerto Rico se han realizado otras auditorías en las oficinas de servicio al cliente y las subestaciones para confirmar que todo está marchando en perfecto orden.

Costo millonario la terminación del contrato de LUMA

Fontanés Gómez dijo que cancelar el contrato de LUMA provocaría un “caos”.

“¿Cuál es el impacto fiscal si se cancela el contrato de LUMA?”, preguntó la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie J Burgos Muñiz.

“No tengo el número de memoria porque en realidad no es algo que estamos contemplando en este momento… eso conlleva un montón de consecuencias, más allá del impacto fiscal. Una de las razones por las que LUMA está aquí, es precisamente porque cada vez que pasaban eventos como los de la semana pasada, la solución política era despedir al director ejecutivo y poner a otro”, contestó Fontanés Gómez.

“No es cancelar, es exigir que mejoren. Es exigir cambios, es exigir que cumplan para que las cosas que están ocurriendo, no vuelvan a pasar. La solución no es cambiar, es ejecutar, es exigir y seguir peleando… El costo es millonario (las consecuencias de la cancelación del contrato). El costo sería un caos”, aseguró.

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La AAPP desconoce si LUMA ha cumplido con el presupuesto asignado

Mientras, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, cuestionó a la Alianza Público – Privada, sobre la auditoría en el manejo de fondos públicos, con el presupuesto que se le ha asignando a LUMA.

El presupuesto aprobado para las tres entidades que inciden sobre la red es $1,315 millones y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) propuso que se dividiera 65.2% para LUMA, 31.8% para Genera y 3% para la AEE.

“La auditoría en el manejo de fondos, que corresponde a junio 2022, aún no se ha terminado?”, cuestionó el representante.

“No”, fue la respuesta.

“¿O sea que no sabemos cómo se han manejado los fondos?”, volvió a preguntar Márquez Lebrón.

“No tenemos una auditoría final…”, dijo Fontanés Gómez.

“Estamos hablando que todavía en el 2024, no tenemos claro, ustedes y menos nosotros, si ha habido un uso adecuado en el cumplimiento de los estándares que se establecen en las auditorías, que son en el cumplimiento del buen uso de fondos públicos y no tenemos contestación hasta este momento”, dijo Márquez Lebrón molesto.

Otros representantes como Jesús Manuel Ortiz y Jorge Rivera Segarra, se enfocaron en las necesidades de los puertorriqueños y en solicitar más humanización.

“El problema principal aquí es que la gente no recibe el servicio. Lo que a nosotros nos debe importar aquí, no es la cosa técnica, burocrática, es si la razón de ser del contrato se está cumpliendo. La razón que usted pone en esta ponencia es: elaborar un sistema, que sean más eficientes y en tres años, eso no es lo que ha ocurrido. ¡la fiscalización ha sido inexistente!”, indicó Ortiz.

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Mientras, Rivera Segarra dijo que necesita que Fontanés Gómez sea más riguroso en su trabajo fiscalizador.

“Es frustrante saber que un contrato que se nos vendió que era lo máximo, que lo que ofrecían era un conocimiento absoluto y que estos venían a resolver el problema de energía eléctrica, ya han pasado más de tres años...”, indicó el representante.

“Al final de la carrera, ¿quién rayos manda y tiene los pantalones para decir que LUMA falló? Por eso, yo les voy a pedir que de verdad sean los defensores del pueblo, en medio de un monstruo llamado LUMA, tan poderoso…”, puntualizó Rivera Segarra.

En la vista pública, estuvieron presente Jesús Hernández Arroyo, Angel Fourquet, Denis Márquez, Lisie Burgos, Estrella Martínez, Mariana Nogales Molinelli, Juan José Santiago, Jesús Santa, Deborah Soto, Jesús Manuel Ortiz, Jorge Alfredo Rivera Segarra, Gretchen Hau, Luis “Narmito” Ortiz y Víctor Parés Otero.

A la AAPP se les hizo varios requerimientos de información que deberán ser entregados entre cinco a 10 días laborales.

Mientras que la Comisión abrió la puerta a citar al Negociado de Energía.

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