En síntesis, buscan la cancelación del contrato de LUMA Energy y Genera PR en Puerto Rico.

Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón, radicaron una Resolución para rescatar la producción energética como un servicio público y que a su vez sea con una transición a la producción de energía renovable.

En síntesis, se busca la cancelación del contrato de LUMA Energy y Genera PR en Puerto Rico.

La Asamblea Legislativa tiene hasta el 25 de junio para aprobar todas las medidas en ambos cuerpos y el 30 de junio cierra la sesión.

De no considerarse en estas dos semanas, queda en el tintero hasta el 2025.

La Resolución Concurrente del Senado 61 y la Resolución Concurrente de la Cámara 81, buscan crear un Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético, compuesto por 10 personas.

Estos integrantes serán nombrados dentro de un término de 15 días contados a la aprobación de esta Resolución.

Dicho comité, tendrá como función principal crear un plan concreto que implementado, permita al Gobierno realizar dentro de un término de un año, una transición ordenada a un modelo público “y eficiente de generación, transmisión y distribución energética que priorice la producción mediante fuentes renovables”, reza la medida.

Tendrán 30 días a partir de la designación total de sus integrantes para aprobar el reglamento que rija el funcionamiento interno.

“No podemos anticipar que harán las otras delegaciones, ahora, es lo único que se ha propuesto para hacer pasado mañana. Nuestra propuesta es la única en estos momentos planteada…Que bueno que se han dado cuenta que LUMA es un fiasco, que no vale tercera, cuarta o quintas oportunidades, pero debemos empezar actuar como adultos”, expresó Santiago Negrón a preguntas de NotiCel.

“Aquí ha habido alumbramiento legislativo en términos de que se han dado cuenta de lo que hemos llevado diciendo de que esto era un mal contrato para el país…Hay una oportunidad para los que dicen que hay que empezar el proceso de terminar con LUMA, que sea un proceso ordenado, pensado, analizado, para que cuando comience la nueva Asamblea Legislativa en enero, podamos trabajar entonces todo ese proceso…”, añadió Márquez Lebrón.

La senadora añadió que a pesar de las consecuencias que puede traer al gobierno federal, gracias al lucro con las compañías privadas, se debe hacer frente y exigir la cancelación de ambos contratos.

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“Probablemente vaya en contra (del gobierno federal la medida) como van tantas cosas sensatas, buenas, decentes y posibles, de las disposiciones del gobierno federal. Aquí cada cual debe tener las faldas y los pantalones bien puestos… Llega el momento que tiene que haber la confrontación política con lo que sabemos que no funciona…”, sostuvo la senadora.

Entre los integrantes del comité, se incluyen docentes de la Universidad de Puerto Rico, profesionales de administración pública, economía y derecho, un integrante de alguna organización comunitaria y la representación del sector laboral del sistema energético en Puerto Rico.

También, diseñarán la nueva corporación pública encargada de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Ambos legisladores están claros que deben cabildear con los legisladores de otras delegaciones para que le voten a favor. Sin embrago, Santiago Negrón aseguró que de no estar el aval, debe haber espacio a la discusión del tema con profesionales en la materia.

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“Si no lográramos la aprobación de esta medida, si no lográramos que contara con el aval legislativo, yo creo que aún así debe persistir una convocatoria para ese diálogo. Si queremos hablar de futuro, no nos podemos amarrar a las deficiencias de la gente que ha representado el pasado. Nosotros quisiéramos que se aprobara, un legado de una Asamblea Legislativa…pero sino fuera así, nosotros creo que insistiríamos en esta propuesta en otra dimensión institucional, porque alguien tiene que plantear algo que no sea seguir jugando a la piñata energética”, comentó la senadora.

Dicho comité, también tendrá que estudiar las consecuencias de cancelar, resolver o rescindir los contratos que privatizaron los servicios de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Analizará las consecuencias jurídicas de la reestructuración de la deuda de la actual Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras disposiciones.

El comité también deberá rendir un informe a ambos cuerpos legislativos con sis hallazgos no más tarde de 180 días a partir de la designación total de los integrantes.

De acuerdo a lo discutido en la conferencia de prensa, los miembros del comité, tendrán apoyo de los servicios legislativos como por ejemplo: la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para llevar a cabo sus evaluaciones.

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