De ser aprobada, todos los bailarines deberán estar certificados ante un Consejo para poder ejercer la profesión en la isla.

Si se gana la vida como bailarín de danza en Puerto Rico, o esa es su meta, sepa que se ha radicado un proyecto de ley que busca regular la profesión y obligarlo a pagar una cuota para recibir una certificación y poder ejercer el oficio.

También se expondría a multas de hasta $2,000 si no cumple con los lineamientos que aprobaría un consejo regulador.

La medida fue sometida a la consideración de la Legislatura por parte de la coreógrafa y bailarina profesional Juliana Ortiz, para que se les reconozca legítimamente la danza como una expresión artística.

Juliana es la directora y fundadora del Proyecto Por Amor Al Arte, donde imparte clases de movimiento creativo en instituciones correccionales de féminas y hombres, como método de rehabilitación y reinserción.También está certificada en todos los niveles del psicoballet y toda su vida se ha dedicado al mundo artístico, dentro y fuera del escenario.

El Proyecto de la Cámara 2170 lo acogió la representante Lourdes Ramos por petición de Ortiz. La bailarina indicó a NotiCel que desde muy temprano en su carrera profesional se convenció de que quería colaborar para que se lograran mejores condiciones en la profesión de la danza.

"Aquí hay una lucha constante. Hay tiempo invertido y no se le está dando el valor y respeto que se merece", sostuvo Ortiz a preguntas de NotiCel.

La medida crea la Ley Reguladora de la Profesión de la Danza en Puerto Rico a fin de establecer un consejo regulador, establecer criterios profesionales a los que la practican y garantizar la seguridad, bienestar y desarrollo profesional de los artistas.

El proyecto no define en ningún momento en qué consiste el baile de la danza, por lo que deja en el aire a quién exactamente le aplicaría la propuesta ley.

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Además, busca promover la diversidad cultural y el reconocimiento de la danza como forma de expresión artística.

La pieza legislativa fue radicada el 22 de mayo y aún no ha bajado a evaluarse a vistas públicas.

Ortíz, que lleva más de 25 años en la industria del baile y del entretenimiento, mencionó en declaraciones escritas que ha estado al tanto de las precariedades y dificultades que enfrentan los bailarines en la actualidad y de las necesidades que tiene la industria.

“Durante años, los profesionales de la danza han carecido de una entidad que vele por sus derechos y beneficios, resultando en remuneraciones injustas y condiciones laborales deficientes. Esta situación ha perpetuado la minimización de una profesión que requiere dedicación, talento y esfuerzo constante”, aseguró Ortíz.

De acuerdo a la exposición de motivos, la profesión de la danza no está lo suficientemente regulada y que eso genera una serie de desafíos para los profesionales de este sector.

También se destaca que los profesionales de la danza enfrentan actualmente desigualdad de oportunidades, así como pueden arriesgar su salud y bienestar por la falta de regulación en horarios y condiciones de trabajo que pueden "derivar en lesiones y problemas de salud física y mental entre los bailarines", reza el proyecto de ley.

La medida establecería el Consejo Regulador de la Danza para que supervise y garantice los estándares profesionales y éticos de dicha práctica.

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Todos los profesionales de la danza, dice la medida, deberán obtener una certificación emitida por el Consejo para poder ejercer la profesión legalmente en Puerto Rico. Los requisitos para obtener la certificación es: presentar un certificado negativo de antecedentes penales, ser mayor de 18 años y pagar un cargo por renovación de la certificación, que aún no se contempla en la medida.

Esto significa que menores de 18 años no podrían devengar pago alguno por ser un bailarín de danza.

El proyecto deja en manos del nuevo consejo fijar el costo de la certificación y no explica en ningún momento por qué hace falta presentar un certificado negativo de antecedentes penales, cuando artistas de otros géneros no tienen que cumplir con estas regulaciones para ganarse la vida, algunos con récord delictivo.

También deberá estar mental y físicamente capacitado para ejercer la profesión.

La certificación tendrá que ser renovada cada cuatro años para asegurar que están actualizados en las nuevas prácticas y también implementarán criterios educativos para escuelas de danza. Tampoco se precisa el costo de esta renovación.

El Consejo puede revocar la certificación si la persona resulta convicta por delitos grave o menos grave, como también tendrán la autoridad de imponer una multa de hasta $2,000 si se ha violentado la Ley.

La medida acoge todo tipo de profesionales que bailan en los diferentes géneros musicales, ya que la definición de danza la definen en la medida como "arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión e interacción social, con fines de entrenamiento, artísticos o religiosos"

También, establecerían criterios profesionales de acuerdo con los requisitos y competencias para la práctica profesional de la danza, asegurando la calidad y profesionalismo en el sector.

Ofrecerán servicios de asesoría y apoyo legal a los profesionales de la danza y también se encargarán de organizar eventos, festivales y competiciones.

El Consejo, de igual forma, establecerá las regulaciones de salarios, incluyendo límites en horarios de trabajo, descansos y seguro de salud.

En cuanto al financiamiento del proyecto de ley, se creará un Fondo Especial para la Promoción de la Danza, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Los fondos se nutrirán de asignaciones presupuestaria a petición del Instituto de Cultura y cualquier otra donación que se cedan por el gobierno estatal, municipal, entidades o personas privadas.

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