Hermes Ávila Vázquez salió a la libre comunidad con un informe de Libertad Bajo Palabra y no bajo las disposiciones de la Ley 25 como correspondía.

Los técnicos del servicio penal encargados de evaluar las condiciones familiares y de vivienda de los reos que son excarcelados al amparo de la Ley 25, atendieron el caso de Hermes Ávila Vázquez con un informe de libertad bajo palabra y no bajo las disposiciones de la Ley 25 como correspondía.

Todo, por un error administrativo, según trascendió ayer en una vista pública del Senado.

A pesar de que los técnicos aseguran que el error no provocó una consecuencia sustancial, se percataron de este cuando Ávila Vázquez presuntamente asesinó a Ivette Joan Meléndez el pasado mes de abril.

Ávila Vázquez fue excarcelado el 19 de abril del 2023 y desde el 14 de febrero del 2005, cumplía una sentencia de 122 años de prisión por asesinato, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas.

“Yo lo atendí como un informe de libertad bajo palabra. Ese informe se realizó de la vivienda, de la situación económica, el recurso familiar y la comunidad”, aseguró Erik Dávila Adorno, el técnico de servicio penal del Departamento de Corrección y Rehabilitación que fue el encargado de ir a la calle y confirmar que Ávila Vázquez tenía lugar para vivir.

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El error, aparentemente, fue de Mario Vargas Robles, supervisor de Técnicos de Servicio Penal cuando asignó el caso y envió el informe a llenar.

Dávila Adorno, para ese entonces, llevaba pocos meses en la posición y solo se encargó de visitar a Gladys Torres Otero, la “amiga” que recibió en su hogar a Ávila Vázquez.

El técnico describió en la vista pública que la casa de la mujer era de dos niveles y que Ávila Vázquez viviría en la primera planta.

“Uno de los requisitos que ustedes administran es determinar si la viabilidad de hogar y si la vivienda tiene las utilidades necesarias para instalación de equipo médico. ¿Qué corroboración hizo usted de que en esa casa había lo que se necesitaba para darle atención médica?”, cuestionó la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.

“Nosotros desconocíamos de la condición (de salud)”, le contestó Vargas Robles.

“¿A nadie se le ocurrió preguntar si estaba en silla de ruedas o algo...?”, insistió Santiago Negrón.

Efraín Afanador Vázquez, director de la Oficina Local Norte- Central del Programa de Comunidad, indicó que cuando llega una solicitud para realizar estas investigaciones no se les comparten detalles del confinado.

“Lo que recibimos es preciso. Lo que ella requiere (Celia Cosme, directora del Programa de Desvíos en Corrección y Rehabilitación). Si ella quiere que se investigue la casa o nos pide el lugar de trabajo. Lo que ella nos pide, nosotros lo asignamos y el técnico lo investiga y se lo envía”, afirmó Afanador Vázquez.

“Nosotros solo investigamos una parte. No tenemos el todo. No participamos, solo investigamos lo que se nos requiere…Nosotros no tenemos la información (de los reos) y creo que si se revisa el protocolo, solicito que se nos incluyan porque estamos aquí, pero como recurso externo y queremos participar”, continuó.

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Gladys Torres Otero, quien recibió en el hogar a Ávila Vázquez, era amiga de Virgen Oquendo Camacho, conocida en el barrio como Lourdes, quien era enfermera del Departamento de Corrección y tenía supuestamente una relación amorosa con el convicto.

También había aceptado que conocía que Ávila Vázquez caminaba, pero que por petición del reo, no lo divulgó.

Ávila Vázquez, tras lograr su excarcelación, solía visitar el negocio De Aquí Pa’ Dónde con Oquendo Camacho, según reportó NotiCel. Según el dueño del mencionado negocio, la pareja visitó el lugar en varias ocasiones y luego fue el propio Ávila Vázquez quien le preguntó al dueño si podía trabajar allí.

Según varios testigos, el sábado del asesinato, Ávila Vázquez compartía con Oquendo Camacho en una actividad privada en De Aquí Pa’ Dónde, donde también estaba presente Ivette Joan Meléndez.

Algunas de las fallas que se identificaron y señalaron los senadores en la vista pública apuntan a que Ávila Vázquez también debía ser visitado cada 15 días, pero solo se le visitó una vez al mes.

De las cuatro visitas en el hogar, en tres ocasiones, no estuvo presente.

Tampoco se corroboró y/o descartó si la residencia en la que vivía Ávila Vázquez estaba cerca de un colmado que vendía bebidas alcohólicas, como protocolo de seguridad.

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“Tanto en Libertad Bajo Palabra, como en las disposiciones que hay en la ley 25, se firma un contrato donde se establece, por ejemplo, que no pueden estar ubicados en residencias inmediatas a lugares donde se vendan bebidas alcohólicas y el Colmado Alvarez, frente a la casa de Gladys Torres, ¿qué cosas vende?”, cuestionó la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.

“Desconozco”, contestó Dávila Adorno.

Tampoco le consta al técnico de Servicio Penal si llegó alertar a los vecinos del área que un convicto estaría en la libre comunidad.

Ahora, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción analizará los nuevos deponentes que deberán comparecer para obtener más información en el caso de Ávila Vázquez.

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