Los propulsores de la medida argumentaban que era necesaria para evitar que se obstruyera el paso de un vehículo de motor de emergencia o de un vehículo que respondiera a una emergencia.

El Senado derrotó una medida que buscaba prohibir, tipificando la conducta como un delito menos grave, el desvío, bloqueo e interrupción del tránsito por las vías públicas para llevar a cabo algún tipo de manifestación, afectando el flujo vehicular.

El Proyecto de la Cámara 1106 fue radicado desde el 30 de noviembre de 2021, por varios representantes de la delegación penepé en la Cámara. En al Senado, recibió un informe positivo de la senadora popular Elizabeth Rosa, a pesar de que los departamentos de Justicia y Seguridad Pública guardaron silencio sobre su contenido.

La medida estaba en el calendario de órdenes especiales del día cuando luego de ser llamada la medida, los senadores María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe Riefkhol y José Vargas Vidot, expresaron su oposición.

Luego, el portavoz del Alto Cuerpo, Javier Aponte Dalmau, solicitó que fuera derrotada, por lo que se aprobó la solicitud sin oposición.

La medida buscaba enmendar la Ley 22, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito para establecer con delito menos grave la obstrucción del paso a un vehículo de motor de emergencia o de un vehículo que responda a una emergencia.

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Vargas Vidot tomó un turno sobre la medida y aseguró que la pieza legislativa parece tener buenas intenciones, pero no es así.

“El truco de aquí es envolver una medida mala, dentro de una proyección que parece ser buena; y eso ha sido como una constante en muchas medidas que vienen de la Cámara en donde aparece algo como el asunto de no interrumpir un vehículo de emergencia, una ambulancia...¿quién quisiera estar en contra de eso?”, fueron sus primeras expresiones.

“Ya existe la capacidad del gobierno de poder sancionar a quienes obstaculizan el camino de una ambulancia o de un vehículo de emergencia…La idea es de momento el paquete, envolverlo en un buen lazo y un papel de regalo muy lindo para promover que un vehículo de emergencia pueda llegar a su destino en el menor tiempo posible pero, eso ya es posible si tapamos los hoyos, si hay organización, si se hace de forma apropiada y si existiera una continua educación para que eso no pase”, añadió.

De acuerdo a la exposición de motivos, es necesario que se pueda disuadir “el que grupos de personas en común acuerdo invadan las vías públicas con la intención de afectar el flujo vehicular. Esto se debe a que pudiera representar un peligro para la comunidad, personal de seguridad pública y los propios manifestantes en la vía pública”.

La P de la C 1106 justifica las razones de enmendar la Ley 22 con eventos que han paralizados las vías de rodaje en Puerto Rico. Por ejemplo, el 25 de junio de 2021 se cerraron las avenidas de San Juan luego de que se organizó una corrida de motocicletas.

La medida también alude a múltiples protestas en el Expreso las Américas, el Expreso de Diego y en el Expreso Baldorioty de Castro.

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“Quiero hacer constar mi objeción y mi voto en contra cuya intención es evidente. Es criminalizar la utilización de las vías públicas, para las expresiones públicas, tales como manifestaciones o protestas que deberían estar protegidas por nuestro ordenamiento constitucional y por el sentido común”, expresó la senadora María de Lourdes Santiago.

Mientras, el senador Rafael Bernabe, avaló las palabras de Santiago Negrón y se unió a la objeción de la aprobación de la medida.

“Durante muchísimos años en Puerto Rico se ha ejercido el derecho de la protesta, reconocido en la constitución. Puerto Rico tiene una larguísima tradición de piquetes, de marchas, de protestas de todo tipo y estas actividad en algún momento representan algún tipo de interrupción al funcionamiento de ciertas actividades y esa es una de las razones por las que se hace las protestas. Precisamente para llamar la atención…”, sostuvo Bernabe.

El P de la C 1106 estipulaba que toda persona que violara lo antes expuesto sería sancionado con una multa de $500.

Así como toda persona que violara la medida con conocimiento, incurriría en un delito menos grave y convicto con pena de reclusión por un término de seis meses, pena de multa no menor de $500, ni mayor de $5,000 o ambas penas.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo martes.

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