Las medidas son de la autoría del líder cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El Senado derrotó ocho medidas del líder cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que tenían la intención de reducir la frecuencia con Oficina del Contralor audita ciertas dependencias por supuestamente estar faltos de auditores ante la reducción de personal.

La Cámara de Representantes había aprobado este paquete de medidas en noviembre del 2023.

Todas las medidas fueron bajadas vía de descargue y provocaron un malestar por parte de algunos de los legisladores, en especial, los de partidos minoritarios.

La primera medida es el Proyecto del Senado 1926 que enmienda la Ley de Instituto de Estadísticas con el fin de disponer que la Oficina del Contralor establezca a su discreción la frecuencia de las auditorías de las cuentas y operación de Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

De acuerdo a la exposición de motivos, una de las razones por las que se consideró estas enmiendas, ha sido porque la Oficina del Contralor “ha enfrentado una reducción en su personal, en su gran mayoría de los auditores que por diferentes circunstancias como lo son: los retiros de empleados, la emigración y los recortes presupuestarios que han afectado la cantidad de auditorias exigidas por ley”.

Por lo que, las medidas se radicaron para flexibilizar la frecuencia de las auditorías de acuerdo a las necesidades de cada una de las agencias.

La contralora, Yesmín Valdivieso, había sometido comentarios detallando que esta medida, desde un punto de vista fiscal, administrativo y funcional, permitiría “mayor flexibilidad para determinar prioridades en la realización de las auditorías”.

Historia relacionada: Contralor electoral apelará decisión que permite a Familia usar el color azul en sus promociones

Con esta medida, las operaciones fiscales del Instituto serían auditadas y examinadas por el Contralor “con la frecuencia que a su discreción establezca y conforme a sus planes anuales de auditoría”, reza la medida.

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón, tomó un turno sobre el bloque de medidas para consignar su votación en contra.

“La Oficina de la Contralora es, tristemente, la única ventana que tiene el país para conocer las operaciones fiscales y administrativas de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Es la única manera de saber cómo están funcionando diversidad de entidades gubernamentales…”, expresó Santiago Negrón.

“Por dar un ejemplo: el escándalo de la Junta de Licenciamiento Médico que tiene cientos de casos de mal practice almacenado allí y no habría salido a la luz pública si no es por un informe de la Oficina de la Contralora. Es la única oportunidad que tenemos para una fiscalización mínima, pero es efectivo hasta cierto punto”, añadió.

Mientras, el senador Rafael Bernabe Riefkhol también tomó un turno para expresarse en contra.

“Es inapropiado plantear que en lugar de hacer esas auditorías mas rigurosas, se flexibilice para que sean menos rigurosas…Solo quiero señalar que una de las razones que se da para esta disposición es que la agencia que debe realizar las auditorías ha sufrido una reducción de personal durante los últimos años y no pueden hacer las auditorías y que esa reducción se debe a su presupuesto …”, comentó Bernabe Riefkhol.

La segunda medida derrotada fue el Proyecto de la Cámara 1927 para enmendar la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental para que se estableciera la misma flexibilidad.

La Ley 1 -2012, que se hace referencia, establece que sus operaciones fiscales serán auditadas y examinadas por el Contralor, por lo menos, una vez cada dos años.

“A largo plazo (ejecutar la auditoría) beneficiaría a la Oficina de Ética Gubernamental, al permitir una fiscalización de las transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos públicos con mayor eficacia”, reza la medida.

Historia relacionada: Justicia cuestiona auditoría de la Contralora

La tercera medida es el Proyecto de la Cámara1928 que enmienda la Ley de Procurador del Ciudadano (Ombudsman) para que sean auditados “cuando así lo determinen”.

Esta medida fue radicada el pasado 31 de octubre de 2023.

De acuerdo a la medida, con la discreción de las auditorías, la Ombudsman rendirá informes a la Asamblea Legislativa y al Gobernador durante la segunda semana del mes de enero de cada año y rendiría además informes especiales que crea convenientes.

La Oficina del Contralor revisará los informes y los documentos relacionados con el manejo y la utilización de fondos públicos de la Oficina del Procurador con la frecuencia que su discreción y planes de auditoría ,así lo determinen.

El Proyecto de la Cámara 1929 enmienda la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica para también enmendar la frecuencia con la cual examinará a la Junta.

En esta pieza legislativa, explica que las razones es que :"la Oficina del Contralor debe llevar a cabo las auditorías es una innecesaria e impositiva acción que coarta la capacidad de desarrollar planes de auditoría por parte del Contralor, sobre todo en momentos de reducción de personal”.

El Proyecto de la Cámara 1930 enmienda la Ley del Plan de Operaciones de Puerto Rico para el Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente por las mismas razones que las demás medidas.

La Comisión de Gobierno, que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, sometió un informe positivo el pasado 21 de marzo .

Para el Proyecto de la Cámara 1931 busca que se efectúen las auditorías a discreción bajo la Ley de la Administración de Servicios Generales para la centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019.

La administración de Servicios Generales había sometido comentarios a la Comisión de Gobierno expresando el endoso de la medida basado y de acuerdo “con el recurso humano disponible en dicha dependencia gubernamental”.

Historia relacionada: Oficina del Contralor Electoral determinó que alcalde de Guaynabo violó ley electoral

La séptima medida derrotada es el Proyecto de la Cámara 1934 que enmienda la Ley del Colegio de Productores de Espectáculos de Públicos de Puerto Rico.

La última medida es el Proyecto del Senado 1283 enmienda la Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico para que se “examine de tiempo en tiempo las cuentas y los libros de Compañía de Fomento Industrial, incluyendo sus préstamos, ingresos, desembolsos, contratos, arrendamientos, fondos en acumulación, inversiones y cualquier otra materia que se relacione con su situación económica”, reza la medida.

Dentro de las enmiendas establecidas se añadió que no podrá excederse del término de cinco años sin intervención de la Oficina del Contralor.

La votación cerró con 13 votos a favor y 13 votos en contra.

Los senadores a favor: Javier Aponte Dalmau, José Luis Dalmau Santiago, Ada García Montes, Migdalia González, Marially González Huertas, Joanne Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Héctor Santiago Torres, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey y Juan Zaragoza.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo martes.