La agencia solicitó un presupuesto de $210.6 millones.

El Departamento de Justicia deberá recibir un aumento en su presupuesto para el próximo año fiscal 2025 con el alza que le fue propuesta, pero esta se queda $32 millones por debajo de la petición que está defendiendo ante los diversos foros.

El que le recomiendan la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión Fiscal es de $177,931,000, de los cuales unos $141,281,000 provendrían del Fondo General, otros $6,510,000 de fondos especiales estatales, y $30,140,000 de fondos federales.

Esta propuesta es superior a los $170,355,000 del presente año fiscal, que se distribuye a su vez en el aprobado de $140,724,000 del Fondo General, que “luego de las transferencias”, asciende a $141,715,903; el aprobado de los fondos especiales estatales que fue de $6,140,000, mientras que el actual asciende a $9,836,764; y de $23,491,000 de fondos federales.

En su ponencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recalcó que “el presupuesto propuesto es $32,212,000 menor comparado con presupuesto solicitado. Particularmente, en el concepto de nómina el presupuesto propuesto es $26,827,000 menor comparado con el presupuesto solicitado”.

El presupuesto solicitado por la agencia fue de $210,619,000.

Entre las justificaciones que ofreció para la solicitud incluyó que el departamento presentó como una iniciativa de administración, el aumento en la aportación patronal al plan médico de $100 a $175 por empleado.

“Actualmente, otorgamos a nuestros empleados una aportación de $100 lo que constituye el mínimo que se puede otorgar. Dicha aportación ha sido la misma por los últimos 30 años y resulta menor a la que ofrecen otras agencias gubernamentales, ni se ha revisado para atemperarla al aumento en los costos de planes médicos, que incrementan anualmente”, dijo Emanuelli.

Mencionó además que el 16 de diciembre de 2022, se aprobó la Ley Núm. 105 con vigencia efectiva al 1 de enero de 2023, que enmendó la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, para autorizar un aumento salarial a fiscales, procuradores y registradores.

“Luego de identificar los fondos necesarios en el presupuesto 2022-2023 se pagaron los aumentos dispuestos por dichas enmiendas. Sin embargo, en vista de que el aumento dispuesto estuvo basado en la escala máxima aplicable al puesto de abogado principal dispuesto en el Plan de Clasificación y Retribución Uniforme para el Gobierno Central, el efecto sobre los salarios de los fiscales, procuradores y registradores no fue el pensado originalmente y merecido por estos funcionarios que no reciben un aumento en salario hace 20 años”.

Informó por otra parte que la agencia proyecta aumentar su personal y que los puestos solicitados para el año fiscal 2025, al compararla con noviembre de 2023 (mes utilizado como punto de partida para la petición presupuestaria), es de 399 puestos adicionales para un total de 1,892 puestos: 365 en el Fondo General, 8 en los Fondos Especiales Estatales y 26 en los Fondos Federales.

“Respetuosamente, solicitamos a la Asamblea Legislativa que considere nuestras peticiones para adelantar la misión y agenda de trabajo de la agencia en beneficio del Pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Aprovechó el Secretario para resaltar algunos logros de la agencia y señaló que en el periodo del 1 de julio de 2022 al 28 de febrero de 2023, los fiscales y procuradores de menores del Departamento consultaron un total de 16,003 casos criminales. En dicho periodo se logró obtener un 97% de convicción en los procesos judiciales.

“De otra parte, de acuerdo con el Reporte General generado por el Registro Criminal Integrado (RCI), que provee información estadística sobre crímenes y la labor de los fiscales, se ha logrado una tasa promedio de convicciones de 96% durante los años fiscales 2020-2021 al 2023”, añadió.

Precisó que la agencia cuenta con 8 áreas programáticas, bajo las cuales se agrupan las divisiones que componen el Departamento. Son estas Asesoramiento y Representación en Litigios; Dirección y Administración General; Investigación y Procesamiento de Asuntos de Menores y Familia; Investigación y Procesamiento Criminal; Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito; Registro de la Propiedad; Restricción de Prácticas Monopolísticas; Sistema de Información de Justicia Criminal; y Asesoramiento Legal y Representación en Litigios.

Cuenta además el Departamento con varias áreas operacionales y de servicio directo a la ciudadanía, tales como las 13 fiscalías de distrito, 13 Oficinas de Asuntos de Menores y Familia, 29 secciones del Registro de la Propiedad, la Secretaría de lo Civil, el Albergue de Protección a Víctimas y Testigos, la Junta de Confiscaciones, y el Sistema de Información de Justicia Criminal, entre otros.