Exigen además al Senado que introduzca numerosas enmiendas al proyecto que aprobó la Cámara.

En la misma medida en que hay un sólido consenso sobre la necesidad de regular la actividad de alquileres a corto plazo en Puerto Rico, también radica la oposición al proyecto que recién aprobó la Cámara de Representantes sobre el tema y que está ahora bajo estudio del Senado.

La medida fue objeto de una extensa audiencia pública por la Comisión de Turismo y Cultura del Senado, que escuchó repetidas expresiones reclamando numerosas enmiendas al proyecto de la Cámara 1557.

Mientras se desarrollaba esta audiencia, un grupo de manifestantes, que representaban comunidades, se expresaban igualmente en contra de la medida sancionada por los representantes.

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Uno de los grupos que depuso fue la Asociación de Hoteles de Puerto Rico, que reiteró su posición institucional sobre el tema que “es una de apertura, la cual siempre ha estado basada en adoptar las mejores practicas reglamentarias y tributarias que otros destinos han implementado”.

El presidente de la entidad, Miguel Vega, señaló que “para crear y mantener un justo balance entre las hospederías tradicionales y los alojamientos a corto plazo, tiene que existir una política pública clara que procure mantener un campo competitivo igualitario. Entendemos que la mejor manera para trabajar con este modelo de alojamiento es que tengan que cumplir con los mismos requisitos de calidad, seguridad y responsabilidad contributiva que las hospederías legalmente patentadas, pues directamente afectan la imagen de Puerto Rico ante el turista”.

Los alquileres a corto plazo con una competencia directa de los hoteles.

Entre las propuestas que adelantaron incluyeron limitar el número de noches permitidas; prohibir los alojamientos a corto plazo en unidades designadas como de vivienda asequible; el registro compulsorio con el estado y/o municipios por el dueño registral de la propiedad; el pago de una cuota de registro, licencia y patente comercial; el pago de contribuciones como el canon por ocupación y someter las planillas correspondientes.

Denunció que “esta realidad que vivimos todos con el crecimiento desmedido y descontrolado de las alojamientos a corto plazo por falta de regulación efectiva y fiscalizable, sobre todo después de comenzada la pandemia del covid-19, nos ha llevado a la situación que enfrentamos de competencia desleal e injusta, falta de vivienda asequible para nuestros residentes, gentrificación y disputas comunitarias por el descontrol existente. Las prácticas actuales proveen ventajas a las plataformas digitales y empresas de capital ausente, mientras se debilita la capacidad competitiva de las empresas locales y de nuestra economía”.

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La Asociación propuso numerosas enmiendas al proyecto, entre las que incluyó que se defina el alojamiento a corto plazo como una actividad comercial y que se limite además su desarrollo en zonas históricas.

Por su parte el empresario hotelero Tomás Ramírez expresó que “en Puerto Rico no se puede hablar de empresarismo, desarrollo económico y pequeñas empresas locales en el sector de turismo mientras no atendamos responsablemente la anarquía y el incumplimiento pravaleciente en el segmento de los alquileres a corto plazo y establezcamos un ecosistema balanceado y justo que le permita a todos tos empresarios y emprendedores competir en condiciones similares”,

Advirtió que aprobarse el PC-1557, en su versión actual, “será altamente detrimental para Puerto Rico y sus comunldades. Este proyecto debe ser enmendado por el Senado en la exposlclón de motivos y en varios artículos de forma tal que Puerto Rico pueda desarrollar una reglamentación que como mínimo, tenga cuatro objetivos claves".

Enumeró esos objetivos como la clasificación comercial de esta actividad; el registro compulsorio; el pago de una contribución equitativa; y la existencia de una estructura para su fiscallización.

La Asociación de Titulares de Condominios se unió también al reclamo de que se designe esa actividad como una comercial.

“Todo aquel que opta por el arrendamiento a corto plazo lo hace con el claro propósito de obtener ganancias. De esta manera, el arrendamiento a corto plazo se convierte en una actividad empresarial”, señalaron.

En una ponencia firmada por Marimar Pérez-Riera, presidenta y fundadora de la Asociación, y la vicepresidenta Ivette Pérez Reilova, le hicieron un llamado a los senadores. “Su deber como legislador es proteger los intereses de todos los ciudadanos, y rechazar un proyecto que ignora la verdadera naturaleza comercial del arrendamiento a corto plazo, en todos sus aspectos, no solo para propósitos fiscales”.

Cuestionaron si puede tener la conciencia tranquila al apoyar una medida que, en lugar de regular adecuadamente una actividad comercial lo hace solo para fines tributarios “¿y deja desprovisto a los residentes, a los ciudadanos, que tenemos que vivir con el efecto del arrendamiento a corto plazo?”.

Afirmaron que es innegable que en los arrendamientos a corto plazo, los titulares y sus familias están obligados a compartir con huéspedes que no conocen, las áreas recreativas, piscinas, parques pasivos, gimnasios, canchas deportivas y estacionamientos. Espacios en los cuales muchos titulares se limitan de usar al estar estos acaparados por los huéspedes de otros titulares.

Al igual que los demás deponentes propusieron numerosas enmiendas, entre las que reiteraron la de definir y distinguir los alquileres turísticos a corto plazo como una actividad comercial; respetar el carácter residencial de las comunidades y priorizar a sus residentes, proteger la intimidad del hogar; no fomentar la competencia desleal con las pequeñas hospederías y aclarar que el arrendamiento turístico de apartamentos a corto plazo estará permitido, sujeto a que se encuentre expresamente autorizado en la escritura matriz de cualquier propiedad sometida al Régimen de Propiedad Horizontal.

Miguel Ángel Reyes De Jesús, portavoz de la Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional (ANCODEPO) sostuvo por su parte que esa organización “se opone a que se legalicen o permita de cualquier forma el establecimiento de estos negocios en las comunidades residenciales porque son fuente de desplazamiento y desintegración comunitaria”.

Afirmó que “estos llamados alquileres a corto plazo han generado una ola especulativa de propiedades, provocando que aumenten los precios de las viviendas, haciendo que, si en un principio, era difícil adquirir una casa, ahora es imposible y las personas que buscan alquilar una casa o apartamento a largo plaza para usarlo como vivienda se ven imposibilitadas de lograrlo porque ni siquiera el vale que se les otorga para vivienda por el Plan 8 es suficiente. Además, no hay prácticamente propiedades disponibles para este tipo de alquiler y los precios de las viviendas para la venta son impagables”.

También depuso en estas audiencias la directora de HispanicFederation, Charlotte Gossett Navarro, que igualmente planteó que los alquileres a corto plazo son una actividad comercial turística y deben ser regulados bajo los principios de desarrollo económico sostenible y planificación.

“No podemos tapar el sol con la mano. El derecho debe responder a la realidad de lo que se esta regulando. Los alquileres a corto plazo son una actividad comercial turística y deben ser regulados como lo que son, un negocio. Así lo han reclamado las más de 1,500 personas, grupos y organizaciones que firmaron el Manifiesto Comunitario en torno a los alquileres a corto plazo, así como expertos en derecho y planificación”.

“Por todo lo anterior, respetuosamente, solicltamos que el PC 1557 se enmiende para definir los ACP como una actividad comercial turística para todos los fines legales, contrlbutivos y de regulación”.

René Acosta, copresidente y cofundador de Viva Puerto Rico Short-Term Rental Alliance, que es una coalición de dueños de propiedades de alquiler a corto plazo, administradores profesionales de propiedades y otros empresarios relacionados con el turismo, indicó que “actualmente, el segmento cuenta con sobre 25,000 unidades que generan unos $2,000 millones a la economía de Puerto Rico. Esta cifra, indicaron, se divide en $700 millones en ingresos de renta; $1,300 millones en gastos de visitantes, $36 millones de Room Tax a CTPR y 26,000 empleos directos.

Favorecieron también una mayor regulación del segmento pero advirtieron que “esta debe de ser una razonable e inteligente. Debe de ser una regulación Justa que atienda los reclamos de algunos sectores y comunidades, pero que no le ponga obstáculos innecesarios a los dueños y operadores que los obligue a salirse del negocio”.

Rechazaron que esta actividad sea el causante de la falta de vivienda asequible en Puerto Rico y aseguraron que hay varios estudios que así lo demuestran. Lo mismo dijeron respecto “al desplazamiento poblacional que alegadamente está ocurriendo en algunas comunidades”.

Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas de Airbnb Centroamérica y Caribe expresó su apoyo a la medida y concluyó que esto es “un ejemplo de cómo el estado puede cumplir con sus funciones de monitorear los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico para promover que se cumpla con los requerimientos… y que reciban sanciones a quienes no cumplan y operen fuera el marco legal”.

Durante la vista, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón le solicitó a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura que asuma la responsabilidad de tramitar las enmiendas, aunque consideró pertinente realizar un Proyecto Sustitutivo para el PC1557, ya que el mismo “está tan defectuoso que necesita un sustitutivo […] y de esto va a depender el futuro de una actividad económica importante y el futuro de muchas comunidades”.

La presidenta de la Comisión, la senadora Ada García Montes, le pidió a todos los grupos que sometan a la mayor brevedad toda la información que les fue solicitada para la evaluación de la Comisión.

“Durante esta vista escuchamos que hay mucha legislación vigente para reglamentar esta industria, y no necesariamente hay que crear una nueva ley”, dijo.