Un proyecto de ley busca aumentar el valor de ciertos trabajos para que sea necesario ser otorgados mediante el trámite de subasta pública.

Luego de que el país ha vivido un cuatrienio en que múltiples alcaldes han sido acusados y convictos por corrupción, el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz y el senador popular por Guayama, Héctor Santiago, han radicado un proyecto de ley que le facilita a estos funcionarios otorgar contratos sin subasta.

El Proyecto del Senado 1436, presentado el 7 de marzo, enmienda el Código Municipal para aumentar de $200,000 a $500,000 el valor que requeriría una obra de pública o de construcción para que la otorgación del contrato tenga que tramitarse mediante subasta.

En otro proyecto de ley presentado recientemente, el Proyecto de la Cámara 2072 del presidente cameral Rafael Hernández Montañez y el portavoz penepé Carlos Méndez Núñez, se aumenta la cifra de $200,000 a $250,000.

Ese proyecto cameral también dispone que, para la formalización de contratos con entidades privadas solo será necesaria la intervención de la Legislatura Municipal cuando son contratos de desarrollo, administración y operación conjunta, coordinada o delegada de instalaciones o propiedad municipal donde la entidad privada, con o sin fines de lucro, “vaya a hacer uso de la propiedad municipal ya sea mediante permuta, gravamen, arrendamiento, venta, donación o cesión de propiedad municipal”.

La medida de la Cámara, además, le permite a los alcaldes designar al Auditor Interino como parte de su equipo de confianza, cuando el Código Municipal dispone que sean empleados regulares.

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En el caso del proyecto del Senado, si el contrato fuera adjudicado durante una declaración de emergencia realizada por el Alcalde por el Gobernador o por el Presidente de Estados Unidos, el valor del trabajo puede alcanzar $1 millón sin tener que ir a subasta.

Un alcalde fácilmente puede lograr que se apruebe una declaración de emergencia a nivel municipal con la aprobación de su Legislatura Municipal.

La medida senatorial fue referida a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda.

Durante este cuatrienio, seis alcaldes fueron convictos por corrupción a nivel federal: Ángel Pérez Otero, Javier García, Reynaldo Vargas, Eduardo Cintrón, José Cruz y Luis Arroyo y Félix Delgado Montalvo. Este último, precisamente al otorgar contratos por el recogido de la basura.

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Los autores de la medida sostienen en la Exposición de Motivos que estas subastas son otorgadas a través de la Junta de Subastas, cuyos integrante son nominados por el alcalde o la alcaldesa. Sostienen que la medida se justifica porque una ley recientemente aumentó el valor de las propiedad bajo los beneficios del Programa de Impulso a la Vivienda y que el costo de los materiales de construcción ha aumentado.

Además, los salarios de los obreros de la construcción asignados a trabajos de reconstrucción y recuperación son más altos.