El proyecto cameral fue objeto de vistas públicas y recibió apoyo de varias agencias, con la excepción del Departamento de Justicia.

Un proyecto de ley que propone imponer responsabilidades y penas a quienes abandonen adultos mayores en las instituciones médico-hospitalarias recibió el endoso de varias agencias gubernamentales y entidades proveedoras de servicios de salud.

El Proyecto de la Cámara 2032, que busca enmendar la Ley 121 del 2019, fue objeto de vistas públicas por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. A la misma comparecieron Ciení Rodríguez Troche, secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glenda Gerena Ríos, administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Frances Vidal, en representación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), Michelle Agostini Campos, directora de la Oficina de Asesoramiento Legal de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), y Marie Carmen Muntaner, asesora legal de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Historia relacionada: Pierluisi reconoce que se ha agravado el problema del abandono de adultos mayores

Todas estas entidades apoyaron la propuesta en principio y los objetivos que persigue, pero sometieron varias enmiendas para adecuarla a la legislación vigente y atender determinadas situaciones.

Se resaltó que entre las enmiendas propuestas por el autor del proyecto, el representante José “Cheíto” Rivera Madera a la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores” (Ley 121 del 2019), está que los hospitales podrán solicitar una custodia de emergencia por abandono si no logran contactar a algún tutor del envejeciente después de 24 horas de darle el alta médica.

Historia relacionada:

En su ponencia, Rodríguez Troche expresó su apoyo al proyecto e hizo varias recomendaciones sobre el procedimiento a seguir en estos casos, incluyendo agregar mayor información en el expediente del adulto y que se extienda el término para que los hospitales contacten al DF.

“En cuanto al término de 24 horas posterior al alta del adulto mayor, recomendamos que se aumente a 72 horas, de manera que se nos brinde la oportunidad de llevar a cabo el manejo del referido, la investigación social en los casos que amerite y la coordinación para su ubicación en cuidado sustituto”, señaló la Secretaria.

También la Asociación de Hospitales recomendó la aprobación del proyecto y coincidió con que “esta medida promoverá la disminución de los casos de abandono en las facilidades hospitalarias”. Cuestionaron, sin embargo, el protocolo propuesto, pues no define quién responderá por el paciente cuando no se pueda identificar algún tutor y la institución no tenga opción de ubicación.

ASEM se unió a ese apoyo y resaltó el problema de los adultos mayores abandonados en hospitales. Su representante en la audiencia informó que el promedio de tiempo que los pacientes esperan para ser reubicados ronda entre los 40 a 60 días.

“Los pacientes que no se logran reubicar son pacientes que mejoraron y pueden valerse por sí mismos, que se logra identificar a un recurso que los cuiden o lamentablemente, son pacientes que fallecen en la espera de ser reubicados”, se indica en la ponencia escrita de ASEM y firmada por su director Jorge Matta González.

A favor se expresó también la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA) y sometieron igualmente recomendaciones de enmiendas, en este caso sobre el aspecto punitivo que se incluye en la medida.

Entre las preocupaciones presentadas, mencionaron que la Ley 121 es de carácter civil, por lo que las penas del delito de abandono de un adulto mayor deben hacerse en el Código Penal de Puerto Rico; que ya reconoce el delito de abandono indiferentemente de dónde se cometa.

“El Código Penal de Puerto Rico penaliza el delito de abandono de una persona de edad avanzada. Se configura el delito cuando una persona a quien está confiada una persona adulta mayor que no pueda valerse por sí misma, la abandona en cualquier lugar con el propósito de desampararla”, leyó la licenciada Frances Vidal, en representación de OPPEA.

“El adulto mayor merece el continuo apoyo y que el gobierno vele por su calidad de vida y bienestar”, agregó la Procuradora de OPPEA, Carmen Sánchez Salgado, en la ponencia.

Quién único expresó oposición a la medida fue el Departamento de Justicia, que en ponencia escrita y firmada por el secretario Domingo Emanuelli, alega que entra en conflicto con el delito tipificado en el Artículo 126 del Código Penal.

Dicho artículo, indicaron, tipifica el delito de Abandono de personas de edad avanzada e incapacitados y establece que toda persona encargada de una persona de edad avanzada o incapacitada, que no pueda valerse por sí misma, que la abandone en cualquier lugar con el propósito de desampararla, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años.

Cuando por las circunstancias del abandono se pone en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho años.

En la ponencia que presentó la OPPEA se indica que, según los datos demográficos recopilados en el Perfil Demográfico de la Población de Edad Avanzada del año 2022, “Puerto Rico es un país envejecido”.

Resaltan que según la Encuesta de la Comunidad del año 2020, realizada por el Negociado del Censo de los Estados Unidos, la población de edad avanzada en la isla aumentó a un total de 880,693 personas, representando el 27.05% de la población total.

“Se espera que para el ano 2030, la población de 60 años o más represente un 35%, para el año 2040 un 38.1%, y para el año 2050, el 39.8% de la población serán personas de 60 años o más. Sobre la condición económica, el Censo reveló que el 38.8% de las personas mayores de 60 años se encontraban bajo el nivel de pobreza”, sostiene la citada ponencia

El presidente de la Comisión, el representante Jesús Manuel Ortiz González, expresó por su parte que “este es un tema importante. Una sociedad que permite que sus adultos mayores pasen por las situaciones que se están discutiendo aquí, es una sociedad que tiene valores cuestionables

“Yo no puedo entender cómo en el 2024 tenemos que ser punitivos para que la sociedad se haga cargo de sus adultos mayores”, declaró el autor del proyecto cameral, el representante Rivera Madera.