Las escuelas de Derecho de la UPR, Interamericana y la Universidad Católica sometieron varias alternativas a la Cámara de Representantes para que sea más riguroso el proceso de nombrar un juez en Puerto Rico.

La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico sometió ante la consideración de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño que preside el representante José “Conny” Varela varias sugerencias para que los jueces, por obligación, tengan que ir a una escuela judicial como requisito para ser elegibles en el cargo.

Las sugerencias se emitieron en una vista pública que evalúa la Resolución Concurrente de la Cámara 8 para enmendar la Constitución con el fin de que los nombramientos de los jueces sea por legislación especial. En síntesis, se busca que dicho nombramiento no recaiga en manos de la Rama Ejecutiva ni Legislativa.

Los términos de los cargos de los jueces se fijaría por ley con la excepción de los jueces a cargo del Tribunal Supremo.

Esta Resolución lleva en el tintero desde el 4 de enero del 2021.

Vivian Neptune Rivera, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, compareció ante la Comisión y expresó que no favorece enmendar la Constitución en estos momentos. Aún así, sometió cuatro sugerencias.

En primer lugar, propuso que se estableciera la carrera judicial o la escuela judicial en Puerto Rico tal como se implementó en España. Este consiste de que luego de que completan un Juris Doctor, solo las personas más cualificadas pueden ser nominadas por el gobernador y confirmadas por el Senado.

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La carrera judicial en España se basa en principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional.

De acuerdo a la decana, en España se estableció un consejo para que estableciera y regulara dicha escuela judicial.

En segundo lugar, aconsejó que se tomara en consideración para que los jueces se les de adiestramientos y cursos de educación jurídica continua voluntaria como un requisito para continuar somo juez.

“Desde la Asamblea Legislativa puede establecerse esa obligación como requisito o brindar deferencia al Tribunal Supremo, la jueza presidenta y la Oficina de Administración de Tribunales”, expresó Neptune Rivera.

El tercer requisito que se brindó como recomendación es que a todo abogado interesado en ser considerado para un nombramiento como juez, se le requiera estudios graduados en formación judicial.

La cuarta recomendación es que se adopte el Marco Internacional para la Excelencia de las Cortes y la Justicia Terapéutica para que se establezca para toda aquel interesado en ser considerado como juez.

La justicia terapéutica es un área de estudio que se enfoca en el impacto que la ley tiene específicamente en el bienestar emocional y psicológico.

“¿Qué impedimentos ustedes identifican o esto ya se ha considerado (refiriéndose a la escuela judicial)? Me gustaría saber si esto se contempla dentro de las posibilidades que ustedes han estudiado”, le preguntó Neptune Rivera al representante Varela.

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“Déjeme decirle que yo llevo varios años aquí y siempre he querido adelantar este tema pero mis pares, incluyendo a mi delegación no le prestan mucha atención. No lo toman en consideración como sus prioridades legislativas y a veces me siento como si estuviese en un bosque solo... hay receptividad y se lo digo con toda honestidad. Encuentro eco en mis palabras”, le contestó Varela.

Mientras, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, añadió que está consciente que se ha intentado llamar la atención sobre el tema en la legislatura, pero no han recibido mucha atención.

“Si estoy de acuerdo con el diagnóstico o la solución de la Resolución, pero más a tono con lo que ha presentado la decana para que sea algo que se atienda por la vía de procedimientos previos a los nombramientos de potenciales figuras para ser nombrados como jueces, porque según está en la Resolución, se trata de despolitizar pero entonces el proceso se regresa al proceso legislativo que va a seguir estando en control de las ramas políticas…Me parece que con una buena intención no necesariamente se atiende la problemática. Ahora, lo que se plantea en el marco de una carrera judicial, coincido”, indicó Márquez.

“Ahora como vemos el ambiente, pues complicado…ahora mismo ha sido casi imposible ponerse de acuerdo en nombramientos importantes, pero no por eso dejamos de sostener conversaciones importantes, presentar propuestas y esperar quizás un poco más adelante que se cree el ambiente y las alternativas. Al menos se que desde nuestra parte, nuestra delegación tiene un reconocimiento de que algo hay que hacer; y que pues quizás lo que ustedes plantean sea más propicio que lo que está propuesto en la Resolución”, continuó.

Por su parte, el profesor Julio Fontanet Maldonado, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, expuso que aunque es decano de la Interamericana se presentó en carácter personal.

“Existe una preocupación por la forma que son nombrados los jueces en la actualidad y lo existe por unas cosas que han surgido por años. Se plantea que se nombra personas con poca experiencia en la abogacía, personas de un perfil académico no necesariamente destacado profesional, personas con ausencia de temperamento judicial, cualidad indispensable. Como también debo decir que ha habido señalamientos en cuánto al proceso de confirmación. Por ejemplo: ha habido confirmación de jueces mediante descargue sin vista pública ni informe...”, señaló Fontanet Maldonado.

“De entrada es un hecho cuestionable y es necesario revisar el proceso de nombramiento judicial que provee nuestra Constitución. En ese sentido, creo que la interrogante que tenemos es ¿cuál debe ser ese nuevo proceso?”, cuestionó.

El profesor dijo que en el sistema se debe incorporar el mérito en los nombramientos y que se descarte la vinculación político partidista. Así que, aseguró que es necesario una enmienda a la Constitución.

Mientras, el profesor Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, dijo que no comparte algunas de las ideas de resolver la situación por vía legislativa sin necesidad de una enmienda al texto constitucional.

“Cuando uno mira el artículo 5 de la Constitución donde se establece las funciones y los poderes del poder judicial, en cada una de las secciones del artículo 5 la Asamblea Legislativa tiene un rol muy importante…Si nosotros tomamos eso como base de todo el funcionamiento de los tribunales son criaturas de la legislatura. Yo creo que no es un salto muy arriesgado llegar a la conclusión de que en esa misma ley de la judicatura, si podemos hacer eso mediante legislación, también creo que se puede restarle poder al Ejecutivo en cuánto a su capacidad de hacer nombramientos y se puede establecer más requisitos …”, aseguró.

Varela intenta que se modifiquen los requisitos de nombramientos a jueces desde el 2006. Pero, no ha tenido buena acogida en la Asamblea Legislativa.

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