Al menos 3,763 adultos mayores vulnerables, con edad de 60 años o más, han sido abandonados en instituciones médico-hospitalarias desde 2017.

El representante José Rivera Madera ha presentado un proyecto de ley que enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores para crear un protocolo dirigido a atender el abandono de esta población en hospitales.

Según datos provistos, al menos 3,763 adultos mayores vulnerables, con edad de 60 años o más, han sido abandonados en instituciones médico-hospitalarias desde 2017, se indicó en un comunicado de prensa.

La pieza legislativa impondría responsabilidad penal a cualquier familiar, tutor legal o legalmente obligadas, así como a toda persona que esté a cargo de cualquier adulto mayor para su atención, cuidado o asistencia, y le abandone o deje en cualquier lugar, incluyendo instituciones médico-hospitalarias, con el propósito de desampararle o cuando como resultado del acto de abandono se ponga en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona adulta mayor.

Esto se logra enmendando la definición del delito de abandono incluido en el Código Penal disponer que se incurrirá en el delito de abandono si un familiar, tutor legal o persona legalmente obligada abandone a un adulto mayor en cualquier lugar, incluyendo instituciones médico-hospitalarias, con el propósito de desampararle, o cuando como resultado del acto de abandono se ponga en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona adulta mayor.

El Representante explicó que cuando el adulto mayor que recibe el alta médica provenga de un hogar de cuido, este último tendrá la responsabilidad incondicional de recibirlo nuevamente.

“En los casos donde el adulto mayor requiera atención especializada 24 horas que no puede ser provisto por el hogar de cuido, será de absoluta responsabilidad de este (hogar) localizar o proveer a las agencias pertinentes la información disponible para localizar a los familiares, tutores legales o personas legalmente responsables de este paciente”, explicó Rivera Madera.

“La institución médico-hospitalaria vendrá obligada a querellarse ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico y hará disponible la información para que el Negociado colabore en el proceso de encontrar a la persona responsable del adulto mayor”, añadió el Legislador.

El representante Jesús Manuel Ortiz figura como coautor del proyecto.

“La institución médico-hospitalaria notificará al Departamento de la Familia y a la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada sobre el caso y proporcionará a estas agencias y a cualquier otra que así se lo requiera, cualquier información que pueda ser conducente a localizar al familiar, tutor o las personas legalmente obligadas del adulto mayor y fijar responsabilidades”, lee el proyecto.

La medida establece que el Departamento de la Familia y la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada deberán conducir las investigaciones necesarias para fijar responsabilidad, de ser necesario. Si amerita la radicación de cargos criminales, le tocaría al Departamento de Justicia cumplir con el trámite, ya sea contra un familiar, tutor legal o las personas legalmente obligadas de la persona adulta mayor para recobrar los fondos invertidos por el Estado, los cuales se han estimado en hasta $70 millones al año.

“La Asociación de Hospitales de Puerto Rico, así como administradores de dichas entidades han catalogado este asunto como un creciente patrón de abuso con una marcada mayor tendencia de abandono hacia los pacientes de salud mental. A nuestro juicio esta acción no solo es deplorable sino inhumana”, señaló Rivera Madera, autor de la medida.