Se estableció un tope salarial por cada empleado de la Cámara de Representantes para identificar con facilidad los esquemas de corrupción.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez firmó una orden administrativa para poner en marcha de manera inmediata el Plan de Clasificación y Retribución, estableciendo las escalas salariales en cada puesto de trabajo de manera uniforme, para evitar que empleados obtengan salarios exorbitantes a cambio de favores o trabajos solicitado por los legisladores.

De esta manera, aseguran mitigar los esquemas de corrupción, luego de exponerse públicamente los actos cometidos por la exrepresentante, María Milagros “Tata” Charbonier cuando le cobraba dinero a sus empleados y les concedía aumentos de salarios para que le devolvieran parte del dinero en efectivo, en depósitos directos o mediante la aplicación ATH Móvil.

El Plan de Clasificación y Retribución que provocó la orden administrativa, tuvo una inversión de $80,000 para que peritos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estableciera todos los requisitos y estándares a la hora de reclutar a profesionales que rinden servicios al Cuerpo Legislativo, para que las compensaciones, preparación académica y años de experiencia vaya acorde a la contratación que le realice el legislador. Un plan del cual el Partido Nuevo Progresista (PNP) no participó, según Hernández Montañez.

“Ha sido clave la transparencia en la Cámara de Representantes para detener los esquemas de corrupción en este cuatrienio. No olvidemos que el cuatrienio pasado para poder acceder a un documento en la Cámara había que ir a los tribunales. Esto era un hoyo negro y no había manera de saber lo que estaba ocurriendo ni por donde se perdía el dinero. Eso creó un espacio de un sin número de esquemas de corrupción. Especialmente donde ahora se ventila uno de los casos más notorio, de la exlegisladora María Milagros Charbonier, donde lo que se ha ventilado en gran parte de la situación fue la falta de compromiso de buen gobierno por parte de la Cámara de Representes”, resaltó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

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“Por eso, aprobamos la Orden Administrativa 2021-02, denominada como: Declaración de Política Pública sobre la Transparencia en el Funcionamiento y la Operación de la Cámara de Representantes, para establecer la estructura legal y así divulgar sin dilación alguna la información bajo la custodia de este Cuerpo Legislativo y permitir la fiscalización ciudadana”, continuó.

Ahora, para que la fiscalización sea más accesible, la Cámara creó un portal en el que, a tiempo real, cualquier persona puede acceder y ver los gastos generados de todas las oficinas, los salarios de todos los empleados y contratistas, más el presupuesto total de la Cámara.

“La controversia siempre venía de, por ejemplo, de una secretaria que en el mercado recibe un salario de $2,500 y de momento tenía un contrato con un salario de $9,000 sin ningún tipo de conocimiento administrativo ni la capacidad para poder ejercer la posición. Un chofer que tiene un salario promedio de $2,000 , ahora tenga de pronto $10,000 y lo que ocurre con ese exceso que ya sabemos que es un esquema donde parte de ese aumento se le devolvía al legislador. Ese esquema con esta orden se eliminó. Así que, Este servidor ve todos los contratos. Ah, ¿que me toma muchas horas?, pues sí, pero ese es el deber que me tocó en este cuatrienio”, resaltó Hernández Montañez.

Con la orden, también el presidente cameral aprovechó a enviar una carta circular donde establece las escalas salariales en las oficinas administrativas y legislativas de la Cámara de Representantes.

“Tenemos el desglose de gastos de las oficinas y las dependencias, los asesores y cuánto ganan, porque antes como era un hoyo negro, contrataban y como nadie sabía quiénes eran, no preguntaban; pero ahora con esto, el legislador tiene que asumir su responsabilidad. Esto, ha sido un cambio gigante”, sostuvo.

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Otras de las acciones por parte de Hernández Montañez ha sido enmendar el Código de Ética para permitir la publicación de las finanzas personales de cada legislador, en igualdad de condiciones que los empleados públicos sujetos a rendir informes financieros.

Anterior al año 2021, dicha información era confidencial. Ahora, el ciudadano puede ver cuánto generó el representante de su distrito (incluyendo los ingresos extra legislativos o producto de la sociedad legal de gananciales), el total disponible en cuentas de inversión, los ahorros acumulados, las cuentas por cobrar, sus propiedades, las deudas hipotecarias, los vehículos de motor y otros activos.

Se amplió la cantidad de funcionarios adscritos a la Cámara con la responsabilidad de rendir informes financieros para poder monitorear cambios drásticos en las finanzas personales.

“Esto requiere disciplina, así que, ahora también vamos a poder ver el desempeño del legislador donde aparecerá lo que hace en la legislatura, la aprobación de proyectos, las vistas públicas que realiza.Esto nunca se había hecho en la Asamblea Legislativa”, indicó el líder cameral.

“También, hicimos cambios a los contratos por servicios profesionales para evitar la doble compensación y la limitación de horas facturables por cada persona. También, logramos incorporar controles para evitar la contratación de empresas sin la capacidad y experiencia para ofrecer los servicios a las oficinas de la Cámara porque en efecto, hay muchos contratos para operar y hay incluso agencias que tienen más contratos que gente”, continuó.

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Durante este cuatrienio, Hernández Montañez, identificó corporaciones que tenían contrato para servicios sin experiencia en el campo al que le fueron contratados a la Cámara de Representantes.

“Eso es bien notorio. Había desde empresas que se dedicaban al mantenimiento de áreas verdes con contratos en servicios legales, hasta personas que nunca habían tenido experiencia en el área legislativo y aquí eran asesores financieros”, aseguró.

Con la Orden Administrativa, también permitirá mantener un control financiero para el mes de julio 2024, que comienza el nuevo Plan de Clasificación y Retribución con un costo de $2 millones.

“El Plan se aprueba, pero financieramente nos toca ahora apelarlo con el proceso presupuestario. Ya tenemos un Plan donde no se pueden ya exceder. Con la Orden Administrativa, ya se acomoda todas las posiciones (empleados) en el Plan de Clasificación bajo sus niveles (de sueldo). Si alguien quisiera subir el salario de su oficina (legislativa) lo puede hacer, pero no se puede acceder porque yo lo autorizo”, destacó Hernández Montañez.

“Lo bueno de aprobarse en el presupuesto que viene, es que no tiene tantos gastos extraordinarios y se nos hará más fácil aprobarlos. En este presupuesto de ahora tenemos muchos gastos extraordinarios y hemos tenido cambios en el camino, pero ya para el próximo es menos. Nosotros también vamos a incluir en el presupuesto que en el último año de cada cuatrienio se aumente la cantidad de liquidación, para que cuando culminemos nuestro cuatrienio, la persona que venga, monte su estructura económica”, concluyó.

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