Al acercarse la última sesión ordinaria de la Legislatura, la lista de proyectos pendientes crece y crece.

El proyecto de alivios contributivos encabeza la lista de medidas a ser atendidas en los próximos días por la Legislatura en lo que se conoce como los comités de conferencia.

El viernes el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anticipó que esa será una de las medidas que serán examinadas entre el 13 y el 14 de noviembre, últimos dos días de la sesión ordinaria.

“La reforma contributiva tiene un impacto de casi $600 millones en ahorros a los bolsillos de los puertorriqueños”, dijo.

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El sustituto al Proyecto de la Cámara 1839, donde se recogen las enmiendas al Código de Rentas Internas, fue aprobado el jueves en el Senado, pero con enmiendas que requieren ser dirimidas en el comité de conferencia que se cree.

El Senado, además, tiene hasta el 14 de noviembre para atender nombramientos como los de las secretaria de Familia y Educación y las nominaciones al Tribunal de Apelaciones de Francisco Rosado Colomer y Lersy Boria.

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El pasado jueves también se dio paso en el Senado, con enmiendas, al Proyecto de la Cámara 1470, que eleva el valor de lo que se consideraría una vivienda de interés social. Ese proyecto, ampliamente cabildeado por representantes de la industria de la construcción y el propio gobierno, es candidato para ser atendido en un comité de conferencia junto al proyecto de cambios a las leyes laborales, la mal llamada Reforma Laboral, que fue aprobado el jueves en el Senado con enmiendas.

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Una medida del senador Juan Zaragoza para crear un fondo de becas para estudiantes de medicina fue aprobado con enmiendas por la Cámara, por lo que podría ser atendido en un comité de conferencia. La pieza solo ha recibido cinco votos en contra entre ambos cuerpos legislativos.

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También está pendiente a ser incluido en un comité de conferencia el proyecto de aumento salarial a los fiscales, que recibió enmiendas en el Senado y el sustitutivo al proyecto que enmienda considerablemente el ordenamiento de permisos en la isla, la llamada Reforma de Permisos.

El tema de las enmiendas a la Ley Electoral, que ganó tracción tras la elección de Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular Democrático, perdió fuerza en la medida en que avanzaba la sesión y luce como tema olvidado.

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La propuesta de congelación del impuesto al inventario quedará rezagado para la última sesión ordinaria también. Un proyecto finalmente fue aprobado en la Cámara y, luego de que el asunto fuera eje de discusión durante seis años entre gremios de comerciantes y los ayuntamientos, llegó muy tarde en la sesión para ser atendido por el Senado.

En cuanto al Código Anticorrupción, que incluye el mandato de eliminar la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, el proyecto fue aprobado solamente en la Cámara.

Lo que se queda para la novena entrada

Ahora, cara a la próxima sesión ordinaria, la última en el cuatrienio, la agenda luce apretadísima particularmente para aquellos legisladores que quieran hacer un último intento para adelantar causas que no prosperaron más temprano en el cuatrienio.

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El gobernador Pedro Pierluisi siempre tiene la alternativa de convocar a una sesión extraordinaria para el verano, particularmente para impulsar nombramientos.

Bajo la categoría de iniciativas derrotadas se encuentran iniciativas para regular o restringir el aborto, encabezadas por la senadora Joanne Rodríguez Veve y legislación dirigida a criminalizar la comunidad trans, de la representante Lisie Burgos.

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Siguen en el tintero proyectos para liberalizar aún más la Ley de Armas y la próxima sesión ordinaria sería la última para impulsar legislación dirigida a por lo menos despenalizar la posesión para uso personal de la marihuana.

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Quedó en el aire en esta sesión ordinaria el reclamo del contralor electoral Walter Vélez para que se aprobaran enmiendas que solicitó a la Ley de Financiamiento de Campañas Electorales. Además, la propuesta de una nueva ley para la Universidad de Puerto Rico, el proyecto de moratoria a la construcción en la costa y la nueva ley de costas. Sí está pendiente el resultado de la convocatoria que hiciera el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, de que se redacte y apruebe un nuevo Código Ambiental.

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En la Cámara no se ha atendido la propuesta de crear el nuevo Departamento del Tesoro, iniciativa rechazada con vehemencia por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea y todavía no gana tracción en la Legislatura las propuestas de enmiendas a la antigua Ley 22 de inversionistas residentes.

Temprano en esta penúltima sesión, los legisladores Gretchen Hau y William Villafañe radicaron medidas para modificar la ley 114-2007 que regula el Programa de Medición Neta de la entonces Autoridad de Energía Eléctrica para que los dueños de sistemas de placas solares y baterías tengan derecho al recibir un pago por el 100% del sobrante de energía generada y no el 75%, ya que el otro 25% es desviado al Departamento de Educación para el pago de facturas de energía en los planteles.

La legislación de Hau no ha sido atendida en el Senado y tampoco, en la Cámara, el proyecto de la senadora Elizabeth Rosa para que convictos por incesto y trata humana no se beneficien de modificaciones recientes a la ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

En septiembre, la senadora popular Ada García Montes dijo a la prensa que realizaría vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1557, que modifica las operaciones de los alquileres a corto plazo. No hizo vistas públicas y la pieza sigue detenida en su Comisión de Educación, Turismo y Cultura.

El Senado tampoco atendió el Proyecto de la Cámara 663, que regula la instalación de antenas de telecomunicaciones. La medida fue duramente combatida por la industria y, aunque la Comisión de lo Jurídico la atendió en una vista pública el 31 de octubre, no rindió un informe y mucho menos la llevó a votación.

El último día para atender medidas llegó sin que completara la aprobación en ambos cuerpos legislativos de legislación que faculte a municipios con cierto grado de autonomía cerrar negocios que incumplen con los permisos conferidos sin necesidad de ir al tribunal. El más adelantado es una medida de la autoría del portavoz popular en la Cámara, Ángel Matos García.

De otra parte, está engavetada la propuesta para aumentar el subsalario mínimo de los trabajadores que dependen de propinas.