Se han expedido 79 informes de auditoría sobre el Departamento de Educación y nueve atienden irregularidades y sobrefacturación en la transportación escolar.

La Oficina del Contralor compareció ante la Comisión Conjunta de Informes del Contralor para repasar la larga lista de irregularidades que a través de los años ha encontrado durante los pasados 10 años en la contratación de servicios de transportación escolar.

Hasta el momento de la vista, se habían expedido 79 informes de auditoría relacionados con el DE. De estos, 19 corresponden a auditorías realizadas a las regiones educativas.

De los 19 informes, nueve se relacionan con contratos y operaciones fiscales relacionadas con el tema de transportación escolar que se presentaron frente a la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor.

“La contralora está pidiendo auxilio aquí”, respondió el presidente de la Comisión, “Tatito” Hernández en un aparte con la prensa antes de comenzar la vista.

“Desde que asumí el cargo de contralora en el 2010, tengo la preocupación sobre la inestabilidad que provocan los cambios de secretarios en el Departamento de Educación. Desde esa fecha, se han nombrado 11 funcionarios entre secretarios de Educación en propiedad, secretarios interinos, nombramientos retirados por el Gobernador y nombramientos pendientes de confirmación”, explicó Yesmín Valdivieso.

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En la región de San Juan, según se desprende del informe del Contralor, se pagaron $34,140 por 47 estudiantes que no requirieron los servicios de transportación escolar. Además, se pagaron $27,740 por 38 estudiantes que no estaban matriculados en las escuelas para octubre de 2012.

El periodo auditado en que se identificaron los hallazgos fue desde el primero de julio de 2008 al 25 de noviembre de 2012. En esa región se otorgaron 281 contratos de servicio de transportación escolar por $75,8 millones.

En la región educativa de Mayagüez, entre el 2009 y el 2013, se otorgaron 340 contratos de servicios de transportación escolar en que los desembolsos ascendieron a $43,097,253. La auditoría reveló que no se efectuaron subastas formales ni se solicitaron cotizaciones a por lo menos tres proveedores representativos del mercado para otorgar siete contratos por $1,860,590.

Según el acuerdo de precios firmado por el contratista y la directora regional de Mayagüez, el 6 de julio de 2011 se estableció una tarifa fija de $3,125 diarios. Sin embargo, el contrato se otorgó por $4,125. Unos $1,000 por encima de lo estimado.

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Otros hallazgos que se consideraron sustanciales tienen que ver con los pagos por los servicios de transportación escolar especial y vocacional. Se reveló que 10 estudiantes no estaban matriculados en las escuelas a las que se prestaba servicios en dicha región de Mayagüez.

Mientras, en la región de Bayamón para el mismo periodo entre el 2009 al 2013 se descubrieron fallas en las subastas. Sin embargo, se otorgaron 453 contratos de emergencia por $77,722,322 para adquirir servicios de transportación escolar.

Varias de estas irregularidades fueron referidas al Departamento de Justicia mediante una carta el 23 de julio de 2021.

En fechas más recientes, la región de Ponce tuvo una auditoría desde el primero de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2021. Del 9 de agosto del 2017 al 26 de octubre de 2021 se otorgaron 540 contratos de transportación por $11,914,737, sufragados con fondos estatales y federales.

La autoría reveló que también se otorgaron los contratos sin subastas.

“¡Esto para mí es un escándalo grande!. Esto es un issue de incumplir con la Ley”, reaccionó el presidente de la Comisión.

Según Valdivieso, el DE también ha cambiado a través del tiempo la forma de pagar la transportación.

“Hasta el 2014 se pagaba la transportación por estudiante. Del 2014 en adelante empezaron a pagar por ruta. Incluso se pagaron $27,740 por 38 estudiantes que no estaban ni matriculados en las escuelas”, destacó la contralora.

“El problema de todo es que con tanta gente envuelta en el proceso nadie puede buscar una solución”, continuó.

La mayoría de los casos han sido referidos al Departamento de Justicia para que investigue las irregularidades.

La secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega, no compareció a la vista por compromisos previos, pero sometió su contestación a través de dos ayudantes.

Su ponencia defendió el proceso actual de subastas.

“El procedimiento de subasta continúa en su curso ordinario. A pesar de que algunos transportistas que no fueron favorecidos en la adjudicación de la subasta han impugnado el proceso, este no se ha detenido”, detalla.

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En cuanto a los contratos que se han realizado bajo estado de emergencia fiscal, el DE se defendió amparándose en la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional.

“Habiéndose declarado un estado de emergencia por la crisis fiscal, se optó por seguir el procedimiento de emergencia para la contratación. Se declararon dos estados de emergencia adicionales para el paso del huracán Irma y María, la serie de movimientos telúricos a finales del 2019, principios del 2020 y la pandemia del Covid”, sostuvieron.

A la vista pública compareció el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, la representante por el Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, el representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte y por el Partido Popular Democrático (PPD), Gretchen Hau.