Entre enero y abril de 2023 se reportaron 417 incidentes de violencia sexual.

El Senado dio paso a una medida que enmienda el Código Penal y la Ley de Libertad Bajo Palabra, para añadir los delitos de incesto y trata humana dentro de las nuevas exclusiones al privilegio de Libertad Bajo Palabra.

La medida se radicó luego de proliferarse los casos de abuso sexual a menores en la Isla.

La Ley 85-2022 (Código Penal) ya excluía de los beneficios de libertad bajo palabra a las personas convictas por los delitos de agresión sexual o pornografía infantil solamente.

La P. de la S. 1289 es de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez.

“En días recientes, hemos visto a través de los medios de comunicación el aumento significativo en los casos de maltrato a menores y lamentablemente de aquellos que no pueden defenderse solos que son nuestros niños, los más vulnerables. Por lo menos, con este proyecto, buscamos mitigar un poco el sufrimiento de estos niños después que la puerta se cierra, cuando ninguno de nosotros los podemos defender”, expresó Rosa Vélez en su turno en la sesión.

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“Aun cuando la política pública es la rehabilitación del confinado, entendemos que los convictos por delito de incesto y trata humana deben estar excluidos de poder cualificar y solicitar dicho beneficio. Si fuera por mí compañeros, yo botara la llave de los que maltratan, abusan, humillan y denigran a nuestros niños. Un dolor que se queda para la toda la vida”, continuó expresando.

El Plan Nacional para la Prevención de Maltrato a Menores en Puerto Rico realizó un estudio piloto para conocer los efectos a largo plazo del abuso sexual, los efectos psicológicos, emocionales y mentales, siendo estos problemas de autoconcepto, hipervigilancia, agresividad, entre otros. El estudio concluye que los menores cargan por todas las etapas de su vida las consecuencias del abuso y maltrato.

La doctora Zulma Méndez Ferrer, vicepresidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra había expresado que no avalaba la medida al asegurar que ya existe legislación estatal y federal para proteger y prevenir a los niños contra los delitos sexuales.

“Una de estas es el Registro de Personas Convictas por Ofensores Sexuales y Abuso contra Menores, cuyo propósito es divulgar quiénes son y donde residen las personas que han resultado convictas por cometer delitos sexuales y abuso de menores”, detalló en su ponencia Méndez Ferrer.

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Según datos del Observatorio para la Prevención de la Violencia de Género, adscrito al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de Salud, entre enero y abril de 2023 se reportó un total de 417 incidentes de violencia sexual. De estos, el 87% de los ofensores fueron hombres y un 13% mujeres.

Anteriormente, para el 2021 se radicaron 868 querellas de violencia sexual, desglosadas entre 619 por casos lascivos, 10 por incesto y 238 por agresión sexual. Las edades de las víctimas se segregan en un 75% entre los cero a 17 años, un 13% entre 19 a 29 años, el 6% entre 30 a 49 años y 1% a mayores de 50 años.

“A pesar de la realidad puertorriqueña, la política pública imperante en Puerto Rico está orientada hacia la rehabilitación del delincuente”, sostuvo Méndez Ferrer.

Por su parte, el Departamento de la Familia se expresó a favor de la medida expresando que “el abuso sexual constituye un grave problema social que atenta contra la seguridad, bienestar físico y emocional de las personas sobrevivientes y afecta las condiciones de convivencia necesaria para el adecuado desenvolvimiento de orden institucional. Estamos total de acuerdo en que el bienestar de los menores está revestido del más alto interés público. Toda iniciativa para proteger sus intereses es bien visto por el Departamento de la Familia”, expuso la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche.

La Alianza para la Paz Social endosó de igual forma el proyecto dejando claro que “aun cuando se reconoce el derecho a todo convicto a la rehabilitación, entendemos que los ofensores sexuales en muy limitadas ocasiones logran su plena recuperación”, detalló en comunicación escrita la presidenta de la Alianza, Carmen Morales Cotto.

Por otro lado, la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) catalogó de inadecuadas las premisas de la medida, indicando que toda persona convicta con dichos delitos debía tener la oportunidad de ser evaluada y considerada.

La SAL también defendió su postura trayendo las consecuencias económicas que recaen bajo el Estado.

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“Haciendo referencia a datos provistos por la Secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, el gasto diario promedio de una persona confinada en Puerto Rico es de $134, unos $48,910 anuales, lo cual se distancia del costo de una persona convicta en libertad bajo palabra reduciéndose a tan solo $8 diarios”, detalló SAL.

Este proyecto estuvo bajo la consideración de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, que el pasado 13 de octubre rindió un informe positivo a la medida.

El P. de la S 1289 cerró con 21 votos a favor y uno en contra del portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe Riefkohl.

La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo lunes.