Aprueban medida para darle derecho al voto a ciertos inmigrantes en la Isla
Hay cerca de 350,000 inmigrantes radicados en Puerto Rico, de los cuales vislumbran que 100,000 podrían votar en las elecciones 2024.
La Cámara de Representantes le dio paso a dos medidas que le dan más derechos electorales a los inmigrantes en Puerto Rico.
Cerca de 350,000 inmigrantes actualmente están sin un estatus migratorio en la isla.
El Proyecto de la Cámara 1891 enmienda el Código Electoral para así otorgarle el derecho al voto a los inmigrantes en las papeletas de la gobernación, Legislatura y alcaldías. La radicación de esta medida urge, según se dijo, para que sea aplicable para las elecciones 2024.
“Hemos tenido un sinnúmero de reuniones donde las comunidades nos han reclamado que se atempere la política pública hacia los residentes en Puerto Rico de otros países. Por eso, estamos legislando un paquete de medidas a favor de la comunidad inmigrante en Puerto Rico”, destacó Hernández Montañez el día de la radicación de la medida.
“Este es para poder extender el derecho al voto en la papeleta gubernamental, Legislativa y las alcaldías. Hay una exclusión por disposición federal que el único funcionario que no va a poder votar a este derecho que vamos a extender es a funcionarios que son federales. En este caso, para el Comisionado Residente. Lo que estamos planteando es que a esas personas se les dará una papeleta especial para que voten especialmente para el Gobernador”, sostuvo el Presidente de la Cámara de Representantes.
Esto significa un gasto adicional para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que tendría que imprimir una cantidad incierta de papeletas adicionales solo con los aspirantes a la gobernación.
Actualmente, hay 13 jurisdicciones en los Estados Unidos que ya extienden este derecho a los inmigrantes.
El P. de la C. 1891 tuvo una vista pública el pasado 18 de octubre por la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional y Asuntos Electorales que preside el representante José “Conny” Varela. En la audiencia no se presentó el Departamento de Justicia expresar su postura.
La medida cerró con 36 votos a favor y la abstención de la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos.
Historia relacionada: Legislan para otorgarle derechos a los inmigrantes en Puerto Rico
La otra medida es la P. de la C. 1892, que crearía la Carta de Derechos de la Persona Inmigrante. Esto como otra extensión al voto para personas con estatus migratorio definido.
Este proyecto obtuvo 36 votos a favor y una abstención, también por la representante Lisie Burgos.
Mientras, también se bajó por descargue el 1893 que establece la Ley para la Profesionalización de la Gestoría. Además, crea un Registro Electrónico de Gestores de Puerto Rico a modo de poder identificar las personas autorizadas para realizar servicios de gestoría sobre asuntos migratorios en la Isla y certificar que el gestor cumpla con ciertos requisitos, como no haber sido convicto por ningún delito.
Esta medida fue derrotada en el hemiciclo. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández solicitó su reconsideración, por lo que se mantiene con vida.
De los 350,000 inmigrantes que hay en Puerto Rico, se estima que hay unos 250,000 de República Dominicana. El resto se divide entre Cuba, Panamá, Venezuela, Colombia y España.
El senador independiente José Vargas Vidot llegó a comentarle a NotiCel el agrado por las medidas para darle más derechos a los inmigrantes.
"En principio encuentro justo que una población que reside aquí, es parte de la economía, es parte de la comunidad, y que aporta tanto al país, tenga derecho a votar en las elecciones. Sin embargo, debemos esperar a ver cómo llega la medida al Senado con sus posibles enmiendas para garantizar que en efecto se preserve este propósito", destacó.
De igual manera, la senadora por el Partido Independentista, María de Lourdes Santiago mostró su aval.
“Reconocer el derecho al voto de personas inmigrantes, si tienen la intención de permanecer en Puerto Rico, es un acto de justicia, pues comparten la responsabilidad de determinar quiénes serán las funcionarias electas que tomarán decisiones que afectan al pueblo en su conjunto. Así lo ha expuesto el PIP en las ocasiones anteriores en que se ha planteado la propuesta”, indicó.
Las medidas estarán pasando a la consideración del Senado.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo martes.