Varios deponentes en una vista pública clamaron porque las dependencias consolidadas recuperen su autonomía.

El Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que en el 2018 consolidó en esa agencia la Junta de Calidad Ambiental (JCA); la Autoridad de Desperdicios Sólidos, y el Programa de Parques Nacionales, recibió nuevas críticas y señalamientos en la continuación de la investigación que sobre el mismo desarrolla la Cámara de Representantes.

La pesquisa está a cargo de la Comisión de Gobierno de la Cámara y en audiencias públicas que celebró este jueves comparecieron en contra de esta fusión de agencias el sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico y hasta el coordinador de instalaciones federales en la Secretaría Auxiliar de Cumplimiento Ambiental del DRNA, que ahora tiene las funciones de la otrora JCA.

La presidenta del mencionado sindicato, Jéssica Martínez Santos, recordó que son los representantes exclusivos de cerca de 600 servidores públicos en el DNRA, y adelantó que la posición de la organización es a favor de la separación de las agencias consolidadas bajo dicho Plan de Reorganización.

“La Consolidación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales con la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales no ha permitido una toma de decisiones más ágil ni eficiente ya que los procesos continúan siendo burocráticos y lentos. Nuestros Recursos Naturales no tienen la protección que se merecen y los delitos contra el ambiente son más comunes y rutinarios. La naturaleza diversa que tiene cada agencia en esta agrupación ralentiza la toma de decisiones y dificulta la implementación oportuna de políticas y regulaciones específicas”, sostuvo.

Agregó que no hay ningún beneficio directamente a la conservación de nuestro patrimonio natural “y mucho menos garantiza mejores condiciones de trabajo para nuestros compañeros que laboran en el DRNA”.

Argumentó además que esta consolidación no ha representado ahorros en el gasto público ni mucho menos ha garantizado una gestión más fiscalizadora a beneficio de nuestro ambiente, recursos naturales y parques nacionales.

El DRNA, sostuvo, no tiene el personal necesario para poder cumplir con todas las responsabilidades que tienen como agencia antes de la Ley 171, y expresó que basta con visitar los centros de trabajo del Personal Profesional Científico, Personal de Apoyo Administrativo, Personal Técnico, Personal de Mantenimiento y Vigilantes, donde en la gran mayoría el DRNA no garantiza la salud y la seguridad de los trabajadores.

“El DRNA es una agencia que está completamente desenfocada en su misión de proteger y preservar el ambiente y los recursos naturales. No tenemos Vigilantes en las áreas vulnerables, no se educa a la sociedad sobre la importancia de los recursos naturales y la protección del ambiente. Diariamente se cometen delitos contra el ambiente y los recursos naturales y el DRNA tiene una postura inerte ante los atentados a nuestro entorno natural”, declaró.

Presentó como el resultado de esas deficiencias el que “cada vez vemos más monos realengos, culebras no nativas y nuestros cuerpos de agua infectados con caimanes y cocodrilos. No se respeta ni se protegen nuestros recursos naturales y no se penaliza a los criminales ambientales. El DNRA no puede cumplir con su política pública de proteger y preservar los recursos naturales, mucho menos tiene la capacidad de cumplir con las obligaciones principales de la Junta de Calidad Ambiental y de crear un plan para que nuestros parques nacionales sean un atractivo turístico y estén en condiciones óptimas para el disfrute de todos”, dijo.

Concluyó que la mencionada ley 171 ha desviado al DRNA del enfoque a la conservación de los recursos naturales y el ambiente añadiendo como distracción la responsabilidad adicional de la misión de las otras agencias en la consolidación. “Nuestros compañeros en el DRNA merecen mejores condiciones de trabajo, los equipos necesarios para cumplir con sus funciones y un salario digno, pero sobre todo nuestro país merece que la agencia destinada a proteger sus recursos cumpla con su deber”.

Por su parte, Juan Babá Peebles, coordinador de instalaciones federales en la Secretaría Auxiliar de Cumplimiento Ambiental de DRNA, coincidió con que la reorganización no ha cumplido con sus objetivos y agregó que pudiera poner en riesgo los fondos que recibe la agencia.

“La honorable JCA no debe continuar bajo el mandato de la Ley Num. 171 del 2 de agosto de 2018, y sí, ser la institución fiscalizadora protectora de la salud y el ambiente de Puerto Rico”, sostuvo como introducción a sus planteamientos.

Destacó entre estos que, en términos de diferencias regulatorias, ambas entidades tienen jurisdicción sobre distintos aspectos del Medioambiente. Mientras que la JCA se centra en la gestión de la calidad del suelo, aire y el agua, la gestión de residuos y la emisión de permisos ambientales; el DRNA se ocupa de la conservación de la biodiversidad, la gestión de áreas protegidas y la supervisión de la actividad turística en espacios naturales”.

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Tras explicar las diferencias en los fondos conque operan ambas entidades, señaló que “me parece que el desconocimiento de las asignaciones de fondos, estructura programática y responsabilidades legales de proteger el ambiente no fueron consideradas o se les prestó muy poca importancia al momento de decidir si convenía o no implementar tal proyecto”.

Entre las razones que ofreció para explicar por qué no funciona esta consolidación incluyó que “la enorme burocracia administrativa del DRNA y el desconocimiento del funcionamiento de la JCA, entorpece y evita que se adelanten diligentemente asuntos de vital importancia para la protección ambiental que conducía la JCA. El resultado es que bajo esta integración el plan de trabajo del país para atender estos asuntos queda a la deriva pues el DRNA no es responsivo y no cuenta con la agilidad requerida para dar permiso o cumplimiento a las entidades que están bajo su amparo reglamentario. No existe una integración real”, afirmó.

Explicó que actualmente la JCA posee un acuerdo cooperativo con la EPA, el Programa de Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia, donde se asigna dinero para proyectos de infraestructura tales como infraestructura sanitaria y pluvial, estudios a estuarios, control de inundaciones, entre otros. El DRNA, como entidad que absorbe a la JCA, es la encargada junto con la Agencia para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) de administrar los fondos asignados. Esto impide que el DRNA pueda utilizar estos fondos para sus proyectos de infraestructura como lo sería el control de inundaciones, estructura sanitaria en los Parques Nacionales, entre otros. La fusión de las agencias descalificó al DRNA de beneficiarse de los estos fondos debido a posibles conflictos de interes”.

Ese conflicto constituye un serio obstáculo, pues según el funcionario “los componentes de la JCA que otorgan permisos están obligados a evaluar los propios permisos que solicita el DRNA. Estos permisos tendrían que ser evaluados por los componentes de la JCA que inspeccionan el cumplimiento de los mismos. Por lo tanto, el DRNA se otorga sus propios permisos y a la vez los fiscaliza”.

No existe, advirtió, un proceso de revisión de las decisiones tomadas o evaluación de dispensas mediante un grupo o Junta de Gobierno como ocurría en la JCA. “Ahora, la secretaria del DRNA revisa las decisiones que ella misma otorga. Esto en detrimento de la justa evaluación y transparencia en la toma de decisiones”.

En resumen, concluyó, “la protección del medioambiente es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son problemas que nos afectan a todos y que requieren de una respuesta urgente y efectiva. En este contexto, la JCA se convierte en una herramienta fundamental para garantizar un medioambiente saludable y sostenible. Es por ello que resulta primordial que la JCA cuente con autonomía para cumplir con sus obligaciones”.

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Recomendó finalmente que se enmiende la Ley Num. 171 mediante la separación de la JCA del DRNA. “Para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva, la JCA debe contar con autonomía. Esto significa que debe tener la capacidad de tomar decisiones de manera independiente, sin estar sujeta a presiones externas”, sostuvo.

Estos señalamientos se unen a los expresados en una audiencia anterior por el exdirector de la Compañía de Parques Nacionales, Samuel González González, que afirmó que “esto fue una legislación en donde no se analizó cuáles serían los efectos de esa transición a casi un año de haber ocurrido los huracanes de Irma y María”.

También en esa vista anterior el representante de la Unión de Empleados de la Junta de Calidad Ambiental, Wilkin López, que igualmente opinó que esta consolidación ha resultado en un proceso burocrático y menos ágil que no ha aportado para reactivar la economía y generar más empleos y servicios. ‘’Desde un principio esta integración no debió ocurrir, ya que trajo consigo funciones incompatibles en términos del rol de cada agencia’’, señaló entonces.

El presidente de la Comisión, Jesús Manuel Ortiz, reiteró que este “es un tema que hay que continuar en discusión para buscar alternativas. No es un tema superficial. Es un tema profundo que impacta la vida de la gente en la manera que esta agencia pueda funcionar de la manera correcta”.

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