El Senado radicó un proyecto de ley con el que facultan al titular del Departamento de Corrección y Rehabilitación a otorgar bonificaciones a menores de edad por realizar estudios.

La delegación de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado ha radicado un proyecto de ley con el que facultan al titular del Departamento de Corrección y Rehabilitación a otorgar bonificaciones a menores de edad por realizar estudios.

El Proyecto del Senado 1347, de los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986) para conceder a un menor no más de cinco días por cada mes que cumpla por una sentencia ligada a una falta Clase II o III si está realizando estudios como parte de un plan institucional, ya sea en la libre comunidad o en la institución juvenil.

Ese límite de no más de cinco días aumentaría a siete días en años subsiguientes, dice el proyecto.

Todo acto de indisciplina de carácter recurrente, constante y reincidente será castigado con la rebaja o la cancelación de las bonificaciones por buena conducta”, lee la medida.

El proyecto dispone que el titular del DCR tendrá que confeccionar un reglamento para hacer valer la propuesta ley. Entre otras cosas, se tendrán que definir claramente lo que constituye un acto de seriedad y gravedad y, entre otras, tendrá que explicar el proceso disciplinario a utilizarse para que se determine que es necesario revocarle el privilegio al menor de edad.

Se considera una falta Clase II cuando la conducta es el equivalente a la cometido por un adulto que cometa delito grave. Clase II significa conducta equivalente a la que cometería un adulto por delito grave de primer grado, excepto la modalidad de asesinato en primer grado asesinato atenuado, escalamiento agravado, secuestro, robo, agresión grave en su modalidad mutilante, asesinato atenuado y varias violaciones a la Ley de Armas.

Una falta Clase I recoge conducta equivalente a un delito menos grave.

En la Exposición de Motivos del proyecto, referido a la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, se indica que la Ley de Menores parte de un marco teórico humanista y que expone la necesidad de atender transgresiones de juveniles desde “perspectivas sociales y salubristas”.